La pasada semana, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), varios líderes estatales plantearon sus posiciones frente a temas clave para la región y el mundo. El presidente dominicano, entre ellos, levantó una alerta sobre la importancia de fortalecer la democracia ante los nuevos riesgos que enfrenta a nivel global.
El deterioro de la democracia en América Latina y el Caribe es una cuestión que afecta directamente a los sistemas judiciales y a la confianza en las instituciones de nuestras naciones.
Es cierto que en América Latina y el Caribe, la crisis de confianza en la democracia es palpable. Según se muestra en el Latinobarómetro, el apoyo a los sistemas democráticos ha disminuido considerablemente en los últimos años, mientras que el respaldo a modelos autoritarios ha ido en aumento.
Valoro positivamente tanto el esfuerzo de la República Dominicana como del resto de países que se pusieron en la vanguardia de defensa de los principios democráticos.
Es necesario tener conciencia del significado del rol del presidente Abinader y la República Dominicana como referente de estabilidad democrática en un contexto en que populismos atentan de manera abierta contra las instituciones y libertades a nivel global.
No es posible pasar por alto que la democracia es fuerte cuando la ciudadanía puede percibir claramente los beneficios tangibles de la democracia en su vida cotidiana. Es por eso que se deben generar políticas que impacten positivamente a todos los sectores de la sociedad.
En el plano internacional, valoramos positivamente dos recientes iniciativas clave de la ONU: el Pacto para el Futuro y el Pacto Mundial Digital, ambos orientados a enfrentar los desafíos globales y locales desde una perspectiva inclusiva y sostenible.
El Pacto para el Futuro se centra en rediseñar la gobernanza mundial para abordar problemas globales como el cambio climático, la desigualdad, la paz y seguridad, y los derechos humanos. Este pacto busca reforzar la cooperación internacional, permitiendo que todos los países, independientemente de su tamaño o poder económico, participen en la toma de decisiones globales de manera equitativa.
Por su parte, el Pacto Mundial Digital establece un marco para la gobernanza tecnológica global, asegurando que la digitalización y la inteligencia artificial beneficien a todos. Entre sus principales compromisos están conectar a todas las personas a internet, garantizar la seguridad cibernética, especialmente para los niños, y crear una hoja de ruta para gobernar la inteligencia artificial a través de un diálogo internacional.
Sin embargo será sólo partiendo desde la realidad de cada país que la institucionalidad democrática puede realmente radicarse. Por eso, desde el Poder Judicial de la República Dominicana, estas preocupaciones tienen una relevancia directa en nuestra labor.
No solo compartimos la visión del presidente Abinader sobre la necesidad de fortalecer la democracia en toda la región, sino que reconocemos que el verdadero sostén de una democracia robusta es un Estado de derecho profundo. Esto significa construir seguridad jurídica en todos los niveles de la sociedad dominicana, garantizando la igualdad ante la ley y la eficacia de nuestras instituciones.
Avanzar hacia este Estado de derecho que permee toda la sociedad dominicana es, en definitiva, la única base sólida sobre la cual se puede construir una estabilidad política y económica duradera. Solo con una justicia independiente, imparcial y accesible para todos, podremos garantizar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la República Dominicana sea un lugar donde el respeto por la ley y los derechos prevalezcan en todos los aspectos de la vida social, económica y política.
Los próximos dos años serán decisivos tanto para nuestro país como para el mundo, ya que enfrentamos retos globales y locales que definirán el futuro de nuestras democracias y Estados de derecho. En este contexto de cambio acelerado, tanto a nivel nacional como internacional, es fundamental que nuestras acciones refuercen la seguridad jurídica y respondan a las demandas de la sociedad, contribuyendo no solo al bienestar interno, sino también al fortalecimiento de nuestras relaciones y compromisos globales. Cada avance que logremos en este periodo será crucial para construir un marco legal equitativo que refleje los valores compartidos por el país y el mundo.
