La estrategia general con la que la actual gestión pública busca fortalecer la seguridad ciudadana no es reactiva, aunque sí compleja. Fundamentalmente pretende construir una convivencia ciudadana basada en relaciones de paz. Este propósito general es de largo plazo pero contiene acciones y resultados inmediatos, paulatinos, que son ineludibles. Y si bien asumimos que la responsabilidad fundamental en todo lo que toca a la seguridad ciudadana corresponde al Estado, no omitimos la indispensable participación de la sociedad civil y más concretamente de las comunidades y los actores locales.
Algunos agentes de opinión, estudiosos del tema y voceros comunitarios así como actores económicos y sociales han reclamado este importante aspecto de concertar, consensuar y generar convergencia pública y privada en la construcción de la convivencia en paz y en ejercicio de los derechos fundamentales, lo que constituye un factor positivo en las actuales circunstancias, porque revela que existe un capital social necesario para la estrategia que se ha concebido.
En el conjunto de ideas que se ha comenzado a poner en marcha se prevé desarrollar todo este proceso de discusión, armonización de visiones y concertación de la estrategia. Digamos que lo que ha comenzado a compartir esta administración es el borrador o diseño general de la estrategia, pero se prevé y se está comenzando a ejecutar, un proceso de discusión, generación de consenso y compromisos que será el que producirá, en breve plazo, el marco de acuerdos generales y de corto, mediano y largo plazo alrededor de las acciones y metas para producir seguridad ciudadana.
Porque de lo que se trata es de desarrollar las capacidades de nuestra sociedad para una mayor gobernabilidad democrática. Eso implica, entre otros resultados establecer relaciones de confianza entre la institucionalidad pública y la ciudadanía.
He afirmado que uno de los factores que afectan la seguridad ciudadana es la escasa, nula o contradictoria presencia de la institucionalidad pública en la cotidianidad de la convivencia social de los dominicanos y dominicanas. Eso se observa directa y simplemente en el día a día de nuestro comportamiento social. De tan obvio ha dejado de llamar la atención y se acepta como lo normal, pero no lo es.
No puede ser normal que en una sociedad las reglas demandadas por casi todo el mundo como necesarias, no pasen de ser declaraciones de propósitos sin aplicación positiva. Tampoco lo es la violación cotidiana de estas normas hasta por una parte de aquellos que tenemos la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir a nombre del interés de la sociedad. No es normal la ausencia del Estado, en su función reguladora, de ordenamiento, arbitraje y protección, en gran parte del territorio. Esa debilidad de la presencia de una institucionalidad constructora de la cohesión social es uno de los factores más importantes en el deterioro de la seguridad ciudadana.
Necesitamos revertir ese déficit; que las instituciones –que en los hechos son un conjunto de normas, procedimientos, estructuras y actuaciones– estén en la mente, el comportamiento colectivo y las actitudes de la gente en sentido general. Y hay que sumar la actuación coordinada de las entidades del gobierno central y los gobiernos locales en políticas públicas, servicios sociales y redes de atención y protección que fundamenten la pertenencia colectiva a una sociedad y un proyecto de nación.
Es desde esta perspectiva que sería efectivo el conjunto de reformas que está pendiente: como por ejemplo, la modernización de la policía y adecuación de su rol a un estado democrático de derecho; reformas de los códigos penal, procesal, de protección de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Reformas que tienen que ser consistentes con la construcción de capital social, con una ciudadanía más activa y participativa en todos los asuntos fundamentales de la convivencia.
A través de este proceso, complejo y multifactorial, de construir un sentido de pertenencia y respeto al Estado y a sus instituciones, entonces podremos ir desarrollando una cultura más eficaz de resolución de conflictos, prevención del riesgo social y personal, erradicación de la violencia intrafamiliar y de género y de tratamiento del problema del consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
La agenda es larga, tiene muchos retos, pero solo asumiéndolos podremos a salir airosos, con soluciones integrales, duraderas y satisfactorias para cada habitante de la República Dominicana.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 19 de junio del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana, el 20 de junio en el Periódico El Día y el 21 de junio en Noticias SIN
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20130613-Plan Seguridad Ciudadana (1)DIAPE
