Quienes actuamos en justicia tenemos el deber de comprender la necesidad de que nuestra sociedad cuente con garantías para quienes requieren nuestros servicios.
La importancia de abogar por un Derecho sensible a los problemas del presente, más atento a la demanda social de Justicia, más abierto a comprender la situación de las víctimas sin que esto implique afectar derechos de partes. Es un deber de cualquier ciudadana o ciudadano que considere que la sociedad debe ser mejor.
También lo es trabajar para que los conflictos no se distorsionen ni pongan en peligro a las personas y lograr que los tribunales vayan a la par con las necesidades de mejora y aporten a la solución de las problemáticas sociales.
Mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La fecha, brinda la oportunidad para abordar los distintos trabajos que desde el Poder Judicial hemos venido llevando a cabo en materia de género.
La incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en la administración de justicia es una respuesta justa y necesaria a los retos que al día de hoy siguen enfrentando las mujeres. Paulatinamente, a través de la Comisión de Género del Poder Judicial, hemos iniciado un proceso multidireccional de concienciación. Un cambio de perspectiva en la familia del Poder Judicial, sería un gran aporte al futuro de nuestro país, pues en la institución hay más de cinco mil personas (lo que se multiplica con sus relacionados).
Estas acciones también son el reconocimiento de la necesidad de comprender a fondo los temas de género (no solo a nivel jurídico, sino a nivel conceptual y propositivo), a la hora de juzgar necesitamos ser consecuentes con toda la complejidad de los problemas de género, pero sobre todo con los derechos inalienables de las personas.
En el Poder Judicial y en la sociedad en general existen prácticas muy arraigadas que desconocen los derechos de las mujeres. Eso debe cambiar y será posible en la medida en que los actores del sistema podamos adquirir conciencia. Es central la comprensión de una serie de elementos a tomar en cuenta para que nuestro accionar (y el entorno judicial) sea verdaderamente para todos y todas.
Velamos permanentemente porque sea en igualdad de condiciones y oportunidades el ingreso y desarrollo profesional de los hombres y las mujeres a este órgano del Estado dominicano. Nos amparamos en un conjunto de instrumentos normativos que incluye la Política de Igualdad de Género, aprobada mediante resolución 3041-07, y dentro de ella la creación de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial. Integrada por dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, un juez de Corte de Apelación, un juez de Primera Instancia y una representante de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
Estas normas y espacios de trabajo, buscan mejorar la situación de género y avanzar hacia la igualdad, y requieren de mayor alcance y conciencia dentro de la misma institución. Pero deben además contar con el respaldo de quienes ejercen en los tribunales. De quienes hacen andar las ruedas del sistema de justicia. Jueces y juezas, fiscales, abogadas y abogados, secretarias y secretarios, servidores en general.
Nuestra Visión Justicia 20/24 incluye en uno de sus ejes la adecuación del servicio a las necesidades de las personas. Eso implica que las servidoras y servidores estemos abiertos a trabajar y adquirir conciencia para dar una dimensión distinta a la participación de las mujeres y sobre todo al reconocimiento de sus derechos.
