Poder Judicial y AIRD fortalecen diálogo por la seguridad jurídica y competitividad en apoyo al Plan Justicia del Futuro 2034

25 de febrero de 2026

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, sostuvo este martes un diálogo institucional con una representación del Comité Ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con el propósito de escuchar sus aportes, inquietudes y propuestas, en el marco de la implementación operativa del Plan Justicia del Futuro 2034.  

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del gremio, el magistrado reconoció el papel estratégico del sector industrial en el desarrollo nacional, destacando que la AIRD es más que un gremio: “constituye un motor clave de la estabilidad macroeconómica, el empleo formal y el posicionamiento de la marca país en los mercados globales”.  

Asimismo, sostuvo que “un sector industrial moderno requiere una justicia moderna. Las reglas claras y la estabilidad institucional son tan vitales para la exportación como la logística o la energía”.  

Señaló que, así como la AIRD trabaja el desarrollo y la diversificación productiva, el Poder Judicial trabaja para garantizar que los contratos, las inversiones y los derechos de propiedad cuenten con una protección judicial previsible, rápida y eficaz.  

Molina destacó avances concretos en la justicia, como la eliminación de la mora histórica en la alta corte.   

Informó que actualmente el 90 % de los casos se decide en menos de un año, que los conflictos civiles y comerciales se resuelven en un promedio de 12 meses y que, en materia inmobiliaria, clave para la expansión industrial, los tiempos de respuesta se redujeron a seis meses en la Tercera Sala de la SCJ.  

En cuanto a transformación digital, resaltó que el Portal de Acceso Digital facilita la gestión de procesos para las empresas, reduciendo trámites presenciales y costos operativos.   

De igual forma, anunció que la Juristeca pone a disposición de los departamentos legales de los mercados más de 400 mil decisiones judiciales, convirtiendo la información jurisprudencial en una herramienta estratégica para la gestión de riesgos.  

El magistrado también destacó el posicionamiento internacional del país, señalando que República Dominicana fue una de las naciones que más avanzó en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, mejorando 11 posiciones, lo que impacta positivamente la calificación riesgo-país y las condiciones de financiamiento internacional.  

En ese contexto, explicó, que el Plan Justicia del Futuro 2034 tiene como meta consolidar una justicia ágil, transparente e interoperable con el Estado, capaz de responder a la dinámica de la industria 4.0 y a los desafíos geopolíticos y sociales actuales.   

“República Dominicana grande y próspera que todos queremos necesita una justicia que piense y una industria que confíe. Sigamos construyendo juntos el clima de negocios que garantice el desarrollo sostenible de nuestra nación”, concluyó el magistrado Henry Molina, quien aprovechó la ocasión para invitar a la AIRD a integrarse activamente en las comisiones estratégicas de seguimiento del Plan y a participar en la Conferencia del Poder Judicial, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de abril en Santo Domingo Este.  

De su lado, el presidente de la AIRD, Julio Brache, señaló que esa entidad reafirma la disposición de continuar promoviendo espacios de diálogo constructivo que contribuyan al fortalecimiento institucional y al desarrollo productivo nacional.  

“Agradecemos al presidente Henry Molina y a su equipo por la apertura, la receptividad y la disposición al diálogo, así como por su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad y la consolidación de un sistema de justicia cada vez más moderno, transparente y eficiente”, indicó.  

Por la AIRD, estuvieron presentes los ejecutivos Mario Pujols, Juan José Attias, José Fernando Paliza, y Ricardo Koenig  

En la reunión estuvieron presentes el magistrado Francisco Jerez y magistrada Yorlin Vásquez, de la Suprema Corte de Justicia; Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, y Ángel Brito, director Escuela Nacional de la Judicatura.

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