La pasada semana compartí un almuerzo organizado por la Revista Mercado a su ya tradicional Top Lawyers Lunch. Estos encuentros, que reúnen a firmas de abogados, departamentos legales de empresas y líderes de la comunidad jurídica, tienen un valor enorme porque permiten tender puentes entre el Poder Judicial y quienes día a día interactúan con él desde la práctica profesional y empresarial.
En esa ocasión quise transmitir un mensaje sencillo, pero profundo: la justicia no puede organizarse para la comodidad de jueces, abogados o funcionarios. La justicia existe para servir a las personas. Lo mismo que una firma prestigiosa debe preocuparse más por la experiencia de sus clientes que por la opinión de sus colegas, el Poder Judicial debe organizarse pensando en la dignidad de quienes acuden a resolver un conflicto. Y en este tiempo de cambio civilizatorio, esa dignidad pasa inevitablemente por el acceso digital.
Nuestra travesía ha sido intensa. Lo que empezó como una innovación tímida en medio de la pandemia (audiencias virtuales, expedientes electrónicos, notificaciones en línea) hoy es práctica cotidiana. Todos los expedientes que llegan a los jueces lo hacen de manera digital y en jurisdicciones como la del Distrito Nacional, más del noventa por ciento de los trámites ya se realiza en línea. El portal de Acceso Digital, que cuenta con más de quince mil usuarios registrados entre abogados, ciudadanos y entidades, se ha convertido en la nueva puerta de entrada a la justicia. Esa mudanza del papel a la nube no es un detalle tecnológico: es una revolución en la forma en que concebimos el servicio.
He recordado muchas veces la frase de Manuel Castells: “la exclusión digital es exclusión social”. Por eso, mientras impulsamos el acceso en línea, también mantenemos espacios de acompañamiento presencial, interfaces accesibles y servicios diseñados para personas con discapacidad o barreras lingüísticas. Digitalizar no es sustituir, sino ampliar y garantizar derechos. Y al mismo tiempo, hemos avanzado en la desjudicialización de procesos que no requieren un juez, como la prenda sin desapoderamiento o la rectificación de actas, reduciendo la carga en los tribunales y permitiendo que se concentren en resolver verdaderos conflictos.
Todo esto forma parte de una visión más amplia que hemos llamado Plan Justicia del Futuro 2025-2034. Una hoja de ruta que busca no solo modernizar procesos, sino redefinir el papel de la justicia en la sociedad. En ella, la apertura es esencial. La justicia del siglo XXI no puede ser opaca. Por eso hemos creado herramientas como la Juriteca y el Observatorio Judicial, que ponen a disposición del público leyes, jurisprudencia y estadísticas actualizadas. Y por eso celebramos este año la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, que concluyó con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso regional que vincula transparencia con democracia.
Pero si algo quise destacar en el almuerzo es que la justicia no es solo un servicio público: es también una infraestructura del desarrollo. Los países que logran resolver conflictos con rapidez y previsibilidad son los que atraen inversiones, generan empleo y sostienen crecimiento. El interés de la República Dominicana en incorporarse a la OCDE, expresado por el decreto presidencial 408-25, se apoya precisamente en esta idea: que la fortaleza institucional, la seguridad jurídica y la justicia digital son parte de nuestra carta de presentación al mundo.
Richard Susskind, experto en transformación de los tribunales, suele decir que la justicia en línea no es simplemente trasladar lo que hacíamos al formato digital, sino repensar los recorridos de servicio desde la perspectiva del usuario. Son ideas que refuerzan nuestra convicción: la transformación digital no es un accesorio, sino el núcleo de la legitimidad en este tiempo.
En este camino, el papel de los abogados y de las firmas es decisivo. Ellos son la primera línea de contacto con quienes necesitan justicia. Su capacidad de detectar fricciones en los procesos, de proponer mejoras en el portal digital, de usar la Juriteca y el Observatorio para fundamentar mejor sus argumentos, o de acompañar a sus clientes en la transición hacia la justicia en línea, es insustituible. También pueden contribuir en la discusión de estándares, en la simplificación de trámites y en la construcción de confianza. El futuro de la justicia no se construye solo en los tribunales: también se moldea en los despachos, en las aulas universitarias y en la asesoría cotidiana a ciudadanos y empresas.
Viéndolo en retrospectiva, lo que parecía una transición tecnológica se ha convertido en una transformación ética. Hemos pasado del papel a la nube, pero también de una justicia centrada en el expediente a una justicia centrada en la experiencia de las personas. Y esa travesía no la podemos hacer solos. Necesitamos a los abogados y abogadas, a las empresas, a las universidades, a toda la sociedad.
Por eso agradezco profundamente el espacio de Revista Mercado y de la comunidad jurídica reunida en el Top Lawyers Lunch. Igual que en sus despachos la confianza del cliente lo es todo, para nosotros la confianza de la ciudadanía es el bien más preciado. Construirla no es un acto individual, es un esfuerzo compartido. Si seguimos este camino con visión ética, apertura y compromiso, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea una fuente de confianza y prosperidad compartida.
