Si en algo debemos ponernos de acuerdo en la sociedad dominicana con respecto a los fines del sistema educativo es en que el primer propósito a cumplir por la educación, es contribuir a la equidad y a la formación de ciudadanía.
Ciertamente que éstos no son los únicos propósitos de la educación, pero es el compromiso con la equidad y la ciudanía el acuerdo que debe preceder y orientar todo lo que nos propongamos respecto de la educación, y todavía más, respecto al modelo de desarrollo que necesitamos construir para superar los retos del siglo XXI.
Los diagnósticos y estudios más rigurosos y autorizados que se hayan hecho sobre la sociedad dominicana en los últimos diez años mostraron que tenemos un serio déficit de desarrollo humano, que la inequidad lastra nuestras posibilidades de desarrollo, afecta el ejercicio de derechos y contraviene cualquier propósito declarado de que alcancemos la convivencia en una sociedad de derechos. Nada más severo que el título del último de los informes nacionales de desarrollo humano, el de 2008: “el desarrollo humano: una cuestión de poder”.
Las brechas en el ejercicio de derechos, en las capacidades y opciones (las libertades, según Amartya Sen), las disparidades que atraviesan las estructuras económicas, sociales y territoriales son las que producen nuestros problemas de cohesión social y las que fomentan la extensión y profundidad de fenómenos sociales, económicos y políticos indeseables.
En una sociedad con grandes dificultades de cohesión y con una altísima deuda social acumulada, la educación es el principal medio para proveer oportunidades equitativas para todos nuestros niños y niñas, futuros integrantes y responsables de la sociedad. Si logramos que nuestras escuelas cumplan con ese papel destinado a la educación, también estaremos haciendo justicia distributiva hacia la generación de padres y madres.
La educación es también el medio idóneo para crear actitudes, subjetividad, valores, sentido de pertenencia e identidad en una comunidad de personas marcadas por una cultura democrática de libertad y responsabilidad compartidas. Pocos procesos institucionalizados tienen el alcance e involucran tanto a nuestras comunidades como la educación.
Si queremos, en una generación o menos, cambiar el curso que nos ha llevado a situaciones inaceptables de desigualdad y al atascamiento del modelo de desarrollo –con sus cuestionables resultados en términos de empleo, distribución del ingreso y competitividad—tenemos que avanzar en cuanto a equidad. La educación puede y tiene que ser un eje central de la política social, de las estrategias de desarrollo económico y del ejercicio pleno de derechos.
Llegados a ese acuerdo capital, procede entonces abordar otros aspectos realmente importantes: las estrategias fundamentales o pilares de la educación. Y en este punto recuerdo lo que en su momento me llevó a apoyar la lucha del 4% promovida por la Coalición Educación Digna, que en su documento de propuestas señaló que nuestra educación tiene que orientarse por cuatro principios: i) aprender a convivir; ii) Aprender a ser, a tener una identidad y subjetividad entre y con los demás; iii) aprender a hacer; y iv) aprender a aprender.
Esta orientación, sin lugar a dudas, recoge los planteamientos que comenté en el artículo anterior, los de Sir Ken Robinson sobre lo que debe promover la educación.
Y, basado en mi experiencia, y en lo que leo constantemente sobre el tema educativo, son estas orientaciones las que pueden conducirnos también a una sociedad más capaz, con más gobernabilidad, con innovación, con un modelo productivo competitivo, generador de empleos dignos, de mayores riquezas, con mejor distribución y crecimiento sostenible.
Creo que estos criterios deben estar presentes en todas las mesas y escenarios de discusión acerca de hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos en educación. Por eso creo que quienes integran la Coalición Educación Digna no deben excluirse de los debates y discusiones que ya se están iniciando a propósito de la convocatoria al pacto educativo, aunque fueran del todo válidas sus observaciones en aspectos de institucionalidad y legalidad.
En este punto, creo que mis amigos y amigas en la CED pueden contribuir a encontrar formas creativas de sustentar su importante punto de vista sobre el contexto institucional y promover que avancemos en ese aspecto, mientras asumen la situación de hecho de que ya son muchos los sectores y actores sociales y económicos que están comenzando a integrarse a las discusiones acerca del pacto educativo, y que este proceso continuará. La presencia de la Coalición, sin lugar a dudas, daría un gran impulso a la participación social y comunitaria en este proceso. Y aportaría riqueza en los debates e ideas orientadoras.
Confío en que como en otros momentos de su trayectoria, la Coalición seguirá sabiendo encontrar formas de incidir y ayudar a la creación de consensos positivos, progresivos, en torno a un eje tan fundamental de nuestras políticas públicas.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 25 de septiembre del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
