La Justicia es una entidad que por su naturaleza debe guardar cierta distancia del día a día y del ruido. Su rol de dirimir las situaciones que ponen en cuestionamiento derechos y administrar los conflictos en la sociedad requiere que deba guardarse. Sin embargo, esto no quiere decir que las juezas y jueces de nuestro país vivamos aislados. Tampoco supone que no tengamos conciencia de la responsabilidad ante la comunidad jurídica, el sistema judicial, el sector justicia y el país en general. Tenemos un rol sagrado ante la república y la obligación por todos los medios a nuestro alcance de llevarlo adelante.
La comunidad jurídica en general ha sido parte del proceso de planificación de la transformación de la Justicia dominicana. Convocamos y dialogamos en distintos momentos, con especial atención a las problemáticas y propuestas de abogadas y abogados, organizaciones sociales, del sector justicia y actores públicos interesados. La necesidad de transparentar, estandarizar y cohesionar la función judicial no es un invento. Está avalada por las cumbres judiciales nacional e iberoamericana. Escuchamos, además, con disposición y apertura al diálogo. Y lo seguiremos haciendo. Pero, cuidando la legitimidad que se ha venido recuperando con el trabajo de los tribunales, para que no pueda ser afectada por búsquedas legitimas, pero desligadas del interés de la Justicia.
La virtualidad de los procesos, que se integró a la operación a raíz de la pandemia, es parte de nuestra planificación, que fue el resultado de una consulta amplia. La tuvimos que adelantar en el tiempo por tratarse de una situación contingente. Una pandemia que nos pone a prueba a todos y todas, como profesionales, como personas, como ciudadanos y sociedad, como humanidad. Y, sin embargo, las cifras están demostrando que ha sido un acierto. La posibilidad de lograr un sistema de Justicia integrado e integral es lo que permite que cada día se administre en mejores condiciones. Hay un compás de retardo, es un proceso nuevo, con condiciones nuevas, que implica aprendizajes y fallas. Sin embargo, hemos reiterado nuestro llamado a la paciencia y la confianza en este proceso de transformación.
Es imposible cambiar la Justicia haciendo lo mismo. Apostando a modelos inconexos, a estructuras no sustentadas en criterios de eficiencia. Es imposible seguir gestionando la justicia de espaldas a los indicadores, sin poder comprender donde residen los “cuellos de botellas” y retrasos. No hay transformación sin trazabilidad de los procesos. El exceso de trabajo sin certeza de la situación del sistema termina desanimando a los servidores. Y es difícil, también, asegurar una justicia eficiente y seria, si no se cuenta con un cuerpo de juezas y jueces entusiasmados con la labor.
El proceso que el Consejo del Poder Judicial tuvo que acelerar se dioen el marco de su mandato legal. Verá resultados en una Justicia más transparente, abierta, integra y rápida. Aprovechando las herramientas de la tecnología y los mecanismos a nuestra disposición, serviremos al país de un mejor modo.
Justicia ajustada a los tiempos actuales, y flexible, para poder seguir mejorando en el porvenir. Ese es el compromiso que tenemos con el sentido de justicia y el reclamo de toda la sociedad.
La responsabilidad sobre la salud del sistema de justicia recae sobre todos sus componentes: abogados y abogadas, ministerio público, defensores, servidores, facultades de Derecho, doctrinarios, legisladores y organizaciones del sector justicia. Todos y todas tenemos un papel fundamental en el ecosistema de la justicia. Por esto pido a la comunidad jurídica y al país poner por encima de cualquier búsqueda particular el interés de la nación dominicana. Debemos comprender que el sistema de administración no puede seguir en el pasado. Nunca se ha dicho que este sea un proceso perfecto. Cada día, a partir de escuchar, analizar y actuar de manera racional y objetiva, estamos mejorando para lograr una justicia bien servida.
