Desde la implementación de la firma digital, la creciente digitalización de expedientes o la puesta en marcha del Portal de Acceso Digital, la creciente digitalización del Poder Judicial ha revolucionado la forma en que gestionamos los procesos legales, hasta permitiendo mayor eficiencia, acceso y transparencia.
Sin embargo, este avance también ha planteado retos significativos en cuanto a la seguridad y la privacidad de la información personal. En un contexto donde los expedientes judiciales, las sentencias y otros datos sensibles ahora se almacenan, procesan y comparten a través de medios electrónicos, la protección de los datos personales se convierte en una prioridad insoslayable para que los tengan la seguridad de que sus derechos fundamentales son protegidos en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Por este motivo, esta semana lanzamos la primera Política de Protección de Datos del Poder Judicial de la República Dominicana. Esta política no es simplemente un documento normativo; es un hito en nuestro compromiso institucional y nacional con la protección de la intimidad y los datos personales.
La Constitución de la República, en su artículo 44.2, garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de los datos, mientras que la Ley 172-13 establece un marco jurídico robusto que refuerza esta garantía. Estos principios encuentran eco en normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y regionales como los Estándares de Protección de Datos para los Países Iberoamericanos, que reafirman la importancia de este derecho en las sociedades democráticas.
En un sistema judicial digitalizado, donde la información sensible de ciudadanos, víctimas y testigos es parte integral de los procesos, la protección de estos datos no solo asegura la integridad de los procedimientos, sino que también preserva la confianza del público en la justicia.
Con esta política, el Poder Judicial no solo establece medidas de seguridad para el manejo de la información, sino que también implementa criterios uniformes para la anonimización y disociación de datos personales en las resoluciones judiciales. Este enfoque asegura que, mientras se garantiza el acceso público a la información, se protege la privacidad de las personas involucradas. Asimismo, se limita el uso innecesario de datos sensibles, fortaleciendo la integridad de los expedientes judiciales y previniendo posibles vulneraciones.
La publicación de sentencias y documentos se ajustará a estos nuevos estándares, respetando el derecho a la información pública sin comprometer la intimidad de las partes. Esto refleja el equilibrio entre transparencia y privacidad, una premisa fundamental en una justicia moderna y eficiente.
Hacia una nueva cultura de privacidad
En un entorno digitalizado, donde los beneficios de la tecnología conviven con riesgos significativos, esta política representa un cambio de paradigma. Al priorizar la protección de datos, el Poder Judicial no solo se alinea con estándares internacionales, sino que también refuerza su compromiso con una justicia que coloca a la persona en el centro de su accionar. Este avance contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y consolida la confianza pública en nuestra administración de justicia.
Esta política es una invitación a jueces, fiscales, servidores judiciales y a toda la sociedad para adoptar una nueva cultura de privacidad y manejo ético de la información. Proteger los datos personales no es solo un deber legal, sino un acto de respeto a la dignidad humana. Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso con los derechos humanos y la modernización, marcando el camino hacia una justicia más transparente, segura y confiable.
