Palabras de apertura
Acto Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
¡Una sociedad justa es aquella que garantiza a sus mujeres una vida
libre de miedos!
Muy buenos días a todas y todos.
Permítanme extender
un saludo fraterno y respetuoso
a todas las juezas y todos los jueces
del Poder Judicial.
De manera especial a mis compañeras y compañeros
de la Suprema Corte de Justicia;
y, muy particularmente, a la Magistrada Nancy Salcedo,
Coordinadora de la Comisión de Justicia
y Género del Poder Judicial
y en su persona,
a todos los integrantes
de dicha Comisión.
Saludo con profundo aprecio a los representantes de los
poderes del Estado, Organismos Internacionales
y al cuerpo Diplomático aquí presente;
A los conferencistas nacionales e internacionales,
a los abogados y al público en general.
A todas y todos muchas gracias por estar aquí.
Nos reunimos hoy para conmemorar una fecha
que nos toca profundamente como sociedad y como nación.
Cada 25 de noviembre, el mundo recuerda
a las Hermanas Mirabal.
Tres mujeres dominicanas
que pasaron a representar
algo más grande que ellas mismas:
Un símbolo de libertad, igualdad, dignidad y resistencia,
frente a la violencia y la opresión.
Su sacrificio
nos recuerda que la lucha
por la libertad y por la vida digna
es también una lucha
por la justicia.
Dentro del marco
de esta conmemoración,
les invito a mirar de frente
una realidad que nos duele
y que, lamentablemente,
aún persiste.
La violencia contra las mujeres
es una manifestación
de la desigualdad
y una violación directa
de los derechos humanos.
Es una herida
que atraviesa generaciones
y que exige del Estado,
y en particular,
del sistema de justicia,
una respuesta firme,
humana y constante.
Ningún país, que se considere democrático,
puede lograr plena estabilidad
y desarrollo, si la violencia contra la mujer está
normalizada en su cultura.
El sufrimiento que este flagelo genera,
destruye o lacera la vida
de cientos de mujeres
en República Dominicana
e impacta negativamente
a familias, comunidades
e instituciones públicas, afectando la confianza social
y limitando el ejercicio pleno
de derechos.
El Poder Judicial asume
con responsabilidad
su parte en esta tarea.
Nuestra misión va más allá
de dictar sentencias:
nos corresponde proteger,
sancionar y reparar,
pero también,
prevenir y educar.
La justicia debe contribuir
a eliminar las causas estructurales
de la violencia.
La República Dominicana
dio un paso importante con la promulgación de la Ley 24-97,
que incorporó al Código Penal
los delitos vinculados
a la violencia intrafamiliar
y contra las mujeres.
Pero sabemos que las leyes,
por sí solas,
no cambian las realidades.
Hasta que las leyes no se cumplen
en la vida cotidiana
son solo una promesa.
Por eso las juezas y los jueces
tenemos un gran desafío:
transformar esas promesas
en realidades tangibles,
para que cada mujer
que necesite protección
encuentre en el Estado
una respuesta oportuna,
que permita cerrar
el ciclo de la violencia.
Esa respuesta
no puede ser sólo de represión.
Tenemos que reeducar,
transformar la cultura masculina
de la violencia,
en una cultura masculina
de tolerancia, comprensión
y armonía.
Los estudios de nuestro
Observatorio del Poder Judicial
revelan la magnitud de esta tarea.
Los casos relacionados
directamente con violencia
representan un 55%
de lo que ingresa en materia penal,
y de estos,
el 36% corresponde a violencia
de género e intrafamiliar.
Estas cifras
no son solo estadísticas;
son un mapa que
nos permite dimensionar
el problema,
tomar decisiones informadas
y ejecutar acciones que mejoren,
constantemente,
el servicio de justicia.
Quiero dirigirme a las mujeres
que han sufrido violencia,
a las que hoy nos escuchan
y a las que no han podido hacerlo,
quiero decirles con toda claridad:
estamos con ustedes,
las escuchamos
y nos comprometemos
a seguir trabajando
para que su camino hacia la justicia
sea cada vez
más fácil y accesible.
Cada paso que damos
para asegurar un trato digno
en nuestras sedes judiciales
es un paso que honra
la memoria de las víctimas
y fortalece la confianza
en las instituciones.
Por eso, nuestro trabajo se enfoca
en una narrativa de transformación institucional:
Hemos implementado
mejoras significativas
para que las órdenes de protección
se dicten con mayor rapidez.
Logramos reducir el tiempo promedio
de respuesta en un 72%,
al pasar de 12 días a sólo 3, lo que representa
una diferencia vital entre la seguridad y el riesgo
de miles de mujeres.
Nuestros equipos de atención
reciben formación constante
en perspectiva de género
y derechos humanos.
Porque una justicia imparcial
debe ser, ante todo, una justicia
empática e informada.
Hemos impulsado
la digitalización de procesos
y la mejora de sistemas
de alerta temprana, asegurando que la tecnología no sea un obstáculo,
sino un puente hacia la protección oportuna.
El acceso a la justicia
no es un privilegio;
es un derecho humano inalienable
que se debe ejercer
sin miedo y sin obstáculos,
sin importar género,
situación económica,
situación migratoria
u otras similares.
La lucha contra la violencia
no empieza ni termina
en los tribunales.
Requiere la acción conjunta
de la sociedad:
de las familias,
las escuelas,
las comunidades,
los medios de comunicación
y las iglesias.
Cada uno de nosotros tiene
la responsabilidad de educar
para prevenir,
de desafiar los patrones culturales que han normalizado la violencia
y romper el silencio
cuando ocurre cualquier forma
de maltrato.
Desnormalizar
la cultura de violencia
es la única vía para establecer una cultura de paz.
Esta lucha también nos interpela a nosotros, los hombres,
a asumir con responsabilidad
nuestro papel como aliados
en la construcción
de una sociedad más igualitaria
y libre de violencia.
La masculinidad más fuerte
no es la que domina, sino la que protege, respeta
y promueve la igualdad.
Nuestro compromiso institucional
se refleja en cada decisión,
en cada reforma que emprendemos,
y en cada política que prioriza
la dignidad humana.
Una justicia que no defienda la vida y
la integridad de las mujeres
no puede llamarse
verdaderamente justa.
Hoy, al recordar a las Mirabal,
recordamos también a todas las mujeres
que siguen enfrentando la violencia en sus múltiples formas.
Que este día no sea solo un acto simbólico,
sino el sello de un pacto vivo y firme entre instituciones
y ciudadanía.
Un pacto por la vida, por la igualdad y por la paz.
Muchas gracias.
