Conmemoración del 40 aniversario de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC
Dra. Elena Villela. Presidenta de la Junta de directores
Licda. Rosangela Sánchez. Rectora Interina
Decano Alejandro Moscoso Segarra, a quien agradezco la invitación a este encuentro,
Licda. Rosa Fernández. Directora de la Escuela de Derecho.
Autoridades académicas de la Universidad APEC
Integrantes del cuerpo docente,
Estudiantes, profesionales del derecho,
Invitados especiales, amigas y amigos:
Celebrar los 60 años de APEC y los 40 de su Escuela de Derecho esmás que conmemorar una trayectoria: es reconocer el aporte constante de una institución que ha formado generaciones. Es, también, actualizar el compromiso compartido. Pues academia e instituciones tenemos una misión continua ante la sociedad y debe darse en conjunto.
Participar esta noche en un acto tan significativo es un honor personal, pues estamos en el auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib, un gran amigo de infancia de mi padre. Un humanista que estuvo 16 años al frente de la transformación de esta institución, liderando su paso de instituto a universidad. También es una oportunidad colectiva para reflexionar sobre lo que significa construir un sistema de justicia a la altura de nuestra época y preparado para el futuro.”
En este escenario, tenemos la oportunidad luminosa de reflexionar juntos sobre nuestro sistema de justicia. Y lograr alimentar el necesario punto de encuentro entre pensamiento, conocimiento y servicio público. Y es que tanto la Universidad APEC como el Poder Judicial, tenemos conciencia de que cuando academia e instituciones se escuchan, se entienden y se desafían mutuamente, se genera un valor en la sociedad que supera a ambas.
Por eso agradezco y a la vez exalto la invitación a participar aquí, pues resultará en un abono a ese gran propósito común de lograr una justicia que sirva a las personas, que transforme su entorno y que no pierda de vista su sentido profundo.
Hoy quiero hablarles con sinceridad sobre el momento que vive nuestro sistema de justicia. Lo haré desde una perspectiva amplia y comprometida que integra lo institucional y lo técnico, pero también desde el punto de vista de los valores y principios éticos que sustentan e impulsan esta transformación y le dan un profundo significado político.
Y es que, modificar las estructuras de la justicia, en nuestro caso, ha sido más que introducir herramientas; ha sido preguntarnos para qué y para quién transformamos. Y la respuesta que hemos encontrado se resume en un compromiso por una justicia que pone a la persona en el centro.
A todos nos forman en los saberes técnicos del derecho, pero es necesario expandirlos hacia una comprensión estratégica y humanista de la justicia. Integrar lo jurídico, lo ético, lo organizacional y lo científico. Esto sirve para observar cómo otras disciplinas, como la biología, la física, la química, pueden ayudarnos a pensar el derecho desde la perspectiva de los sistemas vivos.
Así como los científicos descomponen y rediseñan organismos complejos para resolver un desafío, también nosotros, en una realidad compleja, debemos comprender a fondo nuestras instituciones para transformarlas con propósito.
Esta nueva cultura tiene un nombre y un marco conceptual: I‑Justicia, un paradigma iberoamericano que sintetiza tres dimensiones fundamentales: eficiencia digital, ética crítica y centralidad de la persona. Esta visión no surge de la nada. Se viene construyendo desde hace casi dos décadas en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, desde la formulación de la E‑Justicia en 2006 —en la ciudad de Santo Domingo—, pasando por la X‑Justicia como correctivo ético, hasta llegar a la consolidación de la I‑Justicia, en la Vigésimo segunda Cumbre celebrada recientemente en nuestro país, cerrando así un ciclo de casi 20 años de maduración.
La “I” representa Iberoamérica, y también, inclusión, integridad, institucionalidad e innovación con propósito. Pero también puede evocar igualdad, imparcialidad, inteligencia institucional, interoperabilidad, interconexión e introspección. Cada uno de estos conceptos sintetiza valores y principios que deben guiar esta transformación. Igualdad como garantía efectiva de derechos. Imparcialidad como base de la confianza ciudadana. Inteligencia institucional como capacidad de aprender y adaptarse. Interconexión como articulación de saberes, actores y jurisdicciones. Interoperabilidad como fluidez entre sistemas, procesos y personas. E introspección, porque una justicia que no se cuestiona a sí misma corre el riesgo de servir más a su inercia que a la sociedad.
La i-Justicia no es solo digitalidad o inteligencia artificial: es una nueva cultura judicial que se pregunta constantemente a quién sirve, cómo escucha y con qué impacto transforma.
Como dicen los abogados litigantes, “fijaos bien” honorables magistrados y colegas abogados, durante décadas, el modelo judicial dominicano se organizó de manera vertical, alejada y lenta. La transición hacia un sistema democrático, abierto, eficiente y cercano ha implicado una transformación compleja, que no responde a una moda ni a una urgencia, sino a una visión. Esta evolución se ha sostenido sobre los principios de la I‑Justicia, y está orientada a garantizar que el ejercicio del derecho cambie verdaderamente en nuestro país.
En esa dirección, la justicia dominicana ha optado por una lógica de continuidad estatal. Nos apoyamos en los avances del pasado, sumamos esfuerzos diversos y proyectamos el futuro desde una idea clara: la dignidad de las personas debe ser el eje articulador de toda reforma a tono con nuestro ordenamiento constitucional. Cada decisión que tomamos, cada proceso que rediseñamos está pensado para dotar al sistema de justicia de mayor legitimidad, sentido humano y capacidad de respuesta.
Por eso uno de los cambios más significativos ha sido eliminar la mora judicial en la Suprema Corte. Durante años, esta mora fue mucho más que un problema administrativo. Ha sido un símbolo de injusticia estructural. Hoy, gracias al compromiso de cada juez y servidor judicial, y a un trabajo en equipo guiado por una planificación estratégica clara y avances digitales aplicados con criterio, hemos logrado que las salas estén al día. Pero más allá del número, este logro expresa un giro cultural: entendemos la eficiencia más allá de un marco neutral. Debe estar guiada por valores. Solo entonces se convierte en cimiento del nuevo modelo de justicia que estamos construyendo.
Pero este logro es amplio. Eliminar la mora en la Suprema Corte es más que un objetivo estadístico, es el punto de partida para una transformación más profunda: la consolidación de una nueva cultura jurídica, donde la jurisprudencia se convierte en derecho vivo y accesible.
La Suprema Corte de Justicia, como bien explicaba el jurista y expresidente chileno Patricio Aylwin, no es un tribunal de tercera instancia. Es una Corte de Casación cuya tarea esencial es “fijar el verdadero sentido y alcance de la ley”, perfeccionarla cuando es oscura o incompleta, y asegurar la unidad del Derecho mediante la unidad de la jurisprudencia. Además de ser una necesidad vigente en nuestro país, hoy es una acción institucional.
A través de figuras como el interés casacional, del acceso público y abierto a las sentencias, de los anuarios y boletines jurisprudenciales, y del estudio sistemático de precedentes, hemos reconfigurado el rol de la Suprema Corte como una verdadera Corte de Derecho: orientada a garantizar coherencia normativa, proteger derechos fundamentales y construir confianza pública.
Algunos han querido presentar un antagonismo entre calidad y lucha contra la mora. Pero la verdad es que la mora, en sí misma, es una forma de deterioro de la calidad. El retardo judicial posterga derechos, degrada el debate jurídico y debilita la legitimidad del sistema.
Por el contrario, cuando organizamos el flujo de trabajo, orientamos los criterios desde la jurisprudencia, formamos a nuestros jueces y juezas en el análisis de casos reales y transparentamos nuestras decisiones…¡Eso es fortalecer la calidad! Creamos una cultura jurídica que combina el rigor técnico con la vocación pedagógica.
Hoy, en lugar de repetir mecánicamente artículos y principios, buscamos enseñar a estudiar el Derecho desde los casos. En lugar de producir sentencias cerradas, generamos criterios orientadores que enriquecen el sistema y educan a la comunidad jurídica. Tenemos un propósito claro: que el Derecho deje de ser un ejercicio abstracto o elitista, que se democratice y se convierta en una herramienta viva de justicia real para las personas.
Este paradigma nos lleva a asumir que una justicia que resuelve con agilidad también protege, legitima y repara. Es allí donde la digitalización se convierte en aliada, siempre que esté guiada por principios.
La digitalización de expedientes, el acceso remoto, las audiencias virtuales o el Portal de Acceso Digital más que un un fin en sí mismos, son medios para garantizar derechos con equidad territorial y social.
Inicialmente, el ser humano utilizó la roca para almacenar información. Posteriormente utilizó pliegues a partir de papiro (un material más práctico y de fácil movilidad). Luego el papel, que fue utilizado en imprentas y después en máquinas de escribir. Estos medios trajeron sus diversos modos de operar y transformaron las prácticas impactando en la sociedad. Hoy contamos con almacenamiento en la nube y dispositivos electrónicos. Históricamente, la justicia se ha valido de todas estas herramientas que el avance de la ciencia y el ser humano pone a su disposición para hacer su labor. Nosotros no estamos haciendo algo distinto.
Por esta razón hoy podemos hablar de interoperabilidad, de plataformas éticas, de automatización con trazabilidad. Pero también hablamos de lenguaje claro, de adaptaciones inclusivas, de enfoques de género, de accesibilidad plena, porque sabemos que las herramientas que implementamos hoy, definirán la manera en que la justicia será entendida, sentida y vivida mañana. Es una construcción continua. Y el presente futuro es ahora.
Y es que la búsqueda de una justicia accesible, en todo el sentido de la palabra, implica también ser transparentes. La Justicia Abierta es la decisión de rendir cuentas, de dialogar con la sociedad, de publicar datos verificables y de generar confianza a través del conocimiento.
Desde 2023 opera el Observatorio Judicial y pone a disposición de estudiosos y toda la sociedad, los datos de la Justicia en tiempo real. Es un ejemplo vivo de cómo se puede medir lo que importa y mostrarlo con responsabilidad.
Un ejemplo de esto es la Base de datos de jurisprudencia en línea, la Juriteca, una pieza esencial de esta transformación. Abierta al público, gratuita y de navegación intuitiva, permite que abogados, estudiantes, jueces y cualquier persona, puedan acceder de forma rápida a las sentencias y precedentes más relevantes del país.
Esta democratización del conocimiento jurídico, eleva el nivel del litigio y convierte a la jurisprudencia en un bien común accesible, fortaleciendo el principio de igualdad ante la ley y, en definitiva, mejorando la calidad del servicio de justicia.
La transparencia construye legitimidad, fortalece instituciones y acerca la justicia a la vida cotidiana. La confianza ciudadana no se decreta: se gana con evidencia, escuchando activamente, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Y es que, cada reforma digital, cada nuevo paradigma, cada dato publicado, responde a un principio rector: la centralidad de las personas. Esa es la lógica de la I‑Justicia, más allá de los procesos eficientes. Se propone como una transformación cultural y estructural. Lo que estamos haciendo es una transformación eminentemente social y política: es la arquitectura del porvenir.
Sabemos que tenemos muchos desafíos por delante. Hay congestión jurisdiccional, rezagos normativos, necesidades de infraestructura y nuevos dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial. Pero incluso esas tensiones deben ser abordadas con el marco de la I‑Justicia: preguntándonos siempre si estamos garantizando derechos, escuchando a las personas y estamos respetando la autonomía judicial.
El proceso penal, por ejemplo, demanda mejoras técnicas, pero también una mirada restaurativa, humana, centrada en la protección de víctimas, el debido proceso, y el acceso real a la justicia a través de los acuerdos y la resolución alterna de conflictos. En todos los sistemas penales que funcionan, como el norteamericano, se llega a acuerdos en más del 90% de los casos.
El sistema de justicia tiene particularidades. Sin embargo, es necesario que veamos su funcionamiento de manera integral. Si el sistema se sobrecarga el retardo se generaliza. Es necesario que veamos el sistema de justicia como el sistema de salud. Ver los juicios como la sala de cirugía, es decir, esforzarnos para que solo aquellos pacientes que lo necesiten lleguen a quirófano. Antes de ello están la prevención, la atención primaria, el abordaje clínico. Si todos los pacientes fueran a cirugía, además de absurdo, sería imposible atender las necesidades de salud.
Esa es la transformación cultural que abrirá la posibilidad de que todos los actores procesales comprendamos nuestros roles y los elementos éticos que conllevan: que entendamos con plena conciencia ética, que en un sistema que garantiza derechos, respeta el debido proceso, y actúa con eficiencia y eficacia, la libertad debe ser la regla y la privación de libertad, la excepción: una medida verdaderamente excepcional, justificada y proporcional.
Es por eso, que uno de los elementos de mayor relevancia es la ética de los actores procesales, que supone un trato coherente con el rol a cada actor y el respeto a la dignidad de las personas.
En esa misma línea, consideramos prioridad la aprobación de la Ley orgánica del Poder Judicial, una iniciativa clave para la adaptación del sistema a sus necesidades actuales y futuras.
Y también abogamos por la aprobación de una Ley orgánica de Eficiencia procesal y ejecución porque esta ley supondrá un paso adelante en la simplificación y actualización de los procesos, haciéndolos mas comprensibles para todas las personas y eficientes para el sistema de justicia.
Sin embargo, estas propuestas requieren del respaldo de todos los sectores, comenzando con la academia, del mismo modo que se aprobó en el pasado la Ley de uso de medios digitales, o más recientemente la Ley de Casación.
Y es que, en estos tiempos donde proliferan los discursos simplistas y se debilitan los consensos institucionales, es urgente defender una justicia guiada por principios y no por coyunturas. La legitimidad de los tribunales está en juego, y se define por su independencia y por su capacidad de dar respuestas justas, claras y oportunas.
Quiero decirles algo que debe llamarnos la atención en diversos escenarios internacionales se ha advertido sobre el avance de formas de autoritarismo.
Procesos de desinformación acelerada sustituyen a la verdad, y el cinismo reemplaza los principios y valores alterando el juego democrático y permitiendo que las instituciones clave, como el sistema de justicia, tiendan a ser cooptados o silenciados.
Anne Applebaum, periodista e historiadora estadounidense, habla de que la democracia no muere sola sino cuando sus propios actores renuncian a defenderla. Timothy Snyder, otro historiador también de Estados Unidos, dice que abandonar los hechos es abandonar la libertad. Mientras que Yascha Mounk, politólogo, explica cómo una democracia sin liberalismo puede derivar en tiranía de la mayoría. Y el periodista y escritor Moisés Naím, describe cómo el nuevo autoritarismo se vale de la ley para debilitar la justicia.
Frente a ese panorama que afecta ya a muchas democracias iberoamericanas, República Dominicana está trazando un camino propio. Un camino donde la justicia resiste, se renueva y sirve. Resistimos a la inercia burocrática que pone en peligro la autonomía judicial e impide atender a las personas como merecen. Renovamos la legitimidad con hechos verificables y servimos a la sociedad con herramientas que hacen del Derecho una experiencia de dignidad. Lo que estamos haciendo es mejorar el sistema, que es también una forma concreta de preservar la democracia.
Permítanme ahora dirigirme especialmente a cada uno de los estudiantes aquí presentes. Ustedes están aquí porque forman parte de algo más grande: una transformación que necesita de su energía, su visión y su compromiso. Son protagonistas del presente y constructores del futuro de la justicia. Ustedes son la generación de lo digital, pero también tiene la responsabilidad de cuestionarla. Ustedes pueden impulsar la digitalización con audacia, pero también con conciencia crítica. Tienen el deber ético de aferrarse al humanismo, de defender el valor del derecho como instrumento para la equidad, la libertad y la convivencia democrática. Y recuerden esto para siempre: lo que hoy sembramos con esfuerzo, ustedes lo harán florecer con sentido. El futuro de la justicia está en sus manos.
En palabras de Amado Nervo, que la sociedad y los actores del sistema de justicia, puedan (podamos) ser arquitectos de nuestro propio destino.
La Escuela de Derecho de la Universidad APEC está llamada a ser un laboratorio de pensamiento, núcleo de reflexión ética, donde se adquieren competencias técnicas y donde se cultiva una visión integral de la justicia. Es donde se forman liderazgos capaces de pensar más allá del expediente, de entender el poder de una sentencia, de cuestionar lo obvio y de imaginar nuevos caminos. Aquí se sientan las bases del derecho que vendrá.
Y debo reconocer la visión del decano Alejandro Moscoso Segarra, quien en pleno 2020, en medio de la incertidumbre de la pandemia, supo ver con claridad el sentido de las transformaciones que ya entonces comenzaban a perfilar este nuevo modelo de justicia. Creyó cuando nadie creía. En un artículo publicado en ese año, expresó con firmeza que las medidas adoptadas por el Poder Judicial no serían transitorias, sino estructurales. Hoy, con resultados a la vista, agradezco esa lucidez y ese respaldo, que da muestras de que esta universidad tiene claridad de hacia dónde debe ir nuestro Derecho y nuestra Justicia.
Desde el Poder Judicial, celebramos los 40 años de esta Escuela de Derecho con el más profundo reconocimiento. Porque ha sido -y debe seguir siendo- un semillero de talentos que asume los desafíos de su tiempo. Y nos permite a nosotros renovar nuestro compromiso con una justicia que combine eficiencia, ética y humanismo.
Estamos viviendo una transformación profunda. Es digital, es simbólica… y también política. Y es posible gracias a la continuidad institucional, al esfuerzo conjunto… y a la confianza ciudadana. Lo que hacemos hoy tiene un propósito: cambiar la práctica del derecho en República Dominicana y preparar la justicia que merecerán las próximas generaciones.
Seguiremos impulsando una justicia al día. Pero, sobre todo, seguiremos construyendo una justicia con propósito. Una justicia orientada por valores, centrada en las personas y capaz de mirar al futuro… con sentido.
Permítanme cerrar con una imagen que viene de lo más profundo de nuestra tradición espiritual.
Juan El Bautista… profeta incómodo, voz de conciencia, había sido encarcelado por denunciar el abuso de poder. Desde una celda -injustamente preso-, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús:
“¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro?”
Hoy…esa pregunta es nuestra.¿Este es el momento de transformar la justicia? ¿Somos nosotros quienes debemos hacerlo realidad? ¿O seguimos esperando que vengan otros?
Este es el momento y somos nosotros.
Nos toca sembrar con responsabilidad, transformar con coraje y servir con propósito.
La justicia es compromiso… la transformación hay que encarnarla. Que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupa, sea respuesta viva a esa pregunta para alcanzar una justicia al día que garantice la dignidad de las personas.
No esperemos a otros. El tiempo es ahora.
Muchas gracias.
