En días pasados nuestro país tuvo el honor de ser anfitrión virtual de uno de la serie de foros que sirve de antesala al XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas. Un Congreso que tendrá lugar en Cartagena de Indias el próximo noviembre. La interesante discusión tuvo el intercambio de importantes figuras como Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, licenciada María Eugenia Gay, presidenta del colegio de abogados de Barcelona, Honorable Maite Oronoz, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Mister William Adams, Director ejecutivo del proyecto de acreditación de la American Barr Association, Mister Joseph West, licenciado Jaime Granados Peña, y el expresidente de la Universidad de Puerto Rico el decano emérito Antonio García Padilla. La discusión giró alrededor de la formación de abogados y abogadas en medioambientes y modalidades no tradicionales.
En mis palabras de apertura valoré la temática y el aumento de su relevancia debido a los acontecimientos alrededor de la pandemia. Si teníamos alguna duda sobre la importancia inaplazable de esta discusión, la pandemia la ha disipado. En todo el mundo se discute la necesidad de tender a ampliar y potenciar la opción de la virtualidad para los sistemas de justicia. En marzo de 2020 muchos sistemas de justicia enfrentaron el dilema de moverse a plataformas digitales o cerrar las cortes. En nuestro caso optamos por lo primero, aun con deficiencias de infraestructura digital y falta de destrezas. El resultado fue positivo, pues pudimos sostener la tutela judicial efectiva hasta habilitar los protocolos sanitarios en todas las sedes.
Realicé varias preguntas, con el objetivo de plantearlas como hilos conductores de la discusión, y para poner en perspectiva la temática con relación a las personas, el mercado y las instituciones. Entre ellas, la importancia de que se fortalezca el compromiso con una mirada de la sociedad que comprenda e incorpore las nuevas necesidades tanto en materia de formación como en el intercambio.
¿Hasta qué punto hay conciencia de la necesidad de moverse en la dirección de proveer una formación alternativa en materia jurídica entre las estructuras que gobiernan la profesión y determinan los contenidos de las carreras de Derecho? ¿Corren el riesgo de convertirse en elementos retardatarios de un proceso inevitable? ¿En qué medida hay oportunidades y hay retos especiales para países en desarrollo, cuyas infraestructuras tecnológicas muestran carencias si se comparan con los de economías más adelantadas?
Contrario a lo que se suele pensar, el proceso debe ser de reingeniería inversa. Es decir, los poderes judiciales debemos empezar por determinar cuál es el tipo de justicia que la sociedad de hoy requiere. Qué elementos no deben faltar para lograr que las exigencias de la gente, los mercados y las necesidades de su intercambio, y su conflictividad, tengan una justicia que aporte a las soluciones y mejore las condiciones de desarrollo.
Hoy contamos con sistemas de administración de justicia presenciales, con opción a lo virtual, pero sabemos que cada día serán más requeridos los servicios sin la necesidad de visitar sedes judiciales. A medida que esto vaya sucediendo, cada vez más personas comprenderán que lo verdaderamente esencial es el servicio judicial, sin discriminar la modalidad de su oferta. Y la formación de los abogados y abogadas requiere el desarrollo de las competencias, valores, conocimientos y destrezas adecuados a la era digital. Las universidades no están para reducir la virtualidad a emular la presencialidad, sino que su rol tiene mucho que ver con expandir las oportunidades a partir de la virtualidad.
Lograr esto va a ser una carretera de doble vía, que conectará la práctica con los procesos de formación de las universidades y la incorporación de LABS o laboratorios de innovación. Caminamos hacia sujetos de derecho cada vez más digitales que son más exigentes en los tiempos de respuesta.En el mundo digital se intensifican y potencian los incentivos de mejora continua tanto de los sistemas de justicia, de los centros de formación, como del ejercicio de la profesión.
Cómo el mercado va a recibir a los abogados formados en plataformas no tradicionales dependerá de la disposición que tengan los sistemas jurídicos, las empresas y las oficinas de abogados, para adecuarse a los nuevos mecanismos de gestión de expedientes y asistencia virtual. Las destrezas que desarrollan y desarrollarían los profesionales del Derecho formados en entornos y modalidades no tradicionales pueden ser garantía de esas ventajas de la justicia virtual.
El desarrollo de capacidades y el liderazgo, es decir, la gestión de estas parece ser la piedra angular de la discusión y, sobre todo, de la puesta en funcionamiento de los modelos de justicia no tradicionales. Pero hay una inquietud que va más allá de la academia e incluso del mercado mismo, y es el tema de los límites que plantea la brecha digital. Un tema que reta a todos los sistemas y que requiere atención antes de que sea demasiado tarde.
