Más allá del Derecho, existen marcos éticos y conductuales que obligan a los jueces y juezas, como el Sistema de Integridad y los documentos compromiso de la Cumbre Judicial Iberoamericana que deben ser reconocidos por todos los actuantes en justicia.
Estos lineamientos axiológicos rigen el comportamiento de los jueces y juezas y sus obligaciones. Los artículos 2 y 3 del Estatuto del Juez plantean la obligación de respeto a la independencia judicial, estableciendo que todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
Esto implica la responsabilidad de proteger la función judicial de presiones infundadas o con fundamento ajeno al Derecho y a las leyes. Hoy, vemos en el horizonte la posibilidad abierta, la sacrificada y gratificante tarea que tenemos diariamente en nuestras manos quienes aplicamos el Derecho. En cualquier posición en que nos encontremos, estamos ante la necesidad de comprender que se trata del núcleo de la convivencia y el esquema que sostiene la sociedad.
Debemos desempeñar nuestro trabajo siempre con la cabeza alta, sin temor. Porque donde hay miedo al decidir es porque hace tiempo que se ha perdido de vista el Derecho. Y con esto, la capacidad para analizar cómo y hasta dónde impacta el deber de tomar las decisiones correctas. No hay ventajas en el camino contra la justicia. No hay tisanas para calmar la enfermedad del alma que produce actuar de modo indigno. Es así para todos y todas. Para los abogados y abogadas, porque trabajan con derechos que impactan en la vida y los bienes.
En los jueces cada decisión requiere sabiduría y debe ser fruto de la calmada reflexión ante los retos del Derecho, de la sana crítica y la contemplación de los principios, pautas legales y barreras que cuidan su independencia. Algunos sectores, a veces sin darse cuenta, sirven de auxiliares a intereses opuestos a la justicia. A ellos, solo la Justicia realmente independiente puede dar respuesta. Esa que es el resultado de la interpretación sabihonda de la ley, y su aplicación lejana al ruido.
Cada vez que una decisión se impone en buen Derecho avanzamos hacia una mejor República. El Poder Judicial, sus jueces, los auxiliares de la justicia y la sociedad deben saber que la Justicia independiente es posible solamente abrazando las reglas que le dan forma y sentido. Los lineamientos, leyes, reglamentos y principios son mecanismos para la aplicación de un contexto y una mística de nuestra labor, todos los días. Sin esto, es imposible sostener la verdadera independencia.
Aplicar las leyes a la luz de la doctrina y tomando en cuenta la jurisprudencia es algo que, bien sustentado, jamás llama a suspicacia. Y cuando hay duda, ahí está el Derecho nuevamente, como espacio de lo comprobable.
Desde muy temprana edad mi vida ha estado ligada al Poder Judicial. Desde la reforma procesal penal, a finales del siglo pasado, dediqué junto a mujeres y hombres de gran entereza más de 15 años a aportar a fortalecerlo. Doce de ellos a dotarlo de jueces independientes y formados, capaces de enfrentar las presiones y tentaciones.
A propósito del tema, quiero hacer un tributo a la magistrada Martha Olga García Santamaría, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, una profesional inigualable que con su largo ejercicio en la judicatura contribuyó a abonar con sus acciones al Derecho.Fue una abanderada y promotora de la independencia judicial y las garantías democráticas. Su ejemplo, su dedicación y sacrificio, son un faro que indica la ruta hacia la dignidad y el aporte a mejorar la realidad que nos rodea.
