A Magaly Pineda.
El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración establecida por la Organización de las Naciones Unidas para promover la participación en la sociedad y los derechos de las mujeres. El mes de marzo ha sido tradición en la lucha feminista desde 1914, cuando en toda Europa las mujeres salieron a protestar por la guerra y solidarizarse con la situación laboral de su sexo. El 25 de marzo de 1911 una fábrica textil fue quemada en Nueva York, muriendo todas las operadoras dentro, ya que las puertas de salida habían sido bloqueadas por orden del patrón. Este suceso trágico dio auge a la lucha y las condiciones laborales de las trabajadoras comenzaron a mejorar.
Aprovecho la oportunidad del 8 de marzo para abordar la temática que ha sido una preocupación latente desde los tiempos en que dirigí la Escuela Nacional de la Judicatura, puesto que la única manera de lograr una justicia efectivamente para todas y todos es la promoción de la participación de las mujeres de manera equitativa en los distintos niveles jurisdiccionales y espacios de tomas de decisiones del sistema de justicia.
El Poder Judicial ha avanzado sin duda en materia de género. Son notables las políticas y decisiones respecto a la promoción y aumento de la participación de las mujeres en su seno, así como para la asimilación de prácticas que impacten en una mayor equidad tanto en la operación interna, como en el trato digno de las mujeres que acuden a la justicia en busca de protección o resarcimiento. Sin embargo, estas distan de permitir una verdadera feminización del sistema de justicia.
Fue en 1997 cuando por primera vez entraron a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Las magistradas Ana Rosa Bergés, Eglis Margarita Esmurdoc y Dulce Rodríguez de Goris. La primera mujer presidenta de Sala fue la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. Entre 2012 y 2019 presidió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. En 2019 la magistrada Pilar Jiménez fue la primera mujer en presidir la Sala civil. Nunca una mujer ha presidido la Tercera Sala.
La presencia de mujeres en el Poder Judicial dominicano es mayor a la mitad. Es decir, de 7,514 empleados que conforman el personal jurisdiccional y administrativo en todo el país, 61.35% (4,610) son mujeres. Para 2014 el Poder Judicial contaba con 652 juezas y jueces distribuidos en todo el territorio nacional. De los 784 jueces a los que ha aumentado para 2021, 471 son mujeres, siendo el 60.1% de la totalidad. El incremento ha sido de 21.39% y conlleva un aporte significativo de mujeres, que pasaron de ser 388 a 471 juezas. En el caso de las posiciones administrativas los puestos son ocupados por unas 1,534 mujeres (el 53.21%) de 2,883. En el caso de los puestos en los tribunales de justicia los ocupados por mujeres ascienden al 67.69% (2,562).
Sin embargo, esta presencia cuantitativa no se condice con la situación de relevancia de los puestos de participación. Tampoco se corresponde con la influencia que pudieran tener las mujeres sobre el sistema, aunque esta haya mejorado de manera notable. Un ejemplo de esto es la cantidad de juezas de paz (71.76%) y primera instancia (62.35%), así como las Cortes de Apelación, donde las mujeres son el 53% y los hombres el 47%. Las presidencias de Cortes presentan una satisfactoria situación de paridad. Sin embargo, esta mejoría no es suficiente, basta mirar la composición de la Suprema Corte de Justicia, que para 2014 contaba con tres juezas. Hoy son cuatro magistradas y vale decir que lamentablemente nunca, ninguna mujer ha presidido el alto tribunal.
Sin embargo, un dato interesante de avance lo supone el aumento de la cantidad de mujeres en puestos de dirección, que de tres personas en 2014 ha aumentado a 12 directoras. Un 44% de los puestos de dirección del Consejo del Poder Judicial hoy en día son mujeres. Otro precedente de importancia es que la magistrada Nancy Salcedo es la primera jueza de carrera en formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
Muchos avances de la Justicia en materia de género corresponden a los trabajos impulsados por la Comisión para la igualdad de género, creada en 2007, y sus subcomisiones de trabajo. Su protocolo fue aprobado por la Resolución núm. 18/2016, del 12 de octubre de 2016. La operación de esta Comisión promueve la mejora de la situación de las mujeres y la adaptación de las estructuras y prácticas del Poder Judicial, la operativización de políticas tendentes a la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y su preparación para afrontar el rol judicial y de servicio. Además, la conformación de alianzas institucionales y la adopción de medidas basadas en los marcos jurídicos nacional e internacional para impactar en todo el accionar jurídico, administrativo y jurisdiccional.
Destaca la operación del Observatorio de Justicia y Género, creado el 19 de agosto de 2010, con la finalidad de dar seguimiento a las tendencias a través de sentencias y resoluciones para el análisis, a fines de plantear pautas de actuación en beneficio de la igualdad de género en el sistema. El mismo se encuentra actualmente en proceso de renovación y ordenamiento de su alcance y funcionalidad, para lograr un mayor impacto técnico y por ende en las políticas judiciales.
Por su parte, del total de las capacitaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura cabe destacar que un 65.48% han sido recibidas por mujeres y un 32.52% por hombres. Dicha institución ha impartido 1884 capacitaciones en materia de género a diferentes actores del sistema tanto del orden jurisdiccional como administrativo (hasta 2019). Sin embargo, solo el 20.70% de estas fueron a jueces del sistema.
En el año 2018 el Poder Judicial instaló 5 salas de lactancia maternas. Sin embargo, es debido reconocer que existe la necesidad de mayores medidas para conciliar los roles que culturalmente han hecho tendencia que las mujeres tengan mayor responsabilidad que los hombres en las labores domésticas y la crianza de los hijos.
Otra acción que genera un impacto positivo en todo el sistema es el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia. Una política que se enfoca directamente en la conciliación de las normas con la necesaria protección de las mujeres en casos de violencia machista. La Guía, preparada por la Comisión de Igualdad de género ha tenido un proceso de socialización y capacitación que pretende que todos los tribunales compartan criterios a la hora de manejar los casos de violencia de género, que son una tragedia insistente en todo el país y requieren voluntad y acciones para el trato preferencial de las mujeres víctimas para que prevalezca el principio de igualdad e integrar la perspectiva de género en el tratamiento de estos casos penales.
En la misma línea han ido las acciones con relación a los centros de entrevistas. El compromiso firme con generar mayor equidad e inclusión de las mujeres, como sector vulnerable, ha llevado a establecer un centro de entrevistas para víctimas y testigos en cada Departamento Judicial. Con ello se reduce la revictimización y el proceso traumático de revivir el calvario de las mujeres víctimas. No conformes aún, el protocolo para el manejo de casos supone ampliar la cobertura para que cualquier tribunal del país pueda aplicar entrevistas, ampliando el alcance de este servicio, que además de víctimas de violencia machista incluye otras situaciones de vulnerabilidad.
Feminizar la justicia es un reto a gran escala.Supone hacerla más humana y menos mecánica, capaz de superar, en forma y fondo, las barreras de acceso, relaciones asimétricas, las formas sutiles y concretas de violencia que son patentes en la generalidad de la organización social. Por eso hace falta un compromiso de todos los actores del sector justicia, incluyendo un ejercicio del Derecho con perspectiva de género, así como su incorporación transversal en el sistema de justicia. Ya que este tiene un rol relevante en la arquitectura de las relaciones sociales y la convivencia.
Si bien la cuestión ha mejorado en lo cuantitativo, en las políticas y capacitaciones, como también en cuanto a la influencia de las mujeres en posiciones directivas, estamos lejos de cubrir la brecha de factor cultural que existe entre ambos sexos. La integralidad del Poder Judicial, así como del sistema de justicia y de nuestra sociedad, requiere un trabajo con los estereotipos, prejuicios y tendencias a la discriminación que afecta el proceder de la generalidad de juezas, jueces y servidores.
