Medir es una condición básica para mejorar. Cualquier organización que aspire a ser efectiva, ya sea pública o privada, local o global, necesita herramientas que le permitan evaluar objetivamente sus resultados, comprender su impacto y corregir el rumbo cuando sea necesario. En el ámbito de la justicia, sin embargo, esta tarea presenta desafíos únicos: ¿Se mide en tiempo de respuesta, en acceso, en trato, en resultados… o en algo más? ¿cómo traducir en indicadores algo tan complejo como la dignidad, la equidad o la confianza en el sistema? ¿Y qué sucede cuando los indicadores tradicionales no capturan lo que las personas realmente viven o sienten?
En los últimos años, distintas experiencias internacionales han intentado dar respuesta a estas preguntas, impulsadas por una convicción compartida: que mejorar la justicia exige entenderla desde la perspectiva de las personas. Porque la justicia, para ser legítima, debe también ser vivida como justa.
Existen múltiples enfoques, cada uno con sus propios objetivos, metodologías y escalas. Algunos, como el Justice Needs and Satisfaction Survey del Hague Institute for Innovation of Law (HiiL), proponen una mirada radicalmente centrada en las personas. A través de encuestas representativas en más de 20 países de América Latina, África, Asia y Europa del Este, esta iniciativa capta cómo experimentan las personas sus conflictos legales: qué caminos siguen, qué barreras encuentran, cómo se sienten emocional y económicamente a lo largo del proceso. La idea es simple y poderosa: escuchar a quienes viven la justicia.
Por otro lado, el World Justice Project (WJP) adopta un enfoque estructural e institucional. Su Índice de Gobierno Abierto mide el grado de transparencia, participación cívica, acceso a la información y existencia de mecanismos efectivos de queja, combinando datos de encuestas a población general y a expertos. Aquí, el foco está en las condiciones del entorno institucional: cuán abiertas, accesibles y responsables son las instituciones que deben garantizar el derecho a la justicia.
Por su parte, la Coalición de Acción por la Justicia, establecida en 2021, integra ambos enfoques con una meta ambiciosa: cerrar la brecha de acceso a la justicia. Promueve metodologías centradas en las personas, estandarización internacional y recopilación de datos comparables para comprender mejor qué justicia necesitan las personas. Su trabajo culminó en 2023 con la presentación de una estimación global de la brecha de justicia durante la segunda cumbre de los ODS.
En América Latina, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) ha sido clave en incorporar un enfoque regional, empírico y comparativo. Desde su sede en Santiago de Chile, CEJA ha desarrollado el Índice de Acceso a la Justicia Civil en alianza con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID. Además, ha publicado informes nacionales sobre la experiencia de usuarios en Chile, Argentina y México, abordando también temas como género y reformas procesales.
En el Poder Judicial de la República Dominicana contamos con una batería de indicadores internos que orientan nuestra gestión, permiten rendir cuentas y promueven la mejora continua. Internamente, monitoreamos variables clave como tiempos de resolución de casos, cantidad de audiencias realizadas, porcentaje de expedientes digitalizados, niveles de cumplimiento procesal y satisfacción del usuario. Estos datos se recogen en tiempo real y se consolidan en tableros de control y en el Informe Anual de Gestión, instrumento central de transparencia institucional.
Pero además hemos trabajado con algunas de las iniciativas mencionadas, que ofrecen una mirada comparativa internacional. Uno de los más relevantes es el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP). En la edición 2023, la República Dominicana avanzó ocho posiciones, ubicándose en el puesto 86 de 142 países evaluados y en el lugar 20 de 32 en América Latina y el Caribe.
Participamos también en la Coalición de Acción por la Justicia, donde la República Dominicana presentó avances significativos en materia de transformación digital, accesibilidad e inclusión en la Cumbre de los ODS de 2023, siendo reconocida como una de las jurisdicciones con mayor disposición a implementar innovación judicial basada en evidencia.
En el plano regional, nos adherirnos al Plan Iberoamericano de Estadística Judicial y colaboramos con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con quienes compartimos buenas prácticas y experiencias sobre acceso a justicia, transformación digital y eficiencia procesal.
No hemos trabajado directamente con el HiiL en iniciativas como el Justice Needs and Satisfaction Survey pero seguiremos con atención la evolución de sus enfoques y métodos, por ejemplo en el próximo World Justice Forum que se celebrará este mes de junio en Polonia.
En los años venideros seguiremos utilizando estos marcos de evaluación e indicadores internacionales como herramientas valiosas para el diseño, seguimiento y mejora de nuestras políticas judiciales. Pero no los confundimos con un fin en sí mismo.
Los rankings, los tableros y los estándares comparables son útiles en la medida en que nos permiten ver más claramente lo que funciona, lo que falta y lo que duele en nuestro sistema de justicia. Nos ayudan a rendir cuentas, a establecer prioridades y a sostener el rumbo de nuestras transformaciones.
Porque en última instancia, la justicia no se mide solo con datos, sino con vidas. Nuestro compromiso es que cada indicador esté al servicio de una justicia que reconozca y respete la dignidad de las personas. Una justicia que escuche, que repare, que acompañe. Una justicia que no solo sea eficiente o transparente, sino profundamente humana.
