El pasado 11 de agosto fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM-RD) para compartir sobre la experiencia del uso de las tecnologías en el Poder Judicial a raíz de la pandemia Covid19.
Con el mismo interés comparto las palabras para su lectura.
Los sistemas implementados para la emergencia y los aprendizajes sobre ellos, a partir de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores, nos permiten mirar con optimismo el futuro de la justicia dominicana. El uso de la tecnología tiene ventajas contundentes. Aumenta la transparencia, amplia las posibilidades de seguimiento y de gestión, incrementa el dinamismo de las áreas y tareas, permite acceso y trabajo simultáneo, eficientiza las gestiones. El proceso electrónico, desde el ingreso hasta que el ciudadano recibe, pasando por la firma digital, es más seguro y eficiente. Implica un rastro electrónico de todas las interacciones y una considerable reducción en los tiempos de análisis y trabajos hacia la decisión. Esas y otras ventajas no son propaganda, no son lecturas técnicas aisladas, lo hemos visto y vivido en primera persona las juezas, jueces, servidores y usuarios del sistema de justicia (que a fin de cuentas son los grandes beneficiarios).
En los últimos años dimos pasos fundamentales hacia la transformación del sistema de justicia, dotando a los operadores de equipos, herramientas y conocimientos necesarios para la eficiencia aprovechando las tecnologías. La mayoría de esas políticas mejoran nuestro trabajo, el servicio y son ganancia para la institución y el país.
Tuvimos que afrontar la difícil tarea de adaptación de once (11) departamentos judiciales. Ese gran trabajo de toda la familia del Poder Judicial merece ser reconocido. En una primera fase, se mantuvieron servicios mínimos para luego adaptar, de manera escalonada, la estructura de 662 tribunales.
Hoy la justicia digital tiene un camino recorrido y demostró que es posible mejorar las formas de hacer nuestro trabajo y facilitar la vida de abogadas y abogados. Pero, sobre todo, impactar en la eficiencia del servicio que debemos a la ciudadanía, que espera que sea diligente, confiable y eficiente.
Con todos los tribunales operando, totalmente abiertos en la presencialidad, el acceso virtual es una ventaja a la que debe tener derecho la sociedad dominicana.
Para el futuro trabajamos en ampliar y mejorar los servicios de justicia que ya brindamos. Poniendo el foco en las necesidades de los actuantes en justicia y la ciudadanía. Esto implica continuar expandiendo los sistemas tecnológicos y plataformas de servicio tanto en línea como presencial.
El Registro Inmobiliario, en su transformación digital, ha dado pasos en la profesionalización del personal, el lanzamiento de nuevos servicios digitales para facilitar la debida diligencia del trámite inmobiliario y la simplificación de requisitos.
Las medidas implementadas potencian servicios en línea y presenciales, solicitudes secretariales, fijación de audiencias, juramentación de abogados y estadísticas, reunidos en el denominado Servicio Judicial. No se trata de plataformas y aplicaciones, sino del cambio cultural. Las implementaciones no son leyes, no son tecnología: son una cultura de trabajo. No hay reglas que puedan determinar que el trabajo es más efectivo de una forma determinada. La reconfiguración hacia la eficiencia y la operación racionalizada del servicio de justicia conllevó que los colaboradores nos apropiáramos del uso intensivo de tecnología, teletrabajo y una nueva forma de comunicarnos. Al ir comprendiendo cómo convivir con la pandemia algunos se resisten y pretenden volver a lo anterior, sin comprender que ya esos elementos son ganancia y son parte de nuestra cultura de trabajo y del sistema. Son precisamente esos aprendizajes y destrezas obtenidas los que no tienen retorno y constituyen la transformación de la justicia dominicana.
Recuerdo una anécdota que en una hora difícil contara Winston Churchill ante el Parlamento. Era la historia de un marinero que había salvado a un niño de ahogarse. A los pocos días la madre del niño lo encuentra y le dice en vez de agradecer: “Al fin le encuentro. ¿Sabe usted dónde está la gorra de mi hijo?”. Hay gente que no comprende lo que sucedió con el mundo y en el Poder Judicial, no importa. La historia no se detiene, el progreso continúa. La eficiencia que el sistema de justicia necesita y la sociedad demanda, está siendo una realidad.
Es normal lo que sucede hoy. A la dificultad le siguen nuevos retos, siempre. Nos crecemos en las situaciones adversas. Y debemos tener conciencia de que las personas nos resistimos a los cambios. Lo natural es que pensemos que son riesgo y nos pueden afectar de modo negativo.
Pero las diferencias sobre la virtualidad tienen punto de llegada en reformas legales. Se trata de convencer, no vencer. Hace falta construir sentido conjunto, concertar (con la sociedad completa) el tipo de justicia que estamos construyendo. Debemos acordar la actualización de un marco jurídico para la agenda digital.
En lo que al Poder Judicial compete: cada obstáculo se corresponde con una mejora. En lo grande y en lo pequeño, este proceso debe y va a repensarse como sistema. Nada avanza hacia atrás. Si ayer necesitábamos adaptarnos a un marco mental diferente, hoy necesitamos uno radicalmente diferente. El mundo se mueve rápidamente y lo arcaico irá perdiendo legitimidad. Por eso es tan importante ceder y dar apertura a las nuevas formas de hacer y pensar.
El proceso en la Suprema Corte de Justicia, que antes era tedioso y complicado, por la necesidad de que cada expediente tuviera que pasar por cada despacho, hoy fluye de forma mucho más eficiente. El tiempo que se esperaba para ser estudiada, luego deliberada, y para ser firmada una decisión, era demasiado. El alto tribunal se convirtió en la punta de lanza de la transformación del sistema. Las magistradas y magistrados han logrado que el año pasado la Suprema Corte cumpliera su objetivo de despachar más expedientes de los que recibe. El coeficiente de solución es positivo. Según datos de la Secretaría General, entre junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron 8,304 recursos. En ese periodo la Suprema Corte de Justicia falló 11,637 casos. Hasta junio de este año se habían resuelto de manera definitiva 3,800 casos. La virtualidad y el trabajo remoto, que fueron integrados a las gestiones internas, permitieron mayor eficiencia operativa, ahorro de papel y recursos.
Respetamos las decisiones jurisdiccionales legítimamente adoptadas por los tribunales de la república, es nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Sin embargo, no debe caber duda, vamos a dotar al sistema y República Dominicana de una justicia oportuna, inclusiva, accesible y confiable. Hemos demostrado que se puede y vamos a lograr que el Poder Judicial cuente con una estructura que permita que la sociedad dominicana tenga la justicia que merece.
Es hora de que miremos al reto que tenemos delante como parte de un conjunto. Adaptarse al mundo que vivimos, a sus tiempos y prisas, a sus necesidades de respuesta, no puede ni va a ser resultado de voluntades aisladas. Estoy seguro de que es posible un servicio de justicia que provea decisiones de calidad y ajustadas al Derecho, con oportunidad. Que satisfaga las demandas de acceso y probidad a todas y todos y ponga a las ciudadanas y ciudadanos en el centro. Quiero terminar con un verso de Pablo Milanés que dice: “Cada paso anterior deja una huella/ que lejos de borrarse se incorpora”.
Miremos con optimismo el futuro de la justicia dominicana. Construyámoslo juntos.
En nombre de la República les deseo salud y Justicia.
Muchas gracias.
