Esta semana fui invitado a compartir con los miembros de la Cámara de Cuentas un conversatorio sobre un tema que me resulta esencial: la justicia como inversión pública y bien democrático.
Hablar de justicia, ética y rendición de cuentas es hablar, en el fondo, de la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.Porque solo desde esa coherencia la justicia se convierte en una verdadera inversión pública, en un bien al servicio de todos.
En el Poder Judicial concebimos la justicia no solo como un derecho fundamental, sino también como un servicio público esencial, delegado por la Constitución. En consonancia con esta idea de servicio público, hemos avanzado en una transformación profunda, sustentada en tres pilares: eficiencia en el uso de los recursos públicos, impacto directo en la vida de las personas y legitimidad democrática basada en resultados y confianza.
Como sabemos, la justicia no solo administra conflictos, sino que genera confianza, fortalece la convivencia y dinamiza la seguridad jurídica. Es por tanto una inversión social que devuelve tiempo, esperanza y sentido de equidad.
Dicho de otra forma, cada peso invertido en justicia tiene un retorno tangible y otro invisible: el tangible se mide en eficiencia y servicios, el invisible se mide en confianza y dignidad.
En esa misma línea, el presupuesto del Poder Judicial es más que un formulario contable: es un instrumento de transformación y de rendición de cuentas. Desde 2020 aplicamos una planificación por resultados, y pronto presentaremos el Plan Justicia del Futuro 2034, con metas concretas y medibles.
La transparencia, en nuestro caso, es una convicción. Hoy el 100 % de las compras y contrataciones son públicas y auditables. Los datos de gestión presupuestaria están abiertos, y cada obra se orienta a resultados verificables.
Otro de los temas que destaqué fue la inversión en infraestructura. Las Ciudades Judiciales son más que edificios; son declaraciones de principios. Cada una expresa una forma de entender la justicia como espacio digno, accesible y humano. Cuando el ciudadano entra a una Ciudad Judicial, debe sentir respeto, igualdad y servicio. La arquitectura también comunica valores democráticos.
Pero no solo se trata de infraestructura. También vivimos una mudanza digital que ha transformado profundamente el servicio judicial. Alcanzamos el 0 % de mora en la Suprema Corte, y más del 80 % de los tribunales del país están al día. Más de 23.000 usuarios tramitan y consultan sus expedientes en línea, y la firma digital es ya una práctica total. Sin embargo, lo más importante no es la tecnología en sí, sino su propósito: liberar tiempo y pensamiento judicial para que jueces y juezas puedan reflexionar y decidir con serenidad, sabiduría y empatía.
Finalmente, propuse que avancemos hacia un modelo de interoperabilidad tecnológica entre la Cámara de Cuentas y el Poder Judicial, que permita el flujo automático y transparente de información presupuestaria, de compras y ejecución. Esa colaboración fortalecería la trazabilidad, la eficiencia y el control público colaborativo.
De esta forma, cada tribunal que se moderniza, cada expediente que se digitaliza, cada servidor que se capacita es una inversión en el futuro del país. Con el tiempo, en base a esa confianza recuperada, la democracia florece. Realmente no puede haber un mejor retorno de la inversión.
