La formulación de que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho artículo 7 de la Constitución reformada en 2010 complementada con la definición de la función esencial del Estado (artículo 8 ) como la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, constituye un paso de avance en nuestras definiciones fundamentales como nación.
Una definición de esta naturaleza obliga a la elaboración de políticas públicas y programas de actuación gubernamental coherentes con los fundamentos constitucionales definidos.
La Estrategia Nacional de Desarrollo hacia 2030, definida por un conjunto de actores sociales, políticos, económicos e institucionales a raíz de una cumbre de estos sectores convocada por el Poder Ejecutivo, constituye otro paso en la dirección correcta.
Es la correcta articulación entre políticas y programas sociales con una política económica que promueva la equidad, la competitividad y el desarrollo de las capacidades productivas en un marco jurídico y político que respete y fomente los derechos individuales lo que va a permitir que nuestra sociedad elimine, en una generación, los graves problemas de los déficit sociales y económicos que han sido señalados como trabas al desarrollo humano en nuestra sociedad.
A tono con estos principios y la pertinencia de la política social y económica para el desarrollo humano, la oferta programática que ha ido esbozando hasta el presente Danilo Medina hace énfasis en las políticas destinadas a superar la pobreza e impulsar el desarrollo. El análisis de las ofertas electorales y sus fundamentos se impone como una necesidad de la hora si queremos elegir adecuadamente.
Publicado en Santo Domingo, fecha 3 de agosto de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
