La gobernabilidad democrática del país, o la capacidad para alcanzar y poner en ejecución acuerdos viables para mantener la estabilidad económica, política y la cohesión institucional y social será sometida a pruebas muy difíciles en los años por venir.
Retos planteados por el incremento de la criminalidad, tanto la derivada del narcotráfico como del delito común; la emergencia de demandas y protestas por efecto de la insuficiencia de las políticas sociales y de la gestión de los servicios públicos; la pobreza de ingresos y por necesidades básicas insatisfechas que confronta un porcentaje importante de nuestra población; el desencanto de una buena proporción de los sectores medios urbanos y de la juventud en particular; el predominio de una cultura de la ilegalidad, de la impunidad y de la corrupción. Todos estos son factores que articulados con la deficiencia que presentan los actores políticos para devenir en interlocutores de las apelaciones de la sociedad, nos pueden colocar frente a crisis institucionales similares a las que consecutivamente fueron llevando a algunos de los países de la región a encrucijadas institucionales.
Reflexionemos sobre los grandes riesgos y amenazas que se ciernen sobre el futuro inmediato de nuestro país. Con humildad: retomemos el diálogo, busquemos soluciones, seamos creativos. No dejemos que esta democracia –que pese a todos sus déficits cuenta con innegables factores de avance para nuestra nación– muera en nuestras manos. Las oportunidades de relanzar los necesarios pactos sociales, políticos e institucionales están ahí, en los propios problemas que nos aquejan: lo que necesitamos son respuestas que de manera creativa den cuenta de las exigencias de equidad, competitividad y gobernabilidad. ¿Están estas necesidades entre las prioridades de la agenda nacional en construcción? Revisar lo que tenemos definido es tarea prioritaria, y de todos los actores de nuestra sociedad.
Publicado en Santo Domingo, fecha 9 de junio de 201, ver publicación en Perpectiva Ciudadana
