La gran promesa de la i‑Justicia no es un eslogan, ni un documento más, es una invitación a hacer justicia con propósito
Siempre he creído que los marcos conceptuales, lejos de ser abstracciones teóricas, son herramientas útiles para transformar realidades complejas. En el caso de la justicia, conceptos como la E‑Justicia, la X‑Justicia o la más reciente propuesta de i‑Justicia nos ayudan a ordenar ideas, anticipar dilemas y tomar decisiones con un horizonte claro. Nos permiten preguntarnos para qué y para quién digitalizamos. ¿Lo hacemos solo para ser más rápidos? ¿más costo-efectivos? ¿O también para ser más justos?.
La E‑Justicia fue un paradigma surgido en los albores de la era digital, en 2006, en el marco de la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada también en Santo Domingo. Con su promesas me mayor eficiencia, trazabilidad y acceso remoto, la E-justicia cambió nuestras rutinas en tribunales y fiscalías, nos obligó a repensar formatos y a dejar atrás el papel. Pero también dejó en evidencia que la tecnología, sin dirección ética, puede reproducir desigualdades o desdibujar derechos.
La X‑Justicia apareció entonces como correctivo, como una advertencia necesaria: no todo lo que puede automatizarse debe automatizarse. Se valora así el control humano sobre los algoritmos, el respeto al debido proceso, inclusión digital y el control democrático de los sistemas automatizados (Barata, 2022; Wischner, 2021).
Sin embargo, en estos años, la acelerada adopción de medios digitales por parte de la población hizo necesaria una tercera vía: una justicia digital que no se quede en la herramienta ni se pierda en la denuncia. Una justicia que ponga a la persona en el centro, no como usuario, sino como sujeto de derechos. Esa es la i‑Justicia.
Así se fueron definiendo estándares como el Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Reglas de Brasilia, que nos recuerdan que toda reforma judicial debe centrarse en la dignidad humana, especialmente de quienes están en situación de vulnerabilidad.
Más recientemente, la Cumbre ha impulsado agendas de transformación digital, estrategias de interoperabilidad y guías para el uso ético de la inteligencia artificial. Así evolucionó el concepto en diversas ediciones de la Cumbre como San José 2016; Quito 2020; y finalmente, la semana pasada, aquí en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana de Santo Domingo. Se completa así un ciclo de casi 20 años que tiene como resultado una propuesta cada vez más madura de I‑Justicia.
Lo que me convence de esta visión es que no pretende ser neutral. La “i” no es solo de Iberoamérica: también es de inclusión, de integridad, de institucionalidad y de innovación con propósito. Es una invitación a orientarse por valores y no por modas tecnológicas. La I‑Justicia entiende que no basta con incorporar medios digitales, hay que hacerlo con sentido. Que no basta con digitalizar procesos; hay que hacerlo garantizando derechos.
Que no basta con hablar de eficiencia; hay que medir también el impacto social y la percepción ciudadana. Y, sobre todo, que no basta con dejarlo en manos de técnicos; es necesario que jueces, operadores, ciudadanía y academia dialoguen sobre qué tipo de justicia queremos.
La I-Justicia se plantea por tanto como una síntesis integradora de tres dimensiones: eficiencia digital (E), ética crítica (X) y centralidad de la persona (i).
La i-Justicia nos invita a un cambio cultural, estructural y tecnológico que ya estamos realizando en República Dominicana.
Este enfoque empieza a tomar forma concreta en nuestro trabajo diario. No se trata solo de tener expedientes electrónicos o audiencias virtuales —que ya son una realidad cotidiana—, sino de transformar la cultura institucional. Estamos viendo cambios en la forma de comunicar, con lenguaje más claro y cercano.
En la forma de decidir, con datos que orientan políticas públicas. En la forma de servir, con atención al trato digno y a la accesibilidad. Más de setecientos jueces firmando digitalmente, más de cien mil audiencias virtuales realizadas, miles de personas formadas en competencias digitales. No es solo infraestructura: es una nueva forma de pensar la justicia.
Y esa transformación no termina en la tecnología. Nos obliga a revisar nuestras propias prácticas, nuestros modelos de gobernanza, nuestras formas de evaluar el desempeño.
¿Estamos garantizando la trazabilidad y la explicabilidad de los sistemas automatizados? ¿Estamos escuchando lo que sienten y piensan las personas que usan nuestros servicios? ¿Estamos construyendo una justicia emocionalmente inteligente, capaz de reconocer la diversidad y de responder con empatía?
Para mí, esa es la gran promesa de la i‑Justicia. No es un eslogan, ni un documento más. Es una invitación a hacer justicia con propósito. A no renunciar a la eficiencia, pero tampoco a la ética. Construir un modelo que nos permita mirar a los ojos a la ciudadanía y decirle, con honestidad: la justicia está cambiando y lo está haciendo pensando en todas y todos.
