La Justicia y el Derecho dominicano en el tiempo: tránsito del autoritarismo a la democracia
Henry Molina, juez presidente Suprema Corte de Justicia
Quiero agradecer la presencia hoy del doctor Roberto Cassá, director general del Archivo, de José Vilchez, subdirector del Archivo General de la Nación. Servidores públicos. Magistrados y servidores. Invitados especiales, amigas y amigos.
Buenas noches a todas y todos,
Me honra la invitación que he recibido del doctor Roberto Cassá, para participar en esta edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana, dedicada este año a la Historia del Derecho.
Agradezco profundamente esta oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas sobre la evolución histórica de la justicia y del Derecho en nuestro país. Es pertinente, pues todos los escenarios de creación del pensamiento pueden ser útiles para el intercambio de ideas en procura del bien común.
El tránsito histórico que hemos recorrido podría ser descrito como el de una justicia y un Derecho de rasgos autoritarios hacia una justicia cada vez más democrática, garante de la dignidad de las personas.
Los esfuerzos contemporáneos para seguir avanzando en el ecosistema judicial dominicano no serían posibles si no fuera por la labor y los aportes de investigación y documentación que han hecho juristas de la talla del que hoy se reconoce en el marco de esta Feria del Libro: don Wenceslao Vega. Su obra ha sido crucial para la mejora permanente de nuestra convivencia.
Su trabajo de investigación permite entender y documentar esta evolución, con una visión crítica y detallada de nuestra historia jurídica.
Su legado, como el de otros historiadores, nos inspira a seguir trabajando por la mejora continua del sistema de administración de justicia. Porque, en palabras del filósofo italiano Norberto Bobbio, “la única manera de vivir con otros es el Derecho, el invento civilizador más importante”.
Me inclino con respeto ante la obra que exhiben escritores e historiadores de nuestro país. A través de la palabra, recrean nuestra historia y enriquecen nuestra identidad. Por eso, aplaudir al libro de historia, es aplaudir a la palabra como patrimonio de la humanidad que, a través de la comunicación, permite construir futuro.
La palabra toca muy de cerca el quehacer de los juristas. De hecho, el Derecho depende de la palabra y de un riguroso uso del lenguaje. La redacción de leyes, contratos, sentencias y otros documentos requiere precisión y claridad del léxico, de la redacción y de los conceptos. La habilidad para expresarse de manera coherente y convincente es vital para abogados, jueces y demás profesionales del mundo jurídico. Los juristas estamos pues, en esta feria del libro de historia, en un lugar central.
La historia del Derecho y la Justicia en la República Dominicana comienza durante la etapa colonial. Las Leyes y la Real Audiencia que, en primer lugar, fue establecida en nuestra isla por un extenso período, proporcionaron una estructura legal y administrativa, fundamentada en la influencia del Derecho romano. El marco legal aportó una coherencia y un orden fundamentales para una sociedad en gestación, como la compleja composición en la Colonia.
No obstante, este sistema legal impuesto no siempre se adaptaba a la realidad social y cultural, incluso a las propias normas.
Es imposible negar que se institucionalizaron abusos y se discriminaba a los habitantes originarios y a las personas esclavizadas, favoreciendo a los colonos españoles. Estás prácticas heredaron una tradición de desigualdad y rasgos autoritarios, pues el aparato judicial era encabezado por la figura del gobernador. Aunque su rol planteaba que debía rendir cuentas a la Corona, no siempre observaba rigor en sus actuaciones, que eran, cuando menos, arbitrarias.
Recordemos, como lo hizo el propio doctor Wenceslao Vega, la famosa frase recogida en su libro Historia del Derecho dominicano en torno a las ordenanzas de la Corona: “se acata, pero no se cumple”.
Ya en 1822, la ocupación haitiana trajo consigo cambios significativos, como la abolición de la esclavitud. Aunque dentro del marco de un régimen de fuerza autoritario, este hecho fue un avance para el reconocimiento de la dignidad de las personas.
Además, resalta la vinculación jurídica del territorio mediante la aplicación uniforme de las leyes haitianas y los códigos napoleónicos. Esto simplificó el sistema legal. Sin embargo, esta imposición de un Derecho externo generó una desconexión cultural y legal, así como un control centralizado y autoritario que limitaba, una vez más, la autonomía local.
Las tensiones sociales y étnicas se intensificaron y las medidas económicas desfavorables a los criollos contribuyeron al estancamiento, creando un ambiente de resentimiento y conflicto. Con ello vino el grito de independencia y la guerra nacional.
El Derecho y la justicia durante la Primera República y la Anexión a España se intentaron modernizar. Se proclamó la Constitución de noviembre de 1844, se aprobaron códigos y se fundó el Tribunal de Casación, contribuyendo al desarrollo de una jurisprudencia propia. Lo cual fue crucial para el establecimiento de una identidad legal en nuestro país.
Sin embargo, la inestabilidad política y las influencias contradictorias entre el Derecho español y las nuevas normativas republicanas fragmentaron el sistema jurídico, dificultando su consolidación y la creación de un sistema coherente y unificado.
Tras la gesta de la Restauración se desarrolló un sistema jurídico más adaptado a las necesidades locales y se introdujeron reformas legales para modernizar el país, respetando las libertades públicas y potenciando el comercio. La autonomía legal y las reformas democratizadoras fueron pasos importantes hacia un sistema más justo y representativo.
La dictadura de Ulises Hereaux, de 1887 a 1899, la justicia y el Derecho estuvieron marcados por la concentración del poder, la manipulación de la justicia con fines políticos y el uso de del aparato penal para la represión. Se utilizaban las leyes para perseguir opositores y controlar las libertades.
Tras la caída de Lilis el pais y las instituciones traspasaron por un periodo de inestabilidad, debilidad y fragmentación. Los caudillos intentaron tener el control de la justicia y utilizarlas para perseguir al bando contrario.
De 1907 a 1916, el Congreso intentó reformas institucionales que resultaron en avances, como la Ley de Organización Judicial, la centralización y profesionalización de la justicia, y la instauración del Tribunal de Casación que había sido suprimido en 1907, la revisión del Código Penal y Civil y su aplicación uniforme. Estos avances contrastaban con algunos rasgos autoritarios que se hicieron patentes en la arquitectura institucional y el uso de la violencia política. Todavía queda la huella histórica en nuestra memoria colectiva de “la guardia de la muerte” o “Guardia de Mon”.
A pesar de la persistencia de la inestabilidad política, en la ocupación militar norteamericana, de 1916 a 1924, hubo avances en materia de la propiedad inmueble. Sin embargo, continuó afectando la capacidad de contar con seguridad jurídica, y el desarrollo del sistema legal se vio vulnerado por el poder extranjero, impidiendo la consolidación de un auténtico Estado de Derecho.
Un elemento notable es que en este periodo se instauró la Policía Nacional, instruida por los Marines. Su diseño institucional respondía a razones represivas que influyeron en la arquitectura y funcionamiento de la justicia. Un antecedente que ha impactado por largo tiempo la cultura jurídica de nuestro país.
Durante la dictadura de Trujillo, se produjo una normativa institucional y codificación legislativa propia de regímenes totalitarios, con nuevas instituciones y la implementación de códigos y leyes que recrudecieron la concentración del poder político y económico en una sola persona, su familia y allegados. Este proceso vino de la mano de un control tiránico y una aberrante represión, que impedía a toda costa la posibilidad del ejercicio de los derechos que, paradójicamente, consagraban muchas de sus leyes.
La falta de independencia judicial era evidente, pues el temor era generalizado y el Poder Judicial estaba sometido a los intereses del régimen, convirtiéndose, de hecho, en una herramienta de opresión.
Tras la caída de la dictadura, el autoritarismo mantuvo sus remanentes, con actuaciones arbitrarias, jueces parciales, presos políticos, uso y abuso del aparato represivo con fines políticos. Sin embargo, hubo avances hacia el constitucionalismo moderno y las reformas democráticas.
Tras la crisis política de 1994, se dieron grandes esfuerzos sociales por fortalecer la independencia judicial y amparar los derechos de las personas. La corrupción, la desigualdad en el acceso a la justicia y la burocracia seguían siendo desafíos importantes. Estos problemas estructurales limitaron la eficacia del sistema judicial y afectaron la legitimidad de las instituciones legales.
La primera ola de reformas a la justicia, iniciada en 1997 con la elección de una Suprema Corte de Justicia a través del Consejo Nacional de la Magistratura, trajo consigo una modernización del sistema judicial. Programas para mejorar el acceso a la justicia y la transparencia, la formación de jueces a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, la mejora y modernización del Registro Inmobiliario y la profesionalización de la carrera judicial fueron avances importantes que marcaron un antes y un después.
Quiero reconocer al juez presidente, magistrado Jorge Subero Isa, por ese esfuerzo de reforma. Durante su gestión se implementaron iniciativas para aumentar la integridad, la transparencia y la independencia judicial. Se dieron los primeros pasos para la internacionalización del Poder Judicial. De igual modo se avanzó de un sistema inquisitorio a un Código procesal penal (acusatorio). De igual modo se avanzó en figuras legales que modernizan y reconocen el debido proceso y las garantías jurídicas para asegurar la dignidad de las personas. Aunque el proceso ha tenido sus desafíos estos avances han contribuido significativamente a la modernización del sistema judicial dominicano en su conjunto.
Señoras y señores,
En el pasado, la Justicia y el Derecho se han movido impulsados por grandes pensadores del siglo XVIII y XIX. Su proceder ha sido sostén de las distintas dinámicas de la modernidad y ha amparado el desarrollo. Eso ha sido principalmente a través de los libros. Han sido la fuente de las formas de organización y estructuración de ese espacio donde se canalizan y resuelven los conflictos. Y es prudente reconocer que los libros de historia han conllevado grandes aportes como instrumentos reflexivos, permitiéndole a la sociedad evaluar su tránsito hacia el presente, superando paradigmas, comprendiendo y asimilando nuevas formas de enfrentar retos.
Así hemos pasado de una justicia y un Derecho distantes, de herencia monárquica y espíritu autoritario, a un Derecho más cercano a la gente y con vocación democrática.
La llegada del internet como cultura, no solo como herramienta, supone repensar el sistema de justicia. Hoy, el modo y los tiempos de hacer las cosas se han acelerado. Porque la sociedad se ha democratizado en una cantidad significativa de aspectos, los principios tradicionales del Derecho se ven también redimensionados. La Justicia hoy se comprende entonces como una función hacia la vida en comunidad y el reconocimiento de los derechos de las personas.
Es preciso poner en relieve hacia dónde pretendemos que todo ese camino de avance histórico desemboque.
La justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profunda que busca garantizar una justicia al día.
Este esfuerzo no es solo responsabilidad del Poder Judicial. Se trata de un compromiso y una labor compartida que involucra a la academia, a los profesionales del Derecho y a toda la sociedad. De ello depende que las políticas judiciales puedan impactar eficaz y activamente en el sistema y el servicio que ofrece la Justicia.
Un Poder Judicial eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos. Es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Es decir, para el funcionamiento de la República.
En este camino hemos enfrentado desafíos, pero también hemos logrado avances significativos. Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. El país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global. Mientras gran parte de los países de la región descienden.
Nuestra transformación se articula en tres objetivos fundamentales: 0% mora, 100% acceso y 100% transparencia. La mora o retardo judicial, que es una negación de la justicia, ha sido uno de nuestros principales retos históricamente.
Hemos logrado que la Suprema Corte de Justicia resuelva casos en menos de un año. Hace poco había casos de 1982. La segunda sala (penal) resuelve casos en menos de seis meses.
Un factor clave en esta mejora ha sido la implementación de la Ley de Casación en enero de 2023, que ha reducido el tiempo de tramitación en la Suprema Corte de dos años a menos de cinco meses. Esto no solo ha acelerado los procesos, sino que ha fortalecido la seguridad jurídica al unificar la jurisprudencia y dotar al sistema de mayor coherencia y predictibilidad.
Además de mejorar la eficiencia, estamos cambiando la tradición litigiosa que tanto congestiona los tribunales. Hemos promovido vías alternativas de resolución de conflictos, inspirados en modelos de sistemas judiciales más eficaces, donde solo una minoría de los casos llega a juicio.
Está nueva cultura de responsabilidad procesal ha impactado en todo el sistema, logrando que el 54% de los tribunales se encuentre libre de mora.
En este sentido, el rol de la academia es fundamental para formar a los abogados y abogadas del futuro. El ejercicio del Derecho debe priorizar el acuerdo y la mediación sobre el litigio prolongado.
La digitalización ha sido otro motor crucial en esta transformación. Hemos implementado la firma electrónica en el 100% de los jueces y servidores judiciales, lo que ha incrementado la confiabilidad y autenticidad de los procesos.
El portal de servicios digitales se ha expandido y permite la trazabilidad de los casos en varias jurisdicciones.
Para 2025, esperamos que este portal y las audiencias virtuales estén plenamente operando también en la materia penal. Aprovecho para hacer un llamado a utilizar los servicios del portal y generar todas sus gestiones de manera digital, esto no solo facilita sus gestiones, sino que permite la mejora continua y la revisión constante de los avances logrados. Un gran paso hacia nuestra meta de 100% de acceso.
La transparencia es vital para mantener la confianza pública. Hemos presentado el Observatorio Judicial, que permite un seguimiento detallado de las tendencias en la justicia, fortaleciendo la transparencia. Invito también a todos los presentes a participar activamente en el análisis y mejora continua del sistema de justicia usando los datos.
De ese mismo modo ha sido muy positivo el Anuario de Jurisprudencia, un ejemplo de cómo la academia y la justicia pueden trabajar de la mano para impactar positivamente en la cultura jurídica y judicial dominicana.
Es un ejercicio necesario frente a la importancia de los precedentes jurisprudenciales en la definición del interés casacional. Su análisis crítico es parte esencial de la formación del Derecho dominicano, así como de una nueva generación de abogados y abogadas.
También nos hemos integrado al esfuerzo de la Real Academia de la Lengua para compilar términos jurídicos y aportar a la inclusión de un lenguaje claro en los documentos judiciales, lo que impactará en mayor acceso y cercanía. A esto se suma la edición todos los fallos históricos y la publicación anual del Compendio de jurisprudencia de casación, entre otras muchas políticas judiciales.
El Registro Inmobiliario también ha continuado su avance, con un enfoque en la eficiencia y la transparencia, mediante la implementación de documentos electrónicos y firmas digitales.
Además, hemos dado pasos para la interoperabilidad con otras instituciones, como el Ministerio Público y la Defensa Pública, lo que ha permitido una mayor eficiencia y colaboración. Este antecedente sienta el inicio de la interoperabilidad con el Estado y las instituciones privadas que interactúan con el Poder Judicial.
Del mismo modo, hemos invertido significativamente en el capital humano, con programas de formación continua y de intercambio internacional para jueces y personal administrativo. La Escuela Nacional de la Judicatura está evolucionando hacia un laboratorio de ideas, donde se prueban innovaciones que impactarán el futuro de la justicia.
También hemos presentado la Juriteca, que es una base de consulta de doctrina, jurisprudencia y normativa. Tenemos el objetivo de integrar a este proyecto la “Bibliografía jurídica dominicana”, de la autoría de Frank Moya Pons y Marisol Floren. En conjunto con el Archivo General de la Nación, nos proponemos ampliar este esfuerzo para poner a disposición de la sociedad todos los contenidos jurídicos. Su uso transformará la manera en que se accede al conocimiento jurídico en nuestro país.
Es necesario resaltar la gran labor del Archivo General de la Nación en la conservación y protección del acervo documental de nuestro país. La gestión del doctor Roberto Cassá representa un antes y un después en esa dirección. El interés común del Archivo General y la Justicia es procurar la democratización efectiva del conocimiento.
En ese mismo interés, uno de los más importantes archivos profesionales dominicanos, el Archivo de Peynado & Peynado, se encuentra fuera del país. Está en la Universidad de Puerto Rico. Se trata de una colección que contiene materiales únicos para el estudio del desarrollo de la abogacía dominicana durante el siglo 20. De igual modo, los expedientes y casos del Poder Judicial que tengan relevancia histórica deben ser digitalizados y publicados para el acceso de todas y todos en línea. Con las herramientas digitales es posible hacer disponibles esos contenidos a los estudiosos del Derecho dominicano.
La democratización del acervo documental del Poder Judicial es una gran deuda que tenemos con el país y que juntos, el Archivo General de la Nación y el Poder Judicial podemos y debemos resolver.
Hemos trabajado en la actualización del Código de Ética y la implementación del Escalafón Judicial. Son fundamentales para asegurar que la justicia se administre con independencia, integridad y transparencia. Ambas herramientas agregan certeza y objetividad en la toma de decisiones relacionadas con las actuaciones de jueces y servidores. Este compromiso con la ética y de 100% transparencia es esencial para mantener y afianzar la confianza de la sociedad en nuestro sistema judicial.
En 2025, seremos sede de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es uno de los más importantes eventos judiciales de la región y una gran oportunidad para compartir experiencias y aprender de las mejores prácticas internacionales. Esta transformación que estamos llevando a cabo enfrenta retos, pero estoy convencido de que, si trabajamos juntos, podremos superarlos.
Quiero hacer un llamado a todos y todas las personas presentes: El país necesita que se sumen activamente a este proceso.
Señoras y señores,
Solo con la colaboración de todos podremos hacer realidad una justicia que garantice la dignidad de las personas, que refuerce la legitimidad y la confianza en nuestro sistema democrático, y que impulse el desarrollo de nuestra nación.
Concretar el ideal de justicia se nutre de las instituciones sociales, de la comunidad. Si la Justicia tiene que atender a los conflictos es porque antes estos se dan en entornos de la vida diaria. La violencia entonces, normalizada como forma de sobrevivir, encuentra en el Derecho un límite, que disuade el abuso y permite convivir de un modo más pleno.
Es en ese cambio de paradigma donde superamos una sociedad autoritaria, la cual suele alimentar el conflicto como modo de vida, para, en su lugar, fortalecer el sentido de justicia e inclusión que permite la estabilidad y la paz social para todos.
Invito a cada uno de ustedes a observar nuestros avances y nuestros tropiezos, a mirar de cerca y pasar revista de los compromisos que asumimos y de la forma en que la institución judicial los convierte en realidad. La justicia es un pilar fundamental de nuestra sociedad, y con el esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, estoy confiado seguiremos avanzando hacia un sistema judicial más justo y equitativo para todos y todas.
Seguiremos en esa ruta que marcan los libros de historia, el tránsito desde la opresión hacia el reconocimiento pleno de la libertad y la igualdad. Seguiremos construyendo una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas.
Hoy hemos estado en esta Feria del Libro de Historia del Archivo General de la Nación, dedicada a la Historia del Derecho dominicano, en honor a Wenceslao Vega. Estás palabras, bajo el título “La Justicia y el Derecho dominicano en el tiempo: tránsito del autoritarismo a la democracia” comparten una visión de lo que ha sido y será la justicia de nuestro país. Mañana estas palabras se condensarán en una nota de prensa que podría ser olvidada. Sin embargo, en el futuro estas palabras serán parte del valioso conocimiento que guarda este Archivo, permitiendo evaluar la estatura real de la evolución histórica de la Justicia dominicana y su mejora continua.
Que estas palabras no solo se registren en una nota de prensa efímera, sino que resuenen a lo largo del tiempo iluminando el camino hacia una justicia más fuerte y transparente para las generaciones venideras. Qué este archivo siga siendo un guardián del legado y la transformación de la justicia dominicana.
Muchas gracias.
