"Justicia como Ventaja Competitiva: Reglas Claras para la Inversión en Tiempos de Incertidumbre"
SALUTACIONES:
Cuando una empresa evalúa invertir en un país, la primera consideración es si las reglas se respetan y si se aplican de manera consistente.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Puede un sistema de justicia convertirse en una ventaja competitiva para un país?
Pensemos en esto mientras extiendo un cordial saludo a Francesca Rainieri, distinguida presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; a los integrantes del Consejo Directivo, agradeciendo la invitación a este espacio orientado al fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza, pilares esenciales para la inversión y el desarrollo.
Saludo también a los ministros y autoridades presentes; a la Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, señora Leah Francis Campos; a los representantes presentes del cuerpo diplomático; y al liderazgo empresarial, inversionistas, abogadas y abogados, amigas y amigos que hoy nos acompañan.
Muy buenas tardes a todos.
JUSTICIA, REGLAS Y CONFIANZA
La inversión huye de la incertidumbre, pero encuentra refugio donde hay reglas claras. Y esa certeza se construye en el funcionamiento cotidiano de la justicia.
Y es que la estabilidad que ofrecen los sistemas judiciales, están estrechamente ligados al desarrollo económico.
Un marco jurídico claro y predecible atrae inversión, reduce costos transaccionales, fortalece la confianza empresarial y garantiza la efectividad de los contratos.
Las empresas necesitan previsibilidad para planificar, decidir y operar sin el riesgo de cambios arbitrarios en las reglas de juego.
Por eso, la eficacia y la independencia judicial son indicadores claves de la fortaleza institucional de un país.
En ese contexto, la justicia, es un escudo que protege y garantiza derechos: puede constituirse en una ventaja competitiva para el desarrollo de cualquier país.
CONTEXTO GLOBAL, INCERTIDUMBRE Y RECONFIGURACIÓN
Vivimos un momento en el que muchas de las certezas que ordenaron la economía global durante décadas, se han debilitado. El orden basado en normas, ya no garantiza la estabilidad de antes.
En este escenario, las reglas se aplican de manera desigual, el poder ejerce menos limites y la integración economica, que antes reducía riesgo, puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad. Las crisis recientes nos dejaron una lección clara: la confianza ya no puede darse por sentada.
Sin embargo, los países que no son grandes potencias no están condenados a la impotencia. Su fortaleza reside en la solidez de sus instituciones y en su capacidad de ofrecer estabilidad en un mundo inestable. Cuando las normas internacionales pierden fuerza, el Estado de Derecho interno se convierte en el principal activo estratégico.
En ese contexto, la verdadera ventaja competitiva de un país es su capacidad de hacer valer reglas claras, iguales para todos, aplicadas con independencia y previsibilidad. Es ahí donde la justicia deja de ser solo un pilar democrático y se convierte en un factor decisivo de confianza económica.
Estos factores juegan un papel clave a la hora de los inversionistas determinar dónde, cómo y bajo qué condiciones invertir.
Por eso, las nuevas estrategias de relocalización productiva, vinculadas a las complejas tensiones del mundo actual, ya no responden únicamente a razones logísticas o de costos.
Responden, cada vez más, a una pregunta central: ¿en qué país podemos confiar?
En términos simples: ya no se trata solo de producir más o más cerca, sino de producir donde las reglas se respetan. Incluso cuando surgen conflictos.
Esa confianza se construye con estabilidad macroeconómica, con reglas claras, con instituciones previsibles y con la capacidad real de resolver conflictos sin arbitrariedad.
Porque el capital está dispuesto a asumir riesgos propios del mercado, pero reacciona con especial sensibilidad frente al riesgo institucional.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
En este contexto, queda claro, que los países con democracias fuertes, son aquellos que cuentan con sistemas de justicia con altos niveles de independencia.
Y esto no es un debate académico ni interno del Poder Judicial: es una de las variables que más incide en la confianza económica.
Recuerdo una frase memorable del Chief Justice de los Estados Unidos, John Roberts, cuando en el año 2018, al responder a ataques contra decisiones judiciales, afirmó, cito:
“No tenemos jueces de Obama ni jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un extraordinario grupo de jueces dedicados, que hacen su mejor esfuerzo para impartir justicia por igual a quienes comparecen ante ellos. Esa rama judicial independiente es algo de lo que todos deberíamos estar agradecidos.” fin de la cita.
Y realmente el chief justice Roberts tenía mucha base para decir esto, ya que, como él mismo aclaró posteriormente: “la independencia judicial es la principal innovación política de la Constitución de los Estados Unidos. Es el cambio estructural que garantizó el control del poder”.
Y creo firmemente que esa independencia judicial, es uno de los aspectos que hacen grande a los Estados Unidos de América.
Para quien invierte en un país, sea nacional o extranjero, la pregunta no es si habrá o no conflictos. Los conflictos son inevitables. La verdadera pregunta es ¿cómo se resolverán?
Cuando los conflictos se procesan sobre la base de reglas e instituciones estables, la incertidumbre disminuye. Y cuando la incertidumbre disminuye, la inversión encuentra suelo firme.
JUSTICIA Y CIVILIZACIÓN ECONÓMICA
Y es precisamente ahí, en la forma en que una sociedad resuelve sus conflictos, donde la justicia deja de ser un mero mecanismo jurídico y se convierte en un factor decisivo de desarrollo sostenible.
Y ahora permítanme detenerme en una idea que precede a cualquier análisis técnico. (pausa)
¿Qué distingue a una economía verdaderamente desarrollada?
¿Su capacidad productiva?
¿su crecimiento coyuntural?;
más bien, la arquitectura institucional que permite que ambos factores perduren en el tiempo.
El desarrollo, entonces,
se mide por la capacidad de organizar el poder, el conflicto y la convivencia a través de la justicia.
La historia económica lo demuestra con claridad:
El poder sin justicia genera inestabilidad e incertidumbre a largo plazo.
La riqueza sin justicia distorsiona el progreso.
La tecnología sin justicia amplifica desigualdades.
Por eso, hablar de inversión es hablar también de:
igualdad ante la ley,
de límites reales al poder,
de reglas que no cambian según el actor,
y de la dignidad humana como principio organizador de la vida económica.
Por eso, la justicia ocupa un lugar estructural en el Estado: es una condición para hacer civilización.
En términos prácticos, y esto es clave para quienes toman decisiones, eso es exactamente lo que buscan hoy las empresas y los inversionistas: instituciones capaces de reducir la incertidumbre y ofrecer un entorno estable para decidir, invertir y crecer.
En otras palabras: sin justicia ninguna economía se sostiene, ni crece con equidad.
UN ENTORNO EN CONSOLIDACIÓN
La República Dominicana ha venido construyendo, de manera consistente, un entorno institucional más predecible.
Esto se refleja en mejoras sostenidas del Estado de Derecho; en el aumento de la confianza ciudadana, que según Latinobarómetro pasó de 21% en 2019 a un 41% en 2025.
En un escenario regional particularmente convulso, debemos estar orgullosos del reconocimiento internacional que recibe la República Dominicana, como uno de los países que más ha avanzado en institucionalidad en los últimos años.
Permítanme traducir esto a la moneda tiempo. En la Suprema Corte, hemos eliminado la mora judicial estructural.
En 2019, el 90% de los casos tardaban un año o más para obtener un fallo, algunos pendientes desde 1982.
Hoy, esa realidad cambió. En materia civil y comercial, vital para las disputas contractuales y societarias, el 90% de los casos se resuelven en meses, incluyendo las materias administrativa, inmobiliaria y laboral.
Esta disciplina judicial, presente hoy en más del 80% de los tribunales del país, se traduce en una mejora sustancial de la capacidad de respuesta.
Así lo reconocen organismos especializados como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cuyo índice de congestión 2025 muestra que el litigio eterno empieza a dejar de ser la norma en la República Dominicana.
Conscientes de los cambios que se han acelerado en la revolución digital, hemos venido derribando las barreras para el acceso.
Gracias al portal justicia.gob.do, hoy las empresas pueden gestionar casos, depositar escritos, recibir notificaciones, y alertas registrales, desde sus oficinas corporativas, e incluso desde el extranjero, con plena validez jurídica.
Nuestro objetivo es que la justicia dominicana opere con la misma agilidad digital de sus negocios.
Pusimos en funcionamiento la Juristeca, que a la fecha cuenta ya con más de 400 mil decisiones en línea de todos los tribunales y nuevas publicaciones de manera constante.
No se trata de una simple biblioteca digital; es una herramienta de previsibilidad. Permite a los equipos jurídicos analizar datos, predecir tendencias jurisprudenciales y anticipar el criterio de los jueces facilitando, la evaluación de riesgos.
Una justicia eficiente no suele ocupar titulares. Pero cuando falla, todo el sistema se resiente.
Pero estamos convencidos de que:
una justicia al día, transparente, tecnológicamente moderna, y firmemente independiente, es un poderosísimo activo-país.
JUSTICIA DEL FUTURO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En los últimos años, hemos impulsado una transformación orientada a resultados: una justicia más oportuna, digitalizada, interoperable, con estándares comparables a los sistemas de las democracias más consolidadas.
Este proceso se ha fortalecido mediante la cooperación técnica con sistemas judiciales de referencia, vemos las mejores prácticas y las adaptamos para poder elevar nuestros estándares operativos.
Resalto de manera especial las experiencias con la rama judicial de Puerto Rico y la cooperación técnica con el National Center for State Courts.
El objetivo es claro: contar con una justicia ajustada a las exigencias del siglo XXI, que se fortalezca y ayude a fortalecer otras instituciones; que funcione con eficiencia, independencia y previsibilidad.
SEGURIDAD JURÍDICA Y FUTURO COMPARTIDO
El chief justice de Canadá, Richard Wagner ha advertido que las democracias son más frágiles de lo que solemos creer.
Su advertencia parte de que el 68% de los países retrocedieron en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project. ¿Y saben lo que significa esto? Que el Estado de Derecho no es una conquista definitiva. Es una construcción cotidiana.
Pero les tengo una noticia, la República Dominicana fue el país que más avanzó… en todo el mundo (11 posiciones en 2025 y 20 posiciones desde 2019).
Por eso, hoy podemos afirmar con convicción: que la justicia dominicana ya no es un ideal distante. Es una obra en marcha.
Y esa construcción permanente —silenciosa, persistente, institucional— es una de las principales ventajas competitivas de nuestro país.
UN LLAMADO A LA INVERSIÓN
Permítanme decirlo con claridad: la inversión necesita confianza. L a confianza necesita reglas. Y las reglas dependen de instituciones que las hagan valer.
Ese es el compromiso del Poder Judicial dominicano: ofrecer previsibilidad, legalidad y respeto a la dignidad humana. No como discurso. Sino como práctica diaria.
Señoras y señores, la República Dominicana está abierta a los negocios, y su sistema de justicia está listo para protegerlos. Porque al final, las inversiones pueden llegar por rentabilidad, pero permanecen donde hay justicia.
Sientan la tranquilidad de que aquí hay reglas claras, jueces independientes y un Estado de Derecho que funciona y para cuyo fortalecimiento trabajamos cada día con compromiso, pasión y una visión clara de hacia dónde queremos y debemos ir.
Muchas gracias.
