La transparencia es un principio fundamental en la administración de justicia, y desde el Consejo del Poder Judicial (CPJ), hemos demostrado repetidamente nuestro compromiso con el escrutinio público y la rendición de cuentas, demostrando con hechos nuestra voluntad de someter nuestra gestión a mecanismos de control externos e internos.
Conscientes de que toda institución que maneja fondos públicos debe rendir cuentas sobre su uso, el 25 de julio de 2018, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán, remitió una comunicación a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, solicitando la realización de una auditoría que abarcara el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. Posteriormente, en la sesión ordinaria núm. 19-2021, celebrada el 1 de junio de 2021, se autorizó al magistrado presidente, Luis Henry Molina Peña, a remitir una nueva comunicación a la Cámara de Cuentas, ampliando la solicitud de auditoría para incluir los años 2019 y 2020. Más recientemente, en la sesión ordinaria núm. 39-2024, celebrada el 10 de diciembre de 2024, se reiteró esta solicitud para que se ampliara el período de auditoría hasta el año 2024.
Valoramos el trabajo de la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador externo y reconocemos la importancia de su labor para complementar y enriquecer nuestros propios esfuerzos de control interno. Por eso hemos instruido a las áreas financieras de los órganos de apoyo operativo para que faciliten el proceso de auditoría, garantizando así la mayor colaboración posible.
Pero además, el Poder Judicial ha ido más allá. El 4 de junio de 2019, en la sesión ordinaria núm. 019-2019, se aprobó por unanimidad la realización de un proceso de contratación para llevar a cabo una auditoría legal-financiera. Este proceso contempló una primera etapa de auditoría previa, que abarcó los ejercicios 2017-2018 y 2019-2020, y una segunda etapa de auditorías permanentes para el período 2019-2025. Para garantizar la independencia del proceso, se estableció que la empresa encargada de la auditoría permanente debía ser distinta de la que realizó la auditoría previa.
Nuestra posición ha sido clara y coherente desde el inicio: profundizar en una justicia abierta y que rinde cuentas ha sido eje central del Poder Judicial. Desde el primer momento se ha priorizado la actualización de las áreas y normas que tienen relación con la fiscalización, la ética y la transparencia.
De hecho, es importante subrayar que la información financiera y presupuestaria del Poder Judicial es pública y está permanentemente disponible en nuestro portal de transparencia, en cumplimiento con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
Adicionalmente, ahondando nuestro compromiso con la transparencia, compartimos los siguientes datos relevantes sobre nuestra gestión, desde el punto de vista del servicio prestado por el Poder Judicial a los dominicanos durante el año 2024.
- 68,703 usuarios atendidos.
- 26,148 notificaciones realizadas.
- 7,445 citaciones realizadas.
- 38,121 solicitudes secretariales finalizadas.
- 6,591 certificaciones de decisiones emitidas.
- 21,551 registros de depósitos de documentos.
- 7,994 certificaciones de estatus jurídico expedidas.
- 656 copias de expedientes digitales entregadas.
- 1,329 desgloses de expedientes procesados.
Estos datos reflejan el esfuerzo continuo de un Poder Judicial que se capacita, actualiza y pone toda su energía en mejorar la eficiencia, el acceso a la justicia y la atención a la ciudadanía.
La transparencia no es solo un principio, sino un eje fundamental de nuestro accionar. Pues, como hemos dicho, es la piedra angular del fortalecimiento y la legitimidad del sistema judicial. Seguiremos trabajando para garantizar que la justicia continúe aumentando la confianza de la sociedad y con ello aportando a la estabilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestro país.
