Conversando con Don Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, surgió el tema del rol político del juez en una democracia, que se desprende del hecho de que cada vez más se trata de utilizar la ley de dos formas distintas pero complementarias.
En primer lugar se utiliza la ley de manera instrumental en la gestión de políticas públicas que tratan de disciplinar los comportamientos sociales; y en segundo lugar, como un medio promocional que trata de impulsar y orientar el desarrollo social, económico, incentivar los cambios políticos e incidir en los comportamientos culturales; en ambos usos los tribunales desempeñan un rol activo.
A esto se le agrega que el incremento cuantitativo del mundo jurídico que necesariamente debe ir acompañado de un cambio cualitativo más expedito. Para afrontar la complejidad de los nuevos sectores de intervención, el legislador recurre a disposiciones generales, que establecen vínculos mucho más débiles que antes con la interpretación y que de hecho, delegan poder de decisión en el juez.
Donde hay una ley hay también un juez que en cualquier momento puede verse investido de la tarea de interpretarla y de aplicarla. A través de la sentencia un simple enunciado normativo se convierte en una verdadera y auténtica norma de derecho positivo, al menos para las partes implicadas, que están obligadas a respetarlas, y no hay que olvidar que la decisión del juez suele tener consecuencias que van más allá de los intereses normalmente representados en el juicio.
Sobre la base de los cambios que se han generado en el Poder Judicial hasta ahora, queda claro que los límites entre jurisdicción, legislación y administración tienden a diluirse. El hecho de que el juez sea también un legislador es una realidad evidente, aún cuando sólo sea sutilmente por los distintos operadores jurídicos.
Los ámbitos de discrecionalidad de que dispone y las mismas características del procedimiento de decisión llevan al juez de hecho a participar en la formulación de las políticas públicas. Igualmente, se ha visto que hoy es más difícil distinguir entre jurisdicción y administración, sobre todo en lo que se refiere al impacto producido por las sentencias. Desde este punto de vista, la versión tradicional de la doctrina de la separación de poderes ya sufre una erosión visible.
