El Poder Judicial es un órgano constitucional que goza de autonomía administrativa, funcional y presupuestaria. Su independencia es resultado y causa de un marco normativo que instala el sistema estatal de pesos y contrapesos. El mandato de la tutela judicial efectiva es la expresión legal de la necesidad de proteger los derechos de las personas e impartir justicia ante los conflictos de la convivencia. Los jueces y juezas de la república tenemos la responsabilidad de administrar justicia y hemos sido contestes a esa responsabilidad.
El mundo sigue estremecido por el coronavirus. El miedo crece y los contagios también. Ya los afectados dejan de ser cifras lejanas para convertirse en personas cercanas, conocidas o parientes. Pero también crecen los problemas para producir el sustento, los peligros económicos y las reacciones emocionales. En momentos como este, mucha gente se paraliza, otros actúan de modo más decidido, a veces temerario. A veces el riesgo acrecienta pasiones y mueve a despropósitos. Sin embargo, es el sentido de oportunidad y la flexibilidad, junto a la prudencia, lo que hace seguir funcionando las cosas. E incluso puede mejorarlas.
Las decisiones del Consejo del Poder Judicial se producen en el marco de sus reglas, que son las del juego republicano que determinan la Constitución y las leyes. El plan de continuidad aprobado es una acción institucional de uno de los tres pilares del Estado. Su normativa es el resultado del mandato constitucional que soporta la función administrativa de la Justicia. Los jueces, juezas y servidores del Poder Judicial han hecho todo lo posible por cumplir la misión de impartir justicia, en el marco de las fases de continuidad. En medio de una crisis sanitaria, que amenaza la vida humana y la economía de todas las familias del planeta, se ha mantenido la operación.Primero de los casos considerados urgentes o relativos a la tutela de derechos. Luego, de manera gradual, el acceso a la justicia se ha hecho vía digital para preparar la apertura de aquellos tribunales donde hay condiciones para operar sin poner en riesgo a los abogados y abogadas, así como a los jueces, juezas y servidores.
Durante el periodo de emergencia y las fases Inical e Intermedia (23 de marzo al 24 de julio 2020) se realizaron 11,942 audiencias virtuales y 211 presenciales, para un total de 12,153 audiencias, representando la modalidad virtual más de un 98% de ellas. Se produjeron 19,502 decisiones en este período.
Por su parte, desde la declaración del estado de emergencia hasta el mes de junio, la Suprema Corte de Justicia ha conocido 2,975 expedientes.
Desde el inicio de la fase inicial, el pasado 1ro de junio de 2020, hasta el 24 de julio de 2020 se han programado un total de 17,176 solicitudes de citas presenciales para las 15 sedes que se encuentran habilitadas para recepción de documentos. Asimismo, se han recibido 57,948 solicitudes que conllevan depósito de documentos para los distintos procesos en los tribunales contentivos, de más de 101,000 archivos. Más del 75% de este depósito corresponde a procesos en los juzgados de primera instancia y el 36.69% corresponde a la materia penal.
En el portal de Servicios Judiciales, al 24 de julio, se han registrado 10,275 usuarios. Se han realizado 386,949 visitas a la página, en las que 59 mil se reportan como visitas únicas y 328 mil como visitas reiteradas.
Desde el inicio de la fase intermedia, el pasado 1ro de julio de 2020, desde los tribunales se han solicitado la calendarización de un total de4,881 audiencias, siendo la materia penal la que más solicitudes presenta con un 62%, seguido de la materia civil y comercial con un 20% y en tercer lugar la materia laboral con un 13% para ser conocidas en los distintos tribunales.
La misión que llevamos adelante implica que la Justicia asuma su función en sintonía con las demandas de independencia, transparencia y calidad de la justicia, para lo que se requiere fortalecer el sistema de integridad del Poder Judicial, y lo estamos haciendo. Teniendo además una opción preferencial por los más vulnerables, cubriendo las necesidades de todas y todos por igual. Lo que espera el país es que tengamos una justicia pronta y oportuna, sin mora. Es lo que va a permitir que la Justicia sea un instrumento efectivo para garantizar derechos y el cumplimiento de deberes. Por eso se ha planificado, y fue aprobado junto con el resto de las políticas que compone Visión Justicia 20/24, el Servicio Judicial. Debemos reconocer, que la implementación tiene cosas que mejorar. Sin embargo, como todo proceso, necesita de nosotros, de nuestra apertura para continuar optimizando su capacidad de respuesta. Si nos unimos en la búsqueda de mejorarlo de modo paulatino, creo que estaremos de acuerdo en que la Justicia será mucho mejor.
