Integridad, garantía de una justicia bien servida

5 de septiembre de 2020

Para José Antonio Marina corromper significa quebrar la integridad de un ser vivo, lo que le lleva, según escribió, a la destrucción. Para que una persona o una entidad sea íntegra debe ser de una sola pieza, es decir, tener coherencia moral entre sus partes. Lo que conlleva un compromiso entre lo que se dice que se hace y lo que se hace efectivamente. Además, supone la razonabilidad para sostener dicha coherencia. En el caso de un juez, se trata de cumplir con los elementos legales, requisitos que, en cada caso, supone la correcta aplicación del Derecho y las leyes. El resultado, se corresponde entonces, cuando hablamos de Justicia, con la posibilidad de cumplir con cabalidad la función a la que estamos llamados los jueces y juezas. Cumplir el deber observando todos los elementos que conforman una justicia bien servida. Y para ello se cuenta con una serie de instrumentos y fuentes del Derecho. 

Desde 2019, el Poder Judicial inició los pasos de su transformación, que acoge las directrices de las Cumbres Judiciales Iberoamericana y Dominicana (2016)Asume también las cerca de trescientas consultas a abogadas, abogados, usuarios internos y externos sobre las problemáticas y propuestas de mejoraUno de los ejes en los planes estratégicos se titula “Integridad para una Justicia confiable”. Palabras que cobran fuerza en el ejercicio de los tribunales, que han ido mejorando su funcionamiento a medida que avanzan en la aplicación de Visión Justicia 20/24. Pero que, sobre todo, dependen del compromiso institucional y particular de cada jueza y cada juez con la excelencia, la ética y la actuación integra ante los expedientes y los actuantes en justicia.  

La fase actual de la transformación judicial apunta a fortalecer y asegurar el cumplimiento de estas condiciones a través de herramientas diversas. Las comisiones de ética y disciplina tienen un rol preponderante. Talleres prácticos sobre dilemas éticos, aumento de la minuciosidad en la aplicación de un renovado sistema de integridad, así como el seguimiento de la labor de administración judicial, suponen avances en la búsqueda del Poder Judicial por generar mayores niveles de integridad. 

Corresponde al Poder Judicial actualizar el estatuto de la carrera judicial. Una tarea pendiente que ya está en curso. Mejorar los indicadores y el alcance del sistema de gestión de calidad de la administración de justicia. Así como impactar con mejores prácticas la gestión de recursos por resultados. Para esto es necesario optimizar la capacidad de medición, pues solo cuando se puede comprobar de manera concreta el funcionamiento del sistema es posible mejorar su operación.  

Otro elemento que pocas veces se ha jerarquizado y que impacta directa e indirectamente en la calidad ética y la integridad de todo sistema de justicia es el clima organizacional. El bienestar de su capital humano guarda relación con el modo en que los tribunales afrontan su trabajo. De ahí que el pasado 7 de enero planteáramos que la mora judicial es una enfermedad que afecta al sistema. Porque el impacto de la carga acumulada en quienes tienen la responsabilidad de atender los casos, además de denegar la justicia por tardanza, desanima a los operadores del sistema. La mora es un factor negativo que afecta el ánimo de la administración de justicia y de ahí su importancia para agregar sentido a la labor judicial.  

Generar la confianza de la sociedad dominicana en la Justicia y sus servidores no es tarea fácil. Los jueces toman decisiones que pueden ser poco simpáticas y hasta impopulares, pues se deben al Derecho y a la interpretación de las leyes. Estas no siempre se corresponden con los ánimos y humores de la sociedad. Sin embargo, de la entereza de los jueces y juezas en cada decisión y de la capacidad de comprobar la correcta aplicación de los principios y fuentes, resulta una relación de confianza saludable para el juego republicano. De ahí la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. La apertura de los tribunales, para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda tener acceso a las decisiones y a comprobar, en las motivaciones, la correcta aplicación del Derecho son vitales. 

Continuemos la buena labor abonando esa relación entre Justicia y sociedad. 

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