En términos generales, las personas necesitan sentirse seguras, exentas de vulnerabilidades, no expuestas ni amenazadas. Necesitan respeto. Se ha estudiado muy recientemente cómo la inseguridad y la percepción de riesgo afecta el desempeño individual y colectivo. Sociedades más seguras, con mayores niveles de confianza, son más efectivas, productivas y generan en los ciudadanos y ciudadanas la disposición de ánimo necesaria para fundamentar la gobernabilidad y el capital social.
En la sociedad dominicana, el índice de victimización, que mide el grado de exposición de una sociedad al delito y los actos violentos en general, ha venido creciendo. La confianza de la gente en sus autoridades y en los poderes públicos ha ido disminuyendo. Tenemos un verdadero déficit de capital social y de confianza. Esa no es una buena señal.
Necesitamos una política pública que restaure el sentido de confianza, protección y seguridad, así como la credibilidad de los agentes responsables de la seguridad ciudadana y pública.
Una política de esta naturaleza tiene que ser encabezada, liderada, fuertemente, por el Poder Ejecutivo, primero a través del Ministerio Público y luego mediante acciones complementarias del estado de derecho emanadas de todos los ámbitos de ejercicio de la política pública.
Del Ministerio Público necesitamos accesibilidad hacia los ciudadanos, pronta intervención en situaciones y casos, cercanía y acompañamiento de las víctimas en situaciones del proceso penal, y, también, consistencia en el desempeño de sus tareas. Necesitamos fiscales litigando por derechos sociales y por los llamados intereses difusos.
Al resto de la administración le corresponde cumplir efectivamente la ley cuando se trate de derechos sociales y de esos mismos intereses difusos. Necesitamos que la administración se comprometa activamente con la vivencia de la legalidad, y que las acciones ordinarias de los ministerios amplíen el ejercicio de los derechos de las personas.
Tenemos que cumplir la ley para tener democracia.
Publicado en Santo Domingo, fecha 16 de marzo de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana.
