En días pasados tuve la satisfacción de participar en los Premios Fray Antón de Montesinos. Un evento que organiza la Defensa Pública para reconocer e impulsar los mejores defensores en distintas categorías. Un acto hermoso donde pude ver como buena parte del sistema judicial empuja por la excelencia y capacidad de los operadores. Walter Reuther, líder de los derechos civiles y laborales norteamericano, expresó que “no hay mayor favor que servir a tu hermano ni mayor satisfacción que hacerlo bien”. Esa sabia expresión guarda mucha relación con el trabajo que realizan los defensores públicos. Una labor de apostolado que debemos aplaudir, saludar y dignificar.
El trabajo de la Oficina Nacional de Defensa Pública es la respuesta del Estado como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos en los procesos judiciales penales. Un servicio para aquellas personas que cuentan con recursos económicos limitados. Para hacer posible un mayor impacto de la institución, hace falta que la misma comprenda las tendencias sociopolíticas. Un contexto que obliga a todo el entramado de entidades estatales a transformarse.Para poner el Derecho a disposición de la gente que no puede costearse la defensa, debe contar en cada uno de sus abogados y servidores con un agente de cambio. Esto así porque necesita mantener su actualización constante y adecuar su infraestructura de personal y física a los retos: la necesidad de adaptarse a un entorno cada día más conflictivo y acelerado.
Las nuevas formas de interacción de las personas, los capitales y las tecnologías automatizadas demandan de un Estado diligente y al día, consciente de sus retos, pero sobre todo con actores dispuestos a dar lo mejor de sí para lograr sus metas y objetivos de mayor inclusión. A cambiar sus paradigmas, a entender que la certeza y la estabilidad duran muy poco en este tiempo de pequeñas revoluciones.
Es por ello, que la formación en derechos fundamentales debe intensificarse. Para cubrir la necesidad de un sistema jurídico que cuente con herramientas y operadores que puedan ponerse en la circunstancia con suficiente capacidad, con disposición a mejorar y a cambiar constantemente hacia donde el Derecho requiera, hacia donde la sociedad demande. El rol se convierte en parte central de la necesaria batería de respuestas que el sistema debe dar el Estado a la realidad social que emerge y garantizar el acceso a la justicia de la gente, ya que todos tenemos derecho a un trato justo y legal. La Defensa Pública debe seguir intensificando la inversión en pericia técnica de los defensores y defensoras, la capacidad jurídica y la relación con el entorno. Todo esto forja un nuevo marco que va de la mano con la excelencia compartida y el trabajo, con la disposición a sistematizar e incorporar las habilidades blandas requeridas para poder seguir cambiando.Para lograr adaptarse a las nuevas exigencias, la Defensa necesita que se conozca ampliamente su labor, el derecho y sus roles de funcionamiento. Que se fortalezca su sistema de evaluación del desempeño, para que este tenga cada vez mayor peso y legitimidad . Es de vital importancia que la Defensa Pública pueda establecer los criterios de su operación planificada, llevando adelante un plan que permita ser fiscalizado por objetivos y que estos objetivos puedan estar a la vez directamente vinculados con las necesidades del sistema de justicia.
En condición de Presidente del Consejo de la Defensa Pública, me llenó de mucho regocijo participar en la premiación del Defensor Público del año; estoy seguro que aquellas personas seleccionadas para reconocer su trabajo alcanzaron el galardón por tener fe y amor en lo que hacen. El sacrificio de tiempo y energías para lograr, a través del Derecho, una sociedad más equitativa ve sus frutos.
Vamos a seguir empujando juntos la rueda de los avances, de los deberes y derechos. Vamos a seguir haciendo nuestra parte cada cual, para que el sistema judicial pueda moldear la sociedad. Para que los procesos penales tengan impacto efectivo en nuestra organización y en una mayor calidad y seguridad en la vida de la gente. Para que cada proceso, de tan bien llevado, pueda impactar en la mejora del Derecho y de la convivencia. Ese es el compromiso sagrado que tenemos con la República, sus reglas y sus instituciones.
