En 1997 inicia un largo recorrido de institucionalización con la conformación del Comisionado para la reforma y modernización de la Justicia. Un camino que, en el marco de debates, discusiones técnicas, escritos y procesos de toma de decisiones, implicó a todos los sectores activos de la sociedad de entonces. Trabajaron en dotar a nuestro país de una justicia acorde a los tiempos que iniciaban. Entre reconocidos juristas, abogados y abogadas, organizaciones y personas de la sociedad civil, se dio inicio a lo que luego se instaló como “primera ola de reformas”. Es por eso que el pasado 7 de enero, en mis palabras para conmemorar el Día del Poder Judicial señalé que partimos de los muchos logros de las décadas pasadas.
El liderazgo de entonces había definido transitar hacia una mayor democratización e independencia y ese era el telón de fondo de casi todas las acciones emprendidas. Entonces, el magistrado Jorge A. Subero Isa estuvo a la altura de las circunstancias. Aquellos acuerdos y decisiones comenzaron a perfilar las condiciones de desarrollo del Poder Judicial y a adaptarlo a las necesidades del Estado de Derecho. Un ejemplo de esto es nuestro sistema de carrera judicial, que se convirtió en un pilar esencial de la independencia de la administración de justicia. La carrera judicial no es más que la consolidación de la profesionalización integral de la función de los jueces y juezas. Un modelo regulado por la ley y al margen de interferencias externas y decisiones políticas.
Hoy, como dije antes, 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera. La totalidad de estos jueces y juezas son designados/as a través de un procedimiento de concurso público de antecedentes y oposición y pasan por un proceso de formación establecido por la Constitución y la ley. Sus decisiones jurisdiccionales se dan al margen de su relación jerárquica, lo cual asegura independencia de criterio en las decisiones.
En todos los países que me ha tocado conversar con estudiosos y conocedores de la temática judicial resalta su admiración porque a partir de 1998, antes que muchos otros países de la región, nuestro Poder Judicial consolidó su independencia mediante un sistema de carrera judicial.
Hay mucho que avanzar, y los problemas son múltiples. Sin embargo, es oportuno saludar y reconocer el rol de quienes en aquel entonces llevaron a cabo esa primera reforma del sector justicia. No comenzamos desde cero. Al contrario, sin las condiciones alcanzadas sería imposible impulsar el proceso de transformación que hoy nos convoca a todos: visión Justicia 20/24. Sobre la base de esos logros llevaremos nuestro sistema de justicia al óptimo posible, preservando las conquistas que representan en favor de la sociedad dominicana.
Saludos honorable presidente de la Suprema Corte de justicia y del Consejo del Poder Jucicial, Lcdo. Luis Henry Molina Peña.
En un Estado de derecho Constitucional como es el nuestro hoy día, se requiere de la purificación de cada espacio del sistema de justicia, para que las personas y no la "gente" porque el término gente no está contenido en nuestra Carta Sustantiva, puedan sentirse protegidas por los operadores: jueces, fiscales, servidores judiciales y sobre todo, por nosotros los abogados y abogadas.
De usted no conozco mucho, pero tengo la convicción de que si usted actúa con la misma firmeza con que emplea sus palabras, tendremos en la República Dominicana una Justicia independiente, imparcialidad, con sentido social, tecnológica, hasta convertirse en un modelo para América Latina y otros países fuera de la región.
Lo invito a tomar en cuenta a cientos de jóvenes abogados y abogadas, técnicos y profesionales de otras áreas comprometidos con su generación que quieren ser parte de este proceso de modernización de nuestro sistema de justicia.
Respetuosamente,