El Poder Ejecutivo ha anunciado una serie de medidas relativas al fortalecimiento y potenciación de la institucionalidad, el control del gasto estatal y la transparencia. En reconocimiento de esto he querido dedicar unas líneas a la temática, por la vital relevancia para la estructura de justicia. La función judicial tiene un papel central en la preservación y empuje de la institucionalidad democrática, dada su naturaleza relacionada con la concreción del régimen de consecuencias ante los límites legales constitucionales y la protección de los derechos de las personas.
Se han dado pasos importantes tanto en la Suprema Corte de Justicia elegida en 1997, como en el Consejo del Poder Judicial seleccionado en 2012, con relación a la mejora de los instrumentos éticos. El tema ha sido de gran interés, para muchos actores del sistema. Su impulso e impacto es una labor diaria que requiere del concurso de todas y todos.
El pasado año se dispuso el cese de reuniones de jueces y juezas con partes del proceso sin el conocimiento o la presencia de la contraparte.Reduciendo el margen a interpretaciones sobre la igualdad de las partes, o cuestionamientos de parcialidad presumible, de procesos prefabricados. Medidas como esa y otras que contemplan los planes de trabajo, fortalecen la investidura de los jueces y juezas, y animan el cuerpo institucional de la integridad.
Aunque el trabajo por la justicia se produce en el marco de la independencia funcional, la acción judicial no debe darse al margen de las necesarias garantías de transparencia y ética. La integridad es un eje central y transversal de la planificación del Poder Judicial dominicano. Y aunque la misma ha sido alterada por la pandemia, como señalaba el magistrado Francisco Jerez en días pasados, se han venido dando pasos para fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización, tanto de la operación (de manera integrada) como de las cuestiones éticas y funcionales de los tribunales, promoviendo incentivos positivos y disuasivos, que mejoren los indicadores de calidad y probidad en la judicatura.
La prevención y ataque de la corrupción requiere de un sistema que cuente con herramientas eficientes para lograr control de acciones ilícitas y antijurídicas. Esto es, lograr un marco institucional que permita anticipar, alertar, controlar y verificar las prácticas contrarias a la ley y que afectan el curso de los procesos en los tribunales. Las distorsiones al servicio de justicia y su buen funcionamiento, que de manera indeseable afectan a usuarios y usuarias.
Se espera (y es nuestro deber) que jueces y juezas actuemos y decidamos apegados al Derecho y sus fuentes. Y es esa la mayor garantía de integridad que se puede ofrecer. Por eso el Poder Judicial se ha comprometido a lograr la sensibilización efectiva de los servidores sobre el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, para potenciar su cumplimiento en el trabajo diario. Sobre todo, asegurar que sea del modo más eficaz y eficiente posible.
Los esfuerzos del Poder Judicial dominicano en la materia van en la dirección de implementar un Plan de Prevención y Sanción de las conductas no íntegras, basado en un sistema de gestión de riesgos que posibilite la detección temprana y evitar actos corruptos. Para esto, se ha construido un mapa de riesgo mediante indicadores sociales, económicos y el comportamiento institucional de los jueces, juezas y servidores judiciales y administrativos, para determinar actos antijurídicos, fallas y debilidades. También el Comité de Comportamiento Ético, presidido por la consejera Nancy Salcedo que, junto a otros jueces y servidores reciben consultas sobre incompatibilidades, obsequios, participaciones en eventos y conocen casos relativos a la procedencia ética o consideraciones disciplinarias de actuaciones de magistradas, magistrados y cualquier personal del Poder Judicial.
Actualmente el Poder Judicial cuenta con un informe diagnóstico que ofrece una recopilación y análisis de las declaraciones juradas. Datos que han sido procesados como primer paso del referido Plan de prevención y sanción de conductas no íntegras. También hay un informe levantamiento sobre la materia especializada de violencia de género. Esto, sumado a los sistemas tradicionales de investigación y contraloría que han venido fortaleciéndose en rigor y capacidad en el último tramo. Utilizando la conocida Ley de Bendford, se han diseñado procedimientos y buenas prácticas adoptados para identificar y clasificar los riesgos operativos, éticos y disciplinarios estableciendo mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Todas estas acciones y proyectos se enmarcan en los Códigos de Ética Judicial Iberoamericano y local, que constituyen la piedra angular del sistema de integridad de la justicia. Sobre el particular, el pasado noviembre, fue premiado el interesante y valioso monográfico “El Principio de Honestidad Profesional en sus tres dimensiones: valor neurálgico para la consecución de una justicia sostenible” de autoría del magistrado Jorge Tomás Broun Isaac. Estos monográficos son evaluados por la Comisión Iberoamenricana de Ética Judicial, cuyo comisionado actual en el país es el magistrado Justiniano Montero Montero, Juez de la Primera Sala de la SCJ.
Como se ha indicado anteriormente, integridad institucional es un tema de primer orden para nuestro Poder Judicial. Lograr recuperar la confianza de la sociedad dominicana en la Justicia y sus servidores no es tarea fácil. Los jueces tomamos diariamente decisiones que afectan a muchos y a veces son impopulares, pues nos debemos al Derecho y a la interpretación de las leyes. Sin embargo, de la integridad en cada decisión y de la capacidad de comprobar la correcta aplicación de los principios y fuentes, resulta una relación de confianza saludable para el juego republicano. Es necesario valorar y respaldar toda iniciativa en procura de acentuar y fortalecer la institucionalidad democrática dominicana.
Efectivamente esas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo es el clamor de un pueblo que ahora más que nunca tiene la voluntad de vivir en un Estado de total transparencia.
Es loable el trabajo que viene haciendo el Poder Judicial para fortalecer la institucionalidad y que cada uno de los colaboradores tenga una actuación en todo momento apegada a la ética profesional. Todo servidor público tiene un compromiso social ya que nuestro comportamiento debe ser intachable, ya que la sociedad confía en nuestra honestidad, lealtad y transparencia.