Una reacción de movilización o protesta ante una decisión emanada de un poder público legalmente fundamentado es una expresión de inconformidad.
Adquiere la categoría de desobediencia civil cuando en su profundidad y expansión pone en cuestionamiento la legitimidad de los entes de poder público y de los cuerpos del orden.
Cuando hay desobediencia civil se pretende que una política pública, una norma, decisión judicial o conducta de los entes de orden público sean cambiadas por otras.
En algunos casos la desobediencia civil confronta todo el sistema de decisiones acerca de lo público o por lo menos el sistema político en sus aspectos esenciales.
Quienes ocupamos puestos de autoridad pública o ejercemos de manera puntual o continua la función de contribuir a la creación de opinión pública debemos eludir la tentación de confundir la protesta, la movilización y la propia desobediencia civil con la sedición, que usualmente nos remite a acciones que tienen el propósito de generar un cambio abrupto en el sistema político, un cambio radical, o la sustitución de un régimen de poder por otro.
La protesta social es normal en la democracia. En algunos casos hasta la protesta radical y violenta. Por ejemplo las que acontecieron en varias ciudades brasileñas en semanas previas al mundial de fútbol.
O aquellas ocurridas recientemente en algunas ciudades de los Estados Unidos en ocasión de la muerte de un joven negro en condiciones de uso abusivo de fuerza por parte de unagente policial.
Como fenómeno, si confluye con otras variables, puede derivar en situaciones de riesgo, que deben ser atendidas con medidas preventivas, disuasivas y con una actitud que si bien no debe de dejar de ser firme, tiene que mantenerse dentro de unos límites que eviten que de la protesta se pase a la crispación y la extensión del malestar.
Este artículo fue publicado el 18 de septiembre de 2014 en el periódico El Día.
