El Poder Judicial de la República Dominicana lleva casi 5 años acometiendo el proceso de transformación más amplio y participativo de su historia.
Por eso, la hora de plantearnos diseñar la justicia que queremos para los próximos diez años, nuestra metodología tiene que ser igualmente amplia y participativa. Debemos escuchar a todos, especialmente a los que mejor conocen la realidad de cada juzgado, porque trabajan día a día sobre el terreno.
Con ese objetivo, y con el apoyo técnico y acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vamos a recorrer el conjunto del país abriendo espacios de consulta y diálogo sobre el terreno.
No se trata solo de mirar el presente, sino de proyectar juntos un sistema de justicia que responda a las demandas futuras, con la participación activa de quienes mejor conocen la realidad de cada territorio: juezas, jueces, servidores judiciales, y todos los actores, incluso externos, que día a día acompañan la transformación del sistema.
El contacto directo con las comunidades judiciales nos permite tener una visión completa y precisa de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema. Escuchar sus perspectivas es esencial para identificar los desafíos críticos que enfrentamos y para anticipar los que surgirán en los próximos años.
Los insumos de este diálogo serán la base de nuestro Plan Estratégico Decenal, un ejercicio de planificación a largo plazo que ningún Poder Judicial de América Latina ha diseñado aún. Porque buscamos no solo solventar las carencias del pasado, sino también trazar un camino claro hacia el futuro, con un enfoque innovador y democrático.
Sabemos que los grandes planes solo son efectivos cuando se aterrizan en el terreno, y es por eso que estos encuentros son fundamentales para definir conjuntamente las prioridades y procesos que nos llevarán a la justicia del futuro.
El próximo 7 de enero, con ocasión de la celebración del Día de la Justicia, divulgaré algunas de las conclusiones de estos encuentros, y del Plan que nazca de ellos.
Este es por tanto un esfuerzo colectivo para transformar la justicia desde la base, con una visión clara: construir un sistema que se anticipe a los desafíos futuros, que sea sólido y duradero, y que tenga siempre a las personas como su centro. Ahora, y en los próximos diez años.
