24 de octubre de 2025
Solo con justicia hay democracia, solo con eficiencia hay justicia
Es un alto honor participar en este panel dedicado a la Eficiencia Judicial y la Democracia, dos pilares que sostienen la dignidad del Estado moderno y la esperanza del ciudadano. Agradezco profundamente esta invitación, y extiendo mi gratitud por la presencia de todas y todos ustedes.
Les hemos recibido con uno de nuestros mayores tesoros: el agua, símbolo de vida, pureza y renovación, que también representa el espíritu con que concebimos la justicia. Y espero que pronto puedan disfrutar de otro de nuestros dones: la alegría contagiosa del Caribe, esa que se expresa en la voz de Óscar D’León cuando canta “sale el sol”, y que nos recuerda que, tras cada jornada de esfuerzo, siempre aguarda la luz, el ritmo y el mar de nuestras playas.
El estar aquí me hace recordar a mi padre quien luchó arduamente por los derechos de las personas y por el sistema democrático que disfruta nuestro país.
Recuerdo que con frecuencia él evocaba a Jacques Maritain y su obra “Cristianismo y Democracia”, donde el pensador advertía que “la tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han logrado aún realizar la democracia”.
Para este humanista cristiano, la democracia no debía ser un mero instrumento del poder político, sino una forma de civilización orientada a la dignidad humana y al bien común. Su crítica sigue vigente: mientras no se cumplan los principios de justicia y fraternidad que le dan sentido, la democracia permanece como una promesa inacabada.
Otra frase de Maritain que llamó mi atención fue que: “La justicia es la nodriza del orden y la injusticia el peor desorden”. Esta frase plantea un gran compromiso para todos los que estamos aquí presentes.
Podemos decir con firmeza, que hablar de eficiencia judicial es hablar de democracia. Es hablar de derechos, de confianza pública y de legitimidad institucional.
En este sentido, como ha señalado Richard Wagner, Juez presidente de la Corte Suprema de Canadá, “lograr buena justicia para todos, es un asunto democrático”. Por tanto, medir, publicar, rendir cuentas convierten la eficiencia en garantía democrática, no en atajo.
Para saber si un sistema judicial se atrasa o se pone al día, la práctica comparada usa dos métricas: tiempo de resolución y tasa de resolución. Estas son promovidas por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) y el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la Unión Europea, y están respaldadas por el World Justice Project, en su Índice de Estado de Derecho (ediciones 2023-2024), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En los poderes judiciales que avanzan, estos indicadores se calculan con periodicidad conocida y se publican en formatos comprensibles. Sirven para priorizar recursos, detectar cuellos de botella y corregir desvíos sin debates especulativos.
Con tiempo de resolución y tasa de resolución la conversación sobre eficiencia deja de ser subjetiva y se vuelve verificable: permite rendir cuentas y recuperar la confianza en la justicia.
Hoy quiero plantear dos aspectos fundamentales que nos han ayudado en nuestro camino hacia la eficiencia de la justicia: (1) primero, lo que
considero elementos claves para entender el problema y (2) segundo, algunas estrategias para afrontar los desafíos planteados.
I.Las causas: entendiendo el problema
La mayoría de nuestros países tienen niveles importantes de congestión y bajas tasas de resolución, como indican los datos del recién publicado Índice de Congestión en Las Américas (CEJA, 2025).
Un aspecto que nos ha llevado a la situación actual y a la epidemia de la mora en nuestra región es la falacia de la erudición.
La idea de que la buena sentencia es aquella trabajada con erudición, con incontables páginas y citas de autores, numerosas reiteraciones, haciendo una motivación saturada, que muchas veces confunde; no creemos que sea la mejor salida, sobre todo cuando esto implica para el usuario esperar por meses.
No nos mal interpreten, no estamos diciendo que las decisiones no deben ser suficientemente motivadas. De lo que estamos convencidos es de que una correcta motivación judicial también puede ser concisa, clara, entendible y suficiente.
Una sentencia que se retrasa pierde su capacidad de reparar, de dar certeza y de pacificar los conflictos. Por eso, en la República Dominicana, hemos hecho de la eficiencia un principio rector de nuestra transformación judicial.
Otro aspecto es el falso dilema entre justicia rápida y justicia de calidad. Yo les digo que la mora es, en sí misma, falta de calidad que afecta la inversión, los derechos de las personas y la reputación de la propia justicia. La verdadera eficiencia une ambas cosas: la oportunidad y la calidad, fallando con sustento suficiente y en los plazos de ley.
También debemos afrontar la estructura organizacional. No es posible que en el siglo 21 persistan las mismas formas para ofrecer el servicio que se concibieron en el siglo 19, o que los jueces dediquen tiempo a trámites administrativos o de carácter gracioso que no resuelven conflictos.
El Estado de derecho se sostiene en la eficacia de los tribunales. Si la justicia no cumple su misión, la democracia queda vacía de contenido. En nuestro país hemos aprendido que la legitimidad democrática no se decreta, se construye con hechos.
II. Las respuestas: estrategias de abordaje
Cuando la justicia no funciona, el derecho se convierte en letra muerta. Los contratos pierden fuerza, la inversión se resiente, la criminalidad y la corrupción aumentan y las personas carecen de protección efectiva.
Nuestro país era un buen ejemplo de la alta congestión judicial. En 2019 esta alta Corte contaba con más de 18 mil casos pendientes de decisión; muchos databan del siglo pasado.
Hoy la mora judicial sistémica ha sido eliminada de la Suprema Corte de Justicia, se han fallado más de 56,000 mil recursos de casación desde 2019 y se encamina a fallar sus casos en un plazo de 6 meses. Contamos con una de las pocas cortes supremas de toda Iberoamérica que está al día.
A este dato añadimos que entre los años 2019 y 2022, el Tribunal Constitucional revocó solo el 0.12% de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando que de más de 30 mil sentencias emitidas durante ese período apenas 37 fueron anuladas.
La justicia oportuna es posible, y hoy podemos demostrarlo con resultados. Con la iniciativa de “Justicia al Día”, más del 80% de nuestros tribunales está libre de casos que superen los seis meses.
Ninguna otra institución del Estado, con similar producción, posee este nivel de eficiencia.
Parte de nuestro éxito se debe a la forma en que organizamos y dividimos el trabajo, para lo cual fue necesario superar resistencias internas y externas.
Como la mora era parte de la cultura, se veía como algo natural, era normal su existencia. Estrategias para la gestión del cambio y la promoción de incentivos adecuados fueron la respuesta para contrarrestar esta realidad.
La forma de actualizar el derecho es a través de la jurisprudencia. Nuestro vademécum es el Boletín Judicial. En República Dominicana, el fortalecimiento de la jurisprudencia casacional coherente y de la independencia judicial ha sido decisivo para consolidar la seguridad jurídica.
Desde el año 2022 se publica el Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana, que facilita el escrutinio y difusión de estas decisiones y facilita la enseñanza del derecho. Es, sin lugar a duda, un ejercicio de participación que cuenta con los más altos estándares internacionales para toda la comunidad jurídica.
Adicionalmente, creamos la JURITECA con la cual dimos acceso en línea a todo el conocimiento jurídico y al 100% de las decisiones de los tribunales, desde los juzgados de paz hasta la Suprema Corte de Justicia. Todo lo anterior, nos ha permitido traer la justicia dominicana al siglo 21.
Conclusión – La eficiencia como pacto democrático
La democracia necesita certezas. La certeza de que la justicia ampara derechos, responde a tiempo y resuelve conflictos. La seguridad jurídica es el cimiento de la convivencia democrática y de la paz social.
(Cadena de legitimidad democrática)
Podemos resumirlo así:
Ø La eficiencia judicial garantiza la justicia,
Ø La justicia sostiene la institucionalidad democrática,
Ø La institucionalidad promueve la seguridad jurídica,
Ø Y la seguridad jurídica hace posible el Estado de Derecho.
Cada eslabón depende del otro. La experiencia dominicana demuestra que es posible reconstruir esa cadena. Lo hemos hecho uniendo tecnología, formación judicial, transparencia y compromiso ético.
Estimados colegas,
La eficiencia judicial no es un simple indicador técnico: es un pacto democrático. Es la promesa de que la ley se cumple, de que el juez responde, de que el ciudadano comprende.
La eficiencia no se mide solo en cifras: se mide en confianza, en tiempo cumplido y en derechos garantizados. Esa es la tarea que compartimos como jueces y académicos iberoamericanos: hacer que la justicia funcione, se entienda y dignifique. Solo así la democracia será verdaderamente efectiva.
A quien teme que “eficiencia” signifique menos garantías, contestamos que: gestionar el tiempo con reglas y datos protege, no debilita, el debido proceso. Y a quien sostiene que medir trivializa la justicia, respondemos que medir lo relevante (tiempos, accesibilidad, calidad) dignifica el servicio judicial al hacerlo verificable y perfectible.
Señoras y señores:
Si no hablamos claro sobre justicia, otros lo harán por nosotros. Hablemos con datos, garantías y vocación de servicio. Porque la eficiencia no compite con la democracia; la sostiene. Porque el tiempo de la justicia es justicia.
Muchas gracias.
