Palabras: "UNA JUSTICIA AL DÍA: PUENTE Y ESCUDO DE LA DEMOCRACIA DOMINICANA"
APERTURA Y SALUTACIONES
Muy buenos días:
Ciudadanos presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos Polanco, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
Honorables legisladores y legisladoras,
Compañeras y compañeros magistrados de la Suprema Corte de Justicia que me acompañan.
Servidores judiciales, miembros de la prensa y público presente.
INTRODUCCIÓN:
Acudimos nueva vez a este recinto sagrado de la soberanía nacional, investidos del profundo respeto que nos inspira la institucionalidad democrática.
Nuestra presencia en esta casa de la democracia, consolida una práctica que fortalece la República: la de un Estado donde los poderes públicos operan como pilares de un mismo edificio democrático, que dialogan y cooperan armónicamente para responder con eficacia y celeridad a las justas demandas del pueblo dominicano.
Nos sentimos agradecidos por el respaldo histórico que este Congreso ha brindado a la modernización de la justicia. Y por eso venimos, con gran satisfacción, a mostrar los resultados de ese respaldo: lo que fue compromiso, hoy es realidad.
Estamos convencidos de que el fortalecimiento del Estado de Derecho amerita un puente de diálogo franco, uno que conecte los puntos en común.
Porque la transformación judicial no es un fin en sí mismo, sino el medio para materializar la promesa constitucional de una justicia pronta, humana y confiable, que garantice la dignidad de las personas… algo a lo que todos aspiramos.
Venimos hoy a compartir los frutos cosechados, pero, sobre todo, a trazar la ruta de los desafíos que aún tenemos por delante y que requieren del concurso soberano de este poder del Estado.
Una justicia eficiente y sin mora
Durante los últimos años, el Poder Judicial ha abrazado una visión clara:
“Una justicia al día, centrada en las personas, garante de la dignidad, la libertad y la igualdad.
Una justicia que esté al alcance de todos, libre de exclusiones y libre de barreras.
Los resultados de esta visión compartida ya son palpables: gracias a la audacia legislativa de este Congreso al aprobar la Ley núm. 2-23 sobre Procedimiento de Casación, logramos erradicar la mora histórica en la Suprema Corte de Justicia.
Hoy, el 90% de los casos se resuelve en un año o menos, con plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo del país.
El tiempo promedio de tramitación pasó de 707 días a solo 27. Esta es la prueba fehaciente de que las buenas leyes, aplicadas con rigor, cambian vidas.
Hoy más que nunca la seguridad jurídica del país se consolida gracias al interés casacional, que le ha dado el verdadero sentido a la Suprema Corte de Justicia: asegurar que todos los tribunales de la República decidan de forma coherente y previsible, de acuerdo con los criterios consolidados por esta alta corte.
Esa cultura de eficiencia se viene expandiendo por todo el territorio nacional. Nos enorgullece anunciar que, al cierre del 2025, más del 80% de los tribunales del país se encontraban al día.
Estamos dando grandes pasos para dejar atrás, de manera definitiva, el lastre de la mora y dar paso a una justicia contemporánea y predecible.
Transformación digital e infraestructura digna
En materia de innovación, apoyados en la Ley de uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, consolidamos una plataforma que opera en todos los tribunales, con más de 33 mil usuarios registrados.
De esta manera, continuamos cumpliendo el objetivo que expusimos ante ustedes hace un año: extender de manera progresiva la justicia digital.
Hoy el acceso digital ya no es una experiencia limitada o excepcional, sino una capacidad institucional consolidada, que amplía oportunidades, reduce tiempos y acerca la justicia a la ciudadanía.
Hemos implementado el expediente digital a nivel nacional, bajo un innovador sistema para la gestión de casos y hemos superado los cinco millones de documentos firmados digitalmente.
Somos hoy pioneros regionales en el uso de herramientas digitales que simplifican el acceso al ciudadano y transparentan cada fase del proceso.
En el ámbito de la infraestructura también tenemos mucho que celebrar. Lo que el año pasado era una promesa, hoy es una realidad tangible: la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
Con ello, dimos cumplimiento al compromiso que asumimos ante este Congreso en abril del año pasado, de poner en operación esa obra en el segundo semestre de 2025.
Hemos dejado atrás la precariedad de los furgones, para dar paso a espacios modernos, dignos y accesibles, que benefician a cientos de miles de ciudadanos, con modernos equipos, salas dignas para audiencias presenciales y áreas especializadas para la atención a grupos vulnerables.
De igual forma, el Registro Inmobiliario ha continuado su consolidación, siendo eje vital del Plan Nacional de Titulación, y otorgando seguridad jurídica sobre la tierra a cientos de miles de familias y empresas dominicanas.
Y porque entendemos que una justicia transparente es una justicia confiable, nuestra política de datos abiertos, materializada en el Observatorio del Poder Judicial, consolida nuestro deseo de ser un libro abierto para la sociedad.
Hemos logrado la máxima calificación de 100 puntos en el Índice de Transparencia del Estado.
Además, la ciudadanía puede hoy consultar la jurisprudencia y saber cómo fallan nuestros tribunales, a través de la JURISTECA, un servicio de la Escuela Nacional de la Judicatura, que cuenta ya con más de 450 mil decisiones en línea.
Visión de futuro y liderazgo regional
Honorables legisladores y legisladoras:
Estos logros no son coyunturales ni improvisados. Son los cimientos sobre los cuales seguiremos edificando. Por eso, pusimos en marcha el Plan Decenal "Justicia del Futuro 2034″.
Nuestra hoja de ruta, fruto de un amplio consenso nacional, que guiará los pasos de la justicia dominicana durante la próxima década, para consolidar una justicia centrada en la dignidad humana.
Agradecemos de manera especial a las senadoras y senadores, así como a las diputadas y diputados, que participaron activamente en las consultas que dieron forma a este Plan Decenal y que también nos han acompañado en los encuentros regionales que impulsamos para su despliegue e implementación.
La agenda legislativa impostergable
Para que esta transformación sea irreversible, necesitamos seguir trabajando coordinadamente con este Congreso Nacional. La modernización requiere ahora de una base normativa que proyecte nuestro sistema hacia el futuro.
Por ello, solicitamos su apoyo para el impulso y aprobación de iniciativas legislativas que resultan impostergables. Y así como acudimos ante ustedes para pedir su respaldo, ponemos también a disposición de este Congreso Nacional toda la capacidad técnica del Poder Judicial, a fin de acompañar el estudio, la discusión y el perfeccionamiento de estas reformas, con el rigor institucional que demandan los intereses de la República.
En primer lugar, la modificación de la Ley 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales, sometida por la Suprema Corte de Justicia en octubre del año 2025.
Saludamos que esta iniciativa haya avanzado recientemente en el trámite legislativo, al ser aprobada por el Senado, lo que confirma que la modernización de la justicia cuenta también con respaldo institucional y visión de Estado.
La relevancia de esta reforma es concreta y estructural. Con ella se consolida la tramitación digital como regla de eficiencia, sin cerrar nunca las puertas de la presencialidad para quien la necesite.
Se fortalece también la autenticidad y seguridad de los actos judiciales mediante la ampliación del uso de la firma digital, que será provista de manera gratuita por el Poder Judicial, a auxiliares y actores de la justicia.
Con igual relevancia, esta propuesta incorpora mecanismos de trazabilidad para las notificaciones, incluyendo soporte georreferenciado en las diligencias de alguaciles, lo que nos permitirá decir adiós a las molestas notificaciones en el aire.
Por último, el proyecto ofrece mayor claridad y control a las partes sobre la celebración de audiencias virtuales, preservando siempre sus derechos y la facultad del tribunal para decidir la modalidad más adecuada en cada caso.
Otro anteproyecto de gran importancia para este Poder del Estado es la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es una necesidad imperante dotar de mayor flexibilidad organizativa e independencia funcional a nuestro sistema. Necesitamos una reforma, que además de unificar la enorme cantidad de leyes dispersas, establezca las directrices que permitirán llevar a la justicia dominicana a niveles de eficiencia sin precedentes.
Otra reforma necesaria es la Ley de Simplificación de Procesos Judiciales. Una pieza legislativa vital para desburocratizar el sistema, reducir procedimientos que resultan innecesarios y agilizar de manera drástica los trámites en los tribunales, lo que se traducirá en ahorro de recursos y mayor satisfacción ciudadana.
Por último, se hace necesario actualizar la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Esta ley, vital para el clima de inversión, simplificará los procesos de los órganos que conforman el Registro Inmobiliario e instituirá la carrera registral para blindar la idoneidad técnica e independencia de sus operadores.
La aprobación de estas reformas supondrá un salto cualitativo hacia una justicia más expedita y también de mejor calidad, que responda en tiempo oportuno a los ciudadanos y garantice una tutela judicial verdaderamente efectiva, libre de formalismos excesivos que retrasan la paz social.
Honorables representantes de la Nación:
Dejemos de ver la justicia como un ideal lejano. Es ya una obra en marcha que necesita de nuestras manos, de nuestra serenidad y de nuestro coraje institucional para avanzar.
Les garantizo que su respaldo a estas reformas estructurales tendrá eco mucho más allá de los tribunales. Hará sostenible el desarrollo económico, atraerá la inversión y garantizará la paz social y la seguridad jurídica.
Aprovecho para invitarles personalmente a acompañarnos los días 9, 10 y 11 de abril en la Conferencia del Poder Judicial. En ese espacio podremos dialogar, analizar y proponer las reformas que necesitamos.
Cuando los poderes del Estado actúan unidos por el bien común, la democracia se engrandece y la dignidad humana prevalece.
Sigamos construyendo juntos una justicia al día.
Una justicia que protege.
Una justicia que construye país.
Muchas gracias.
