Varias semanas atrás, mientras trabajaba en la redacción de mi discurso del 7 de enero, Día del Poder Judicial, me topé otra vez con los escritos de José Trías Monge, puertorriqueño, uno de los grandes juristas iberoamericanos de todos los tiempos.
La obra de Trías Monge es imponente. Toca el derecho, la literatura, la filosofía, las artes. Para las generaciones que nos ha tocado sucederle en la administración de justicia en la región, sus aportes son un referente ineludible. Así han sido para mi.
Cada vez que me adentro en su colección de ensayos titulada “Sociedad, Derecho y Justicia” publicada en 1986 por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico, me asombra su vibrante actualidad.
El constante reclamo de Trías por la atención de la realidad de la justicia es particularmente significativo en nuestra región, donde tantas veces nos dejamos fascinar ingenuamente con las abstracciones jurídicas, recargadas de preciosismo, a la vez que damos la espalda al escenario real de la justicia. Así, embriagados de retórica, toleramos brechas abismales entre la ley y la justicia.
En ese sentido, el análisis de Trías no cesa de denunciar, “el persistente mal de la congestión de los calendarios y la consiguiente demora en el trámite de las causas”. “Es temible (añade) el efecto de este mal en el delicado tejido de la justicia de un país”.
Mis esfuerzos hoy en la modernización del sistema judicial dominicano encuentran nutrientes valiosos en las reflexiones y ejemplos puestos en práctica por el jurista puertorriqueño, sobre todo en cómo los tribunales pueden y deben ser una herramienta eficiente para crear justicia, más que una base de frustración de los ciudadanos con las promesas de la ley.
En la República Dominicana, es importante discutir sobre estos temas. Durante mucho tiempo la mora judicial, el acceso limitado a los tribunales y la percepción de un sistema judicial distante y poco transparente, han afectado la confianza ciudadana en la justicia. Contra ello trabajamos. La implementación de la firma digital, por ejemplo, ha reducido los tiempos de respuesta en comunidades remotas, demostrando que la tecnología puede ser una herramienta de equidad y solidaridad dentro de nuestro sistema de justicia.
Asimismo, la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y la creación del “Espacio de Datos de Justicia”, son pasos hacia una justicia pronta y accesible. Al final del día, ya lo decía Trías, "la justicia lenta pierde el derecho a su nombre".
Claro está, la justicia no es responsabilidad exclusiva de los jueces y de los tribunales. Para los abogados, se trata también de abstenerse de prácticas dilatorias contrarias a la ética procesal, las partes tienen también las vías alternas para lograr soluciones más rápidas a través de acuerdos que la ley permite. Cada ciudadano tiene un deber crucial a la hora de asegurar la calidad de la justicia de un país. Exigir transparencia, participar en los procesos democráticos que atañen la justicia, comunicar fuertes reclamos de un mejor servicio judicial, más próximo y equitativo, son elementos vitales para cualquier sistema judicial auténticamente democrático. Una sociedad que promueve estos valores será más fuerte, más justa y más solidaria.