Nos encontramos en un momento clave para el fortalecimiento de la confianza en nuestro Poder Judicial. En conjunto con el Ministerio Público y la Defensa Pública, hemos diseñado un plan integral que no solo pretende reducir la mora judicial, sino también transformar de manera profunda nuestro sistema penal.
Este año se cumplen dos décadas desde la implementación del Código Procesal Penal, y seguimos comprometidos con el objetivo de consolidar el sistema acusatorio y honrar la misión de nuestra labor judicial.
Tener un sistema judicial y penitenciario humano es una condición indispensable para la dignidad de todas las personas, sin excepción. Sin embargo somos conscientes de las carencias del sistema, las cuales han sido analizadas y descritas en varias ocasiones, la última de ellas en el Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023, presentado en agosto de este año.
Este fue un objetivo y sobrio análisis que nos recuerda que esta necesaria dignificación no es aún una realidad. Queda mucho trabajo por hacer por parte de todos las instituciones presentes.
Con este marco en mente, he dirigido una carta a los Jueces Coordinadores, Jueces Penales y Jueces de Paz de nuestro país en la que detallo el alcance de este plan y las acciones específicas en las que nos enfocaremos para resolver deficiencias históricas. Este esfuerzo, liderado por un equipo de magistrados y altos funcionarios, tiene como pilares:
- Asegurar la liberación puntual de los privados de libertad que han cumplido su condena.
- Garantizar la presentación de actos conclusivos dentro del plazo legal.
- Reducir el uso desproporcionado de la prisión preventiva.
- Incrementar el uso de acuerdos penales para agilizar procesos.
- Mejorar la coordinación en el procesamiento de casos de alto impacto.
- Facilitar el acceso a servicios médicos para personas privadas de libertad que lo necesiten.
- Fomentar la interoperabilidad entre los actores del sistema de justicia.
- Desincentivar el abuso de recursos de apelación.
- Crear tableros de indicadores compartidos para asegurar la transparencia del sistema.
- Establecer un protocolo de comunicación interinstitucional para mejorar la pedagogía de la justicia.
- Ampliar el sistema de compensación variable para todos los operadores, basado en indicadores objetivos.
Esta carta representa un llamado a la participación activa de todos los operadores de justicia para llevar a cabo esta misión, que no solo beneficiará al ámbito penal, sino que fortalecerá todo el sistema judicial.
Porque la transformación profunda que buscamos en nuestro sistema de justicia penal no depende únicamente de los jueces. Aunque el rol y esfuerzo de cada magistrado y juez son fundamentales en este proceso, es igual de crucial el respaldo y colaboración de todos los actores del sistema judicial, así como de la sociedad en su conjunto. Superar viejas prácticas y construir un sistema más justo y eficiente requiere una suma de voluntades y una disposición compartida para implementar cambios que fortalezcan la justicia en todos sus niveles.
Desde el Ministerio Público hasta la Defensa Pública, pasando por los operadores técnicos y administrativos del sistema, cada pieza tiene un papel único en la realización de esta transformación. Igualmente, la participación activa de la ciudadanía es fundamental: la sociedad necesita involucrarse, demandar transparencia y tener fe en que la justicia está trabajando para proteger sus derechos.
Lograr un sistema de justicia que sirva de manera íntegra y equitativa a la comunidad requiere entonces un cambio de cultura y actitud, tanto en el ámbito judicial como en el público. Solo así podremos avanzar hacia una justicia que actúe sin distinción, con un enfoque ético y humano. Este camino no es fácil y exige compromiso, pero cada esfuerzo invertido en este proceso acercará al sistema judicial a los valores de justicia, libertad, igualdad, solidaridad y respeto a la dignidad de las personas que nuestra sociedad merece.
