En las últimas semanas se ha manifestado un significativo rumor público sobre la seguridad ciudadana, rechazando crímenes cometidos contra la población cuya autoría se atribuye a miembros de la Policía Nacional.
Miles de personas han expresado su indignación, rechazo o temor frente a “la policía” en campañas sobre el tema que básicamente han utilizado medios digitales.
Que paulatinamente se manifieste una creciente apreciación negativa sobre las fuerzas de orden público debe preocuparnos por cuanto, a pesar de la versión oficial de que la criminalidad se ha reducido, la percepción generalizada es que estamos siendo ferozmente acometidos por parte de una ola de criminalidad, en diversos grados.
Si una ciudadanía amenazada hasta el punto que la percepción de protección personal está en entredicho también deslegitima al agente responsable de velar por el orden y la seguridad pública, estamos ante una situación sintomática de la anomia a la que se han hecho diversas referencias últimamente.
La gravedad del asunto es como para que desde las esferas de autoridad se les preste atención a las variables que son expresadas en la protesta, la indignación y el clamor crecientes. El problema es de cohesión social, de políticas sociales antes que de represión.
Lo que está haciendo crisis es un concepto y un modelo de seguridad pública autoritaria que debe ser sustituido por uno de seguridad ciudadana democrática basada en derechos y prestaciones sociales, pero en el que una estructura civil sea la responsable de velar por el bienestar de la población y en el que la sujeción de todo el sistema de seguridad pública al imperio de la ley, de carácter y origen civil, sea puesto en el primer plano por quienes detentan la responsabilidad de protegernos. La solución no es más autoritarismo sino más democracia en la sociedad y en las instituciones y procedimientos garantes de la seguridad pública.
Publicada en Santo Domingo, 28 de julio de 2010, verPublicación Perspectiva Ciudadana
