El financiamiento del servicio de educación en República Dominicana es una cuestión de poder, como se deduce de la lectura del informe de desarrollo humano 2008, el estudio sobre política social de este año y, más reciente, el denominado informe Attalí sobre la estrategia nacional de desarrollo. Por eso han transcurrido trece años desde que se promulgara la ley de educación sin que haya habido voluntad de cumplirla.
Eso explica también el poco esfuerzo de las autoridades por mejorar la educación nacional, a pesar de que tal cosa ha sido demandada en el diálogo nacional, la cumbre de las fuerzas vivas, el foro presidencial por la excelencia en educación y el plan decenal de ese sector así como por empresarios, gremios, intelectuales, académicos y el liderazgo religioso que han referido la relación entre la cobertura y calidad del servicio de educación con aspectos que van desde el desarrollo humano, la integración social y el modelo de desarrollo económico y social hasta la competitividad y la seguridad ciudadana.
El éxito del movimiento social en ascenso—que procura revertir la actitud displicente que hacia este compromiso nacional ha mostrado la clase política—consiste, precisamente, en que representantes de sectores sociales de la clase alta, media y media baja han logrado colocar el tema como reclamo de toda la sociedad y están comenzando a propiciar un rebalanceo de poder que favorece a los grupos y estamentos sociales más vulnerables, que son justamente los que tienen menos poder, los que más urgen de una reestructuración del sistema educativo y, en general, del gasto público.
Este movimiento puede tener un impacto considerable en la cultura de formulación de políticas públicas en el país. Debemos prestar atención a lo que está sucediendo y aprender de ello.
Publicado en Santo Domingo, fecha 8 de diciembre de 2010, ver publicación en perspectiva ciudadana
