La pasada semana acogimos en Santo Domingo la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta. Han sido dos jornadas que quedarán en nuestra memoria institucional, no solo por la calidad de las intervenciones y la diversidad de voces convocadas, sino por el clima de esperanza compartida que se respiraba en cada palabra y en cada gesto.
Santo Domingo se convirtió así en punto de encuentro para jueces, académicos, legisladores, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil de 21 países que llegaron para reflexionar juntos sobre el futuro de la justicia. La inauguración contó con la presencia del presidente Luis Abinader, del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, y de la doctora Milagros Ortiz Bosch, a quien rendimos un merecido homenaje por su trayectoria en favor de la transparencia.
También participaron líderes internacionales como Álvaro Herrero y Adna Karamehic-Oates, en representación de la RIJA y la OGP, recordándonos que la apertura no se construye en soledad, sino en comunidad.
Al dar la bienvenida recordé una convicción que nos guía: no hay justicia sin verdad, ni verdad sin transparencia. En un tiempo en que los hechos muchas veces parecen ceder ante las percepciones, ¿qué otra opción tenemos que no sea abrir las puertas de la justicia, transparentar su quehacer y ofrecer confianza a la ciudadanía? Por eso nos reunimos: para reconocer que la justicia abierta ya no es un ideal lejano, sino una urgencia de nuestro presente.
La República Dominicana ha decidido dar pasos firmes en esa dirección. El país ha avanzado con decisión en la agenda de Estado Abierto, gracias al impulso del Poder Ejecutivo, al compromiso de múltiples instituciones, y al diálogo franco con la sociedad civil y la comunidad internacional. En este contexto, el Poder Judicial reafirma hoy su rol como aliado estratégico de la apertura institucional, convencido de que un Estado democrático solo puede sostenerse sobre instituciones que rindan cuentas y que tengan la confianza de su ciudadanía.
Así lo muestran iniciativas como la Juriteca, el Observatorio Judicial o el Tablero de Transparencia. Todas ellas son parte de un mismo empeño: acercar la justicia a la gente, rendir cuentas y abrir un espacio donde las personas sean protagonistas y no simples espectadoras. Hemos reducido la mora judicial, hemos ampliado el acceso digital, hemos apostado por la transparencia.
Pero como bien cantaba Pablo Milanés, “no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé”. Y si no es perfecta, ¿no tenemos acaso el deber de seguir preguntándonos cómo garantizar que la justicia esté siempre al día, sea accesible y responda verdaderamente a la dignidad de las personas?
Uno de los momentos más significativos de esta conferencia fue la firma de la Declaración de Santo Domingo por la Justicia Abierta, un documento que no se queda en palabras, sino que establece compromisos claros y medibles. Nos hemos propuesto impulsar políticas de justicia abierta con metas, indicadores y presupuestos definidos de manera participativa, fortalecer las capacidades de nuestras instituciones y movilizar recursos (nacionales e internacionales) para proyectos innovadores en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La Declaración también reafirma que el conocimiento técnico, el diálogo con la sociedad civil y la inclusión de grupos históricamente marginados no son añadidos opcionales, sino la esencia misma de un sistema de justicia moderno y legítimo.
Con esta visión, los países de la región acordamos promover marcos normativos que sostengan estas políticas en el tiempo, alentar la medición independiente de los avances y fomentar la cooperación regional a través de redes de intercambio de experiencias, buenas prácticas y formación conjunta.
Para asegurar que este compromiso no quede en el papel, la Declaración establece un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA), integrado paritariamente por poderes judiciales, sociedad civil y organismos internacionales. Este comité tendrá la responsabilidad de coordinar la implementación de la agenda, convocar diálogos regionales, publicar informes anuales de avance y facilitar la movilización de recursos y la asistencia técnica. Así, dotamos a este pacto de un mecanismo concreto de seguimiento, convencidos de que solo con continuidad, vigilancia y colaboración podremos sostener el impulso y transformar nuestras instituciones.
Por supuesto, la gran pregunta que nos llevamos de esta semana, la que quiero dejar abierta al espíritu de colaboración que aquí hemos vivido, es esta: ¿hacia dónde debemos ir juntos para que la justicia del futuro sea más humana, más equitativa y más generadora de confianza? La respuesta la iremos dando colectivamente, siguiendo el camino que empezó en esta conferencia.
