Transformar la justicia dominicana y acercarla más a las personas es una labor que requiere esfuerzo constante y una serie de herramientas técnicas adecuadas.
Una gran fuente para estas herramientas técnicas es el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), que desarrolla investigaciones y programas para promover la comprensión y las reglas del Estado de Derecho.
En concreto, el Proyecto Mundial de Justicia publica anualmente un estudio exhaustivo sobre el Estado de Derecho en 142 países.
Al examinar este informe comprobamos que el 72% de los países han vivido una disminución en sus puntajes de Estado de Derecho en los últimos cinco años. Sin embargo, la República Dominicana se destaca como una de las pocas naciones que ha logrado un aumento constante en su índice general, marcando mejoras consecutivas cada año.
Esta mejora fue reconocida por Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP, durante su intervención, el pasado abril, en la última Conferencia del Poder Judicial en Santo Domingo.
“El Poder Judicial de la República Dominicana ha emprendido reformas estratégicas para promover una justicia centrada en las personas: una visión de la justicia que sea accesible, transparente, eficiente y de alta calidad, junto con un compromiso con la recolección y utilización de datos a través del Observatorio. Además, se ha unido a la Coalición de Acción por la Justicia, un esfuerzo colaborativo entre países y organizaciones globales dedicado a avanzar en la justicia centrada en las personas”
Por supuesto, subir o bajar en un ranking internacional no es un fin en sí mismo, pero al igual que el Índice de Desarrollo Humano o los rankings PISA en educación, contar con criterios medibles externos puede ser una buena herramienta para que una institución se evalúe a sí misma y entender en qué áreas puede mejorar.
El informe proporciona una visión general de cómo los ciudadanos perciben y experimentan el Estado de Derecho en la República Dominicana, junto con los hallazgos comparativos en las Antillas Mayores, las Bahamas y las Guayanas.
Destacan las percepciones positivas en nuestro país respecto a las libertades fundamentales, el aumento de los niveles de confianza en las instituciones y las opiniones relativamente positivas sobre el desempeño del sistema de justicia penal.
Es cierto que también se muestran aspectos que necesitan mejorar. Hay retos en seguridad ciudadana y baja confianza en las prácticas de apoyo a las víctimas.
Sin embargo, República Dominicana no se ha contagiado de las tendencias negativas al autoritarismo que están en auge en otros países de la región. Tendencias que se muestran en el deterioro de la percepción de las libertades fundamentales, el empeoramiento de las percepciones de la corrupción o el debilitamiento de la confianza en el rendimiento del sistema de justicia penal.
Es igualmente positivo contar con un referente como el Proyecto Mundial de Justicia a la hora de enmarcar nuestros propios objetivos y proyectos, como es el caso del eje estratégico 100% Acceso en el caso del Poder Judicial dominicano.
De esta forma, nuestro objetivo de eliminar todas las barreras que dificultan que todo dominicano o dominicana acceda a la justicia, se entiende aún mejor al contemplar el contexto mundial.
Como explican los datos del WJP 5.1 mil millones de personas en todo el mundo tienen una necesidad de justicia insatisfecha. Aquellos en la brecha de justicia incluyen 2.1 mil millones de personas empleadas en la economía informal; 1.1 mil millones que son víctimas de delitos no violentos, como robos o hurtos anualmente y no los denuncian; y 1.4 mil millones que tienen necesidades insatisfechas de justicia civil o administrativa.
“En algunos casos, las personas sabían que tenían un problema legal, pero enfrentaron diversas barreras para acceder a la asistencia. Uno de cada seis informó que era difícil o casi imposible encontrar el dinero necesario para resolver su problema”.
Estas son cifras realmente asombrosas, pero por desgracia no podemos decir que nos son ajenas. A pesar de las mejoras registradas en estos mismos informes en los últimos años, sabemos que son demasiados los dominicanos que sufren aún esta “brecha de justicia”.
En los próximos años continuaremos ampliando el acceso a la justicia del conjunto de la población dominicana. Para ello usaremos tanto la adecuación de sedes físicas como nuevas herramientas digitales que hacen más barato y fácil el acceso. Seguiremos, igualmente, colaborando con el WJP, tomando sus informes e indicadores como un importante referente para orientar nuestros esfuerzos.
Continuaremos, en definitiva, haciendo lo que está a nuestro alcance para garantizar que nuestro país avance hacia una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas, de todas las personas.
English Version
The Dominican Republic in the Context of the World Justice Project
Transforming Dominican justice and bringing it closer to the people is a task that requires constant effort and a set of appropriate technical tools.
A great source for these technical tools is the World Justice Project (WJP), which develops research and programs to promote understanding and rules of the rule of law.
Specifically, the World Justice Project publishes an annual comprehensive study of the rule of law in 142 countries.
In examining this report, we found that 72% of the countries have experienced a decline in their Rule of Law scores over the past five years. However, the Dominican Republic stands out as one of the few nations that has achieved a steady increase in its overall index, marking consecutive improvements each year.
This improvement was recognized by Elizabeth Andersen, Executive Director of the WJP, during her speech last April at the last Judicial Branch Conference in Santo Domingo.
"The Judicial Branch of the Dominican Republic has undertaken strategic reforms to promote people-centered justice: a vision of justice that is accessible, transparent, efficient and of high quality, along with a commitment to the collection and use of data through the Observatory. In addition, it has joined the Justice Action Coalition, a collaborative effort among countries and global organizations dedicated to advancing people-centered justice."
Of course, moving up or down in an international ranking is not an end in itself, but like the Human Development Index or the PISA rankings in education, having external measurable criteria can be a good tool for an institution to evaluate itself and understand where it can improve.
The report provides an overview of how citizens perceive and experience the rule of law in the Dominican Republic, along with comparative findings in the Greater Antilles, the Bahamas and the Guianas.
Of particular note are the positive perceptions in our country regarding fundamental freedoms, increased levels of trust in institutions, and relatively positive views on the performance of the criminal justice system.
It is true that there are also aspects that need improvement. There are still challenges in citizen security and low confidence in victim support practices.
However, the Dominican Republic has not been infected by the negative tendencies towards authoritarianism that are on the rise in other countries in the region. These trends are shown in deteriorating perceptions of fundamental freedoms, worsening perceptions of corruption, or weakening confidence in the performance of the criminal justice system.
It is equally positive to have a reference point such as the World Justice Project when framing our own objectives and projects, as is the case of the 100% Access strategic axis in the case of the Dominican Judicial Branch.
In this way, our objective of eliminating all the barriers that make it difficult for all Dominicans to have access to justice is even better understood when contemplating the global context.
As the WJP data explains, 5.1 billion people worldwide have an unmet need for justice. Those in the justice gap include 2.1 billion people employed in the informal economy; 1.1 billion who are victims of unmet need for justice; 1.1 billion who are victims of crime; and 1.1 billion who are victims of non violent crimes such as robbery or theft annually and do not report them; and 1.4 billion who have unmet civil or administrative justice needs.
"In some cases, people knew they had a legal problem, but faced various barriers to accessing assistance. One in six reported that it was difficult or nearly impossible to find the money needed to resolve their problem."
These are truly staggering figures, but unfortunately we cannot say that they are alien to us. Despite improvements in these same reports in recent years, we know that too many Dominicans still suffer from this "justice gap".
In the coming years we will continue to expand access to justice for the Dominican population as a whole. To this end, we will use both the adaptation of physical offices and new digital tools that make access cheaper and easier. We will also continue to collaborate with the WJP, taking its reports and indicators as an important reference to guide our efforts.
We will continue, in short, to do everything in our power to ensure that our country moves towards an up-to-date justice system that guarantees the dignity of people, of all people.
