Una crítica frecuente que surge ante los sistemas judiciales que intentan atajar la mora judicial, entre ellos el dominicano, es la idea de que el combate a la mora implica sacrificar la calidad de las decisiones. Esa visión, sin embargo, parte de una dicotomía falsa. La mora no es neutral, no es una simple dilación de un tiempo del que todos los actores disponen por igual: es una forma de exclusión, sobre todo de los que menos recursos tienen. Por tanto, la justicia tardía no es justicia, pues deteriora derechos y erosiona la confianza en la justicia. Nuestro planteamiento es claro: calidad y oportunidad no son excluyentes, sino condiciones complementarias de una justicia digna.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ha asumido un rol transformador, redefiniéndose como una verdadera Corte de Casación centrada en el interés casacional, la consolidación del precedente y el acceso amplio a la jurisprudencia.
Esto no responde a una moda pasajera ni a una simple apuesta por la eficiencia: responde a una concepción jurídico-política del derecho como proceso vivo, enraizada en una tradición institucional profunda. Como señalaba Patricio Aylwin, "la misión de la casación es la de fijar el verdadero sentido y alcance de la ley, perfeccionando la que sea oscura, dudosa e incompleta mediante una recta interpretación", y en tal sentido, participa más de la función legislativa que de la judicial. Esa es precisamente la misión que hoy asume la Suprema Corte de Justicia: orientar, educar y transformar la cultura jurídica desde el precedente.
Lejos de degradar la calidad, el interés casacional ha elevado el nivel técnico de los recursos y ha consolidado una cultura del precedente. Los litigantes ya no pueden limitarse a citar normas aisladas: deben demostrar contradicciones entre fallos, fundamentar en la jurisprudencia consolidada, y plantear cuestiones de relevancia general. Este cambio metodológico ha profesionalizado el litigio, enriquecido el debate y reducido la dispersión de criterios. La Suprema Corte de Justicia, al actuar como guía doctrinal, emite fallos con mayor claridad, sabiendo que su palabra traza línea para el resto del sistema.
Esto se traduce en una mayor seguridad jurídica, más predictibilidad y una justicia más igual para todos. No se trata de acelerar por acelerar, sino de combatir la cultura del expediente estancado mediante una mejor organización, el estudio crítico de la jurisprudencia y la formación continua de nuestros jueces. Queremos decisiones buenas y oportunas: ágiles, pero también rigurosas.
Inspirada en la metodología de Paulo Freire de ver, analizar, actuar, esta transformación judicial promueve una pedagogía jurídica activa, que parte de los casos reales y construye conocimiento desde la experiencia. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia enseña con sus fallos: crea cultura jurídica en diálogo con la sociedad, involucrando a abogados, estudiantes y jueces en un proceso continuo de aprendizaje colectivo. Los boletines y el acceso digital a la jurisprudencia, sobre todo al Anuario de Jurisprudencia Casacional son expresión concreta de esa voluntad democratizadora.
Hoy, estudiar derecho en la República Dominicana implica conocer la jurisprudencia y comprender su función formativa. La Suprema Corte no sólo decide casos, sino que orienta, previene litigios innecesarios y fortalece la igualdad ante la ley. Esa función pedagógica es también una función democrática.
La experiencia dominicana no improvisa, se inscribe en una corriente republicana de alta calidad institucional. Referentes internacionales, como la CEPEJ, el Tribunal Supremo español o la Suprema Corte de Justicia mexicana, han avanzado en modelos semejantes de selección de casos y consolidación de precedentes. La Suprema Corte de Justicia se alinea con estas buenas prácticas, adecuándolas a nuestro contexto y necesidades.
Como afirmaba Aylwin, recogiendo la tradición del Tribunal de Casación francés y de los fundamentos históricos del recurso, este instrumento fue concebido para conservar la unidad de la jurisprudencia y asegurar la igualdad jurídica, no como una tercera instancia, sino como una garantía de legalidad y coherencia. Esa es la justicia viva que estamos construyendo en República Dominicana: una justicia que no se agota en el procedimiento, sino que se expresa como cultura, se enseña como formación y se vive como garantía de derechos.
En definitiva, el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación no es una apuesta por la velocidad en detrimento de la calidad, es una estrategia integral para mejorar ambas. La jurisprudencia como derecho vivo nos permite responder más rápido, pero también más justo. Y esa es, en esencia, la transformación que estamos impulsando, una justicia que aprende, que escucha, que orienta y que sirve con más rigor y más humanidad.
La calidad no se sacrifica en nombre del tiempo. La calidad exige tiempo razonable. Y el tiempo razonable exige instituciones que piensen, decidan y enseñen con visión. Esa es la Suprema Corte de Justicia que estamos construyendo.
