El 11 de junio de 1845 marcó un hito en la historia de la justicia dominicana con la emisión de la primera normativa que estructuraba el sistema judicial del país. A lo largo de los años, se han implementado diversas modificaciones para adaptar esta estructura a las necesidades jurisdiccionales cambiantes. Sin embargo, la normativa fundamental vigente data de 1927. El enfoque actual supone una organización judicial centrada en el mapa político del país y con acento en el territorio. Es notable que, a pesar de las actualizaciones, la esencia de la ley vigente no se ajusta a las realidades contemporáneas en términos poblacionales, viales y estructurales. Pero sobre todo en torno a las necesidades y tendencias de un Poder Judicial en transformación.
El Poder Judicial debe ser considerado un servicio público esencial, centrado en las personas y en la resolución efectiva de problemas. Para cumplir con esta visión, es imprescindible modernizar y adaptar la organización judicial dominicana. Uno de los primeros pasos necesarios es la reorganización territorial de los tribunales, teniendo en cuenta la densidad poblacional, la actividad económica y la accesibilidad para los ciudadanos. Una distribución geográfica adecuada puede garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia.
La incorporación de tecnologías de la información y comunicación es otro aspecto vital para la modernización del sistema judicial. Estas herramientas pueden agilizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia operativa y facilitar el acceso a la justicia, haciendo el sistema más transparente y accesible. Desde la implementación de plataformas digitales para la gestión de casos hasta la introducción de herramientas para la resolución de disputas en línea, la tecnología tiene el potencial de transformar la manera en que se administra la justicia.
Además, existe un debate sobre la conveniencia de promover la especialización de los jueces en áreas específicas del derecho frente a la figura del juez con plenitud de jurisdicción (generalista). La especialización puede contribuir a una mayor eficiencia y profundidad en el tratamiento de casos complejos, asegurando decisiones de mayor calidad y precisión. Sin embargo, también es importante mantener un equilibrio que permita a los jueces tener una visión holística del sistema legal y de la jurisprudencia.
El fortalecimiento de la carrera judicial es fundamental para un sistema judicial robusto. Esto implica garantizar la independencia de los jueces, proporcionarles formación continua y mantener su motivación. Un sistema de carrera judicial bien estructurado, con los incentivos adecuados, no solo promueve la profesionalización de los jueces, sino que también asegura que los mejores talentos sean atraídos y retenidos en el sistema judicial.
La participación ciudadana en el diseño y evaluación de las reformas judiciales es crucial. Involucrar a la ciudadanía asegura que las reformas respondan a las necesidades reales de la sociedad y contribuyan a una mayor legitimidad y confianza en el sistema judicial. La retroalimentación y la colaboración con la sociedad civil pueden ofrecer perspectivas valiosas y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Al fin y al cabo, la justicia es por y para las personas.
Proteger la independencia judicial de amenazas y presiones externas es imperativo para mantener una democracia sólida y un Estado de derecho efectivo. La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia imparcial y equitativo. Además, abordar los desafíos éticos con medidas que fortalezcan la integridad y la transparencia es fundamental para mantener la confianza pública. Los jueces deben actuar con los más altos estándares de ética y profesionalismo para garantizar que las decisiones judiciales sean justas y equitativas.
La sobrecarga de trabajo en los tribunales, cuyo resultado es la odiosa mora judicial, es una problemática persistente que debe ser abordada. Soluciones para una distribución más equitativa del trabajo pueden mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia impartida. Esto puede incluir la contratación de más personal judicial, pero también una correcta redistribución de los casos y la implementación de mecanismos de resolución alternativa de disputas.
Finalmente, el debate sobre el financiamiento del sistema judicial, ya sea a través de un modelo estatal o mediante tasas por servicios, debe resolverse de manera que garantice la sostenibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de justicia. Un sistema de financiamiento adecuado es crucial para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, independientemente de su situación económica.
Todos estos elementos deben estar integrados en una normativa de la organización judicial que priorice las necesidades del sistema. Las reformas necesarias deben realizarse gradualmente y en diálogo constante con la comunidad jurídica y judicial. Este proceso democrático permitirá fortalecer una visión de justicia adaptada al futuro y al día con las demandas contemporáneas. La modernización del sistema judicial dominicano no es solo una cuestión de estructura, sino de compromiso con un servicio público eficiente, accesible y justo para todos.
Impulsemos juntos la revisión de la organización judicial para fortalecer con ella la transformación judicial en curso. Porque al final todos buscamos lo mismo: una justicia al día que garantice la dignidad de las personas.
