De todos los problemas que afectan a la sociedad dominicana y que reclaman soluciones urgentes, el más dramático y perentorio es la inseguridad. Este flagelo se ha propagado como un virus contagioso en todos los ámbitos, sin discriminación de clases o locación física. La inseguridad ha pasado del irrespeto a la propiedad privada o de los pleitos entre delincuentes; en nuestro país, se le ha perdido el respeto a la vida. Nos estremecen asesinatos a plena luz del día cuya única motivación es el robo de un celular o una prenda barata. Gente de todas las castas han desarrollado un temor por las calles y ahora se refugian en sus casas.
Pero, por más terrible que parezca este escenario, la inseguridad no se detiene ahí. También arropa a los inversionistas que sufren la proverbial inseguridad jurídica que afecta nuestra economía. Tenemos leyes que plantean un marco para la inversión que puede cambiar de un día para el otro, impidiendo la dinamización de la economía y colocando a los sectores productivos a la defensiva.
Vivimos en un país inseguro de arriba a abajo. Pero entonces ¿cómo luchar contra la inseguridad?
Debemos arrancar este mal de raíz y esto sólo es posible aplicando la ley. La nación necesita invocar a todas las voluntades para que el imperio de la ley sea una realidad. Esta tarea empieza desde arriba, desde las entrañas del estado. Tenemos el compromiso de mejorar la capacidad estatal en la persecución penal, misión ante la cual no debe haber excusas ni demoras. Hay que capacitar a los actores del proceso penal, tecnificar la investigación y mejorar la gestión por medio de tecnología y sistematización.
Como sociedad, tenemos el deber de hacer nuestra la ley, entender su esencia y comprometernos con su cumplimento. Un país donde se cumple la Ley es un país seguro, en todos los órdenes. Propaguemos la cultura del cumplimiento de la ley.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 01 de agosto del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
