El alto mando de la Policía Nacional ha rechazado la proposición de crear un cuerpo técnico de investigación que esté sujeto al Ministerio Público, como prevé la nueva ley de esa dependencia.
En su postura, la jefatura policial advierte que la medida propuesta debilitará los esfuerzos de persecución de la criminalidad y creará islas de poder dentro del cuerpo de la institución.
Ha añadido que las disposiciones constitucionales sobre la Policía establecen su función en el combate de la criminalidad y su sujeción a la autoridad del Presidente de la República.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha afirmado la pertinencia del punto de vista que propicia la nueva ley, que pondría en práctica disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la justicia penal en el país, destacando que la propia Constitución le atribuye la dirección de la investigación penal.
Que se debata en torno a esta cuestión es saludable para nuestra cultura democrática. Pero las soluciones en las que se concuerde tendrán que ser igualmente sanas para que la ocasión abierta por este diferendo sirva a la democratización progresiva de nuestra sociedad y al fortalecimiento de sus instituciones.
La herencia autoritaria, centralista, todavía pervive en formulaciones constitucionales que en lugar de atribuir la autoridad al órgano –el Poder Ejecutivo— la atribuyen a la persona: el Presidente de la República, no la Presidencia, no el Poder Ejecutivo (que se organiza a través de sus Ministerios) sino la persona.
Sin poder prever todavía en qué sentido se inclinará la autoridad presidencial en este caso, es imprescindible, para un verdadero Estado de derecho, que la investigación penal esté asignada a un ente sometido ante el poder civil responsable de la política anti crimen.
Mientras más cerca estemos de esto más nos aproximaremos a un verdadero Estado de derecho.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 1 Junio 2011, ver publicación en artículo del periódico
