Desde el Poder Judicial se trabaja arduamente para lograr la independencia. Esto solo se consigue con hechos, omisiones, decisiones y rasgos que cada día abonen a ese objetivo; una labor judicial más independiente.
Lo dicho es posible solamente abrazando las reglas que le dan forma y sentido, los valores que sustentan y preservan la función de jueces, juezas y auxiliares. Pues la función judicial es una concatenación de acciones y roles relacionados que son anticuerpos.
Se trata de un sistema donde el reclamo de las partes llega a un tercer imparcial: jueces y juezas. Si es Civil las partes son privadas y presentan el conflicto ante los jueces; si es penal, el Ministerio Público es la parte que presenta y sustenta la acusación buscando romper la presunción de inocencia de la parte acusada. Esto se hace a través de la prueba, la fundamentación procesal del expediente, que el tribunal deberá valorar. La Defensa tiene entonces que asistir a proteger esa presunción de inocencia. Todos los roles en el sistema judicial están obligados a sustentar sus actuaciones en las fuentes del Derecho y sus marcos de interpretación.
Los lineamientos, leyes, reglamentos y principios son mecanismos para la aplicación de un contexto y una mística de nuestra labor todos los días. Sin esto es imposible sostener la verdadera independencia. Pero esa mística, esa tarea comprometida no es suficiente. Hay que reconocer que incluso las propias creencias podrían afectar y condicionar la decisión imparcial que se deben observar ante partes en igualdad de condiciones.
Y eso requiere saber que existe ese riesgo y que no es menor. Represar las fuerzas que ganan de derribar la integridad de los jueces y juezas y que ponen en peligro la legitimidad de quienes tenemos que salvaguardar el Estado de Derecho. Esa entereza moral es un reclamo de toda la sociedad, pero sobre todo una necesidad de la convivencia social a la que no podemos dar la espalda.
El trabajo de la Justicia requiere sobre todas las cosas independencia interna. Esa que plantea que la función jurisdiccional responde solamente a la autoridad de las reglas que le gobiernan. Que su aplicación no puede conllevar intromisión en aspectos jurisdiccionales y que esa imposibilidad de recibir presiones verticales o externas, debe tener garantías reales.
Por eso trabajamos diariamente para construir un marco y un proceso de cambios que abone y fortalezca la independencia verdadera de los poderes públicos. También de las influencias de cualquier tipo (políticos, privados e incluso judiciales), de autoridades o ciudadanos, de medios de comunicación o poderes extranjeros, de colegas o amigos, de familiares o conocidos. Porque es el Derecho y sus fuentes el único marco del accionar judicial.
La confianza es un recurso no renovable. Y la palabra empeñada vale poco sin el respaldo de la acción comprometida. De nada sirve que hablemos y valoremos si no acompañamos con hechos lo que promovemos. Por eso es importante dejar claro que no es posible que exista un juez que sea trasladado porque a su superior no le guste la decisión tomada ante un caso. Es inaceptable que una jueza vea vulnerada su privacidad y reciba acoso por sus posiciones en un caso. Porque la independencia sólo puede obedecer a la “sana crítica” y a la interpretación y aplicación de las reglas éticas, disciplinarias y jurídicas que limitan y protegen la función judicial.
En la medida que la Justicia encuentra en sí misma los anticuerpos, las garantías para la transparencia y la igualdad ante la ley de quienes acceden a su servicio, tendrá cada vez más sentido nuestra labor constitucional y social de preservar los derechos de las personas y proteger la propiedad.
Al hablar de derechos, de las garantías democráticas que cuida nuestra labor, debemos traer a la memoria a doña Piky Lora. Una mujer de condiciones extraordinarias que enfrentó el poder en la peor de sus formas: la represión política. Una incansable luchadora por la justicia social y por la defensa de los oprimidos. Una valiente guerrera de los valores más necesarios y sagrados.
Combatió la dictadura trujillista en la clandestinidad, luego públicamente. Enfrentó las fuerzas golpistas e invasoras y los duros 12 años de Balaguer. Acompañó varios procesos de relevancia en la etapa democrática, empujando ordenamientos jurídicos de gran valor para el país y sobre todo para el Poder Judicial, por el cual, en palabras de su propia hija, dio todo. Doña Piky protegió con su trabajo el patrimonio nacional y los derechos vulnerados de ciudadanas y ciudadanos.
Por la razón del Derecho y, cuando hizo falta, por la fuerza de las armas, en distintos momentos Carmen Josefina Lora Iglesias estuvo al frente de las más valiosas luchas por la dignidad humana en nuestra república, sin dejar de ser madre, mujer libre, autónoma y librepensadora. Es importante conocer y preservar su ejemplo de lucha y aportes al Derecho y a la Justicia.
