Tener un sistema judicial y penitenciario humano es una condición indispensable para la dignidad de todas las personas, sin excepción, en la República Dominicana. Esa humanidad se expresa, entre otras cosas, en la capacidad del sistema penal de resolver los conflictos con celeridad, garantías y proporcionalidad, evitando que los procesos se conviertan en castigos anticipados.
En ese sentido, los acuerdos penales no son una vía de escape ni una concesión, sino una herramienta legítima para hacer efectivo el principio de que la libertad debe ser la regla y la privación de libertad, la excepción. Cuando se utilizan con responsabilidad, los acuerdos permiten dar respuestas rápidas, evitar dilaciones innecesarias y proteger la dignidad de todas las personas involucradas.
Una salida acordada no es sinónimo de una salida “blanda” o condescendiente, la clave está en la proporcionalidad.
Por ejemplo, hace poco se conoció el caso de un homicidio resuelto en apenas una semana por la justicia de Puerto Rico. Lejos de ser una anomalía, ese proceso refleja el estándar de eficiencia al que debe aspirar un sistema penal moderno. En ese caso, la desestimación de ciertos cargos a cambio de una aceptación de culpa permitió imponer una sentencia de 35 años de prisión: una pena severa y proporcional, dictada sin el desgaste humano, institucional y económico que supone un litigio prolongado durante años. Resolver rápido no es ser indulgente; es ser responsable.
Cuando la defensa y el Ministerio Público alcanzan acuerdos en etapas tempranas, se elimina la incertidumbre de procesos dilatados y se garantiza que la persona imputada asuma su responsabilidad de manera inmediata. Al mismo tiempo, se ofrece a las víctimas y a la sociedad una respuesta oportuna. La justicia que llega tarde no repara: frustra. Por eso, desmitificar la idea de que la celeridad compromete la calidad de la justicia es una tarea central para quienes creemos en un Estado de derecho efectivo.
Uno de los impactos más visibles de estos mecanismos es la racionalización del uso de los recursos públicos. Mientras un juicio tradicional puede generar expedientes de miles de folios, audiencias suspendidas y años de trabajo acumulado, aquel proceso en Puerto Rico se resolvió mediante una glosa de apenas 14 páginas que contenía todas las actuaciones y la sentencia definitiva.
La síntesis no es una falta de rigor, sino la expresión de un sistema que prioriza la resolución del conflicto por encima del ritual burocrático.
Esta reflexión no es teórica. En los últimos años en República Dominicana, se han resuelto numerosos casos a través de acuerdos y otras soluciones alternas, sin llegar a la etapa de juicio. Esto incluye procesos vinculados a medidas de coerción y anticipos de prueba que encontraron una salida en la fase intermedia, reduciendo de manera significativa la duración de los procesos, la litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales.
Estos resultados fueron presentados en el marco de la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional del Programa de Optimización del Proceso Penal (POPP), espacio en el que confluyen jueces, fiscales, defensores públicos y otros actores del sistema.
Estos avances son relevantes en la duración de los procesos penales con imposición de prisión preventiva. Durante años, estos casos superaban los 24 meses para obtener una sentencia de fondo. Sin embargo, este tiempo se ha reducido bastante, incluso considerando la etapa de apelación.
Asimismo, la duración para la emisión de órdenes de libertad también se redujo en los últimos años. Esta tendencia continuará fortaleciéndose gracias a los avances en interoperabilidad con la Procuraduría General de la República, que permitirán agilizar flujos de información y reducir tiempos muertos innecesarios.
Un hito particularmente significativo fue el piloto desarrollado en el distrito judicial de Hermanas Mirabal. Este distrito registró un incremento en los acuerdos alcanzados, como resultado de la revisión sistemática de casos, la coordinación interinstitucional y el uso estratégico de los mecanismos alternos previstos en la ley.
En paralelo, la Mesa de Coordinación consolidó sus propuestas de reforma al Código Procesal Penal, contribuyendo a un marco normativo más coherente, garantista y orientado a la eficiencia. Para asegurar la sostenibilidad de estos avances, se ratificó un esquema de seguimiento quincenal, que permitirá monitorear de forma sistemática los acuerdos alcanzados, la duración de los procesos y la emisión de órdenes de libertad, consolidando al POPP como una política pública judicial de alcance nacional.
Detrás de cada cifra hay personas concretas. Detrás de cada indicador hay tiempo devuelto a las personas, derechos efectivamente restituidos y un acceso a la justicia más cercano y digno. Ese es el horizonte que guía este esfuerzo: un sistema penal que sea firme cuando debe serlo, pero también humano, inteligente y fiel a los principios constitucionales que lo sustentan.
