Reciban nuestra más sincera felicitación y el reconocimiento de parte de una institución que comprende cuánto estudio, esfuerzo y responsabilidad exige el ejercicio de la función judicial.
Detrás de cada tribunal hay personas que necesitan apoyo para cumplir su deber y ciudadanos cuyo tiempo depende de nuestra capacidad de responder.
El juramento que acaban de prestar les confía autoridad sobre asuntos que afectan la libertad, el patrimonio y las relaciones entre las personas.
Ese compromiso encuentra su fundamento en la Constitución, las leyes y en una responsabilidad ética esencial: ejercer la autoridad judicial con independencia, preparación y respeto a quienes comparecen ante ustedes.
Cada decisión debe poder explicarse desde el derecho.
Este acto nos permite reconocer el trabajo constante de la judicatura y recordar que la responsabilidad que ustedes asumen también compromete a la institución que debe acompañarlos.
Desde 2019 hemos sostenido el propósito de enfrentar la mora judicial. Ustedes han revisado expedientes, reorganizado despachos e implementado nuevas formas de trabajar.
Durante la pandemia mantuvimos el servicio en circunstancias que exigieron adaptación y sacrificio.
Ese esfuerzo merece el reconocimiento de toda la sociedad por lo que pido para ustedes un fuerte aplauso.
Cada demora superada devuelve a alguien la posibilidad de tomar una decisión sobre su vida.
Ese es el sentido del trabajo realizado y la razón para perseverar.
En ese reconocimiento incluyo también a las secretarías, abogados ayudantes y personal de apoyo que acompañan a la judicatura.
Junto a la mora, han enfrentado otra exigencia: decidir casos sometidos a una intensa atención pública.
Supone un esfuerzo especial estudiar con serenidad un expediente mientras, fuera del tribunal, circulan opiniones que reclaman respuestas inmediatas.
Reconozco su valentía para ejercer esa función.
La independencia se demuestra al escuchar a las partes, valorar las pruebas y motivar la decisión, incluso cuando el resultado pueda ser impopular.
La crítica forma parte de la vida democrática. Corresponde recibirla con respeto y preservar la libertad de juzgar conforme a la Constitución y las leyes.
Ese cuidado debe alcanzar por igual a quien tiene presencia pública y a quien comparece sin que nadie conozca su nombre.
La igualdad ante la justicia se hace efectiva en el trato, en la atención y en las garantías que ofrecemos durante el proceso.
Esa independencia necesita también una carrera judicial que ofrezca certidumbre.
Durante estos años dimos pasos importantes para hacer más predecible y transparente la carrera judicial.
La implementación del modelo de escalafón permitió reconocer mejor la trayectoria de jueces y juezas, reducir espacios de discrecionalidad e identificar qué debemos preservar y qué debemos mejorar.
También mejoramos las condiciones salariales. A los ajustes realizados se sumó la movilidad salarial progresiva, que reconoció a 607 jueces y juezas con evaluaciones de excelencia durante tres años consecutivos.
Asimismo, la política de compensación variable por desempeño abrió otra vía para reconocer la dedicación sostenida.
Estos instrumentos deben seguir perfeccionándose para considerar las condiciones concretas de cada tribunal y premiar aquello que realmente importa: decisiones oportunas y calidad del servicio.
La evaluación del desempeño también fue modernizada, reduciendo componentes discrecionales y fortaleciendo criterios más objetivos.
La Escuela Nacional de la Judicatura ha acompañado este proceso mediante la formación continua para dirigir audiencias, fortalecer el razonamiento jurídico y atender adecuadamente a personas en condición de vulnerabilidad.
También se adoptaron medidas para fortalecer la seguridad social, incluyendo una inversión de 400 millones de pesos destinada a contribuir a la sostenibilidad del fondo de retiro de quienes sirven en este Poder del Estado.
El Código de Comportamiento Ético ofrece además una guía preventiva y consultiva frente a los dilemas propios de la función judicial.
En materia disciplinaria, hemos procurado fortalecer procedimientos que respeten el debido proceso y la independencia judicial.
Una denuncia debe ser examinada con diligencia, y quien la enfrenta debe conocer los hechos, poder ejercer su defensa y recibir una decisión motivada en un plazo razonable.
También hemos buscado reducir obstáculos en el trabajo cotidiano.
La firma digital ha facilitado la emisión de sentencias y reducido dependencias del traslado físico de documentos.
Su valor se concreta cuando una decisión llega antes a quien la espera.
Las mesas de gestión departamental del Plan Justicia del Futuro 2034 permitieron además acercar los problemas de los tribunales a quienes deben tomar decisiones administrativas.
Esa coordinación mejora la gobernanza y facilita que las necesidades del territorio reciban seguimiento.
Estos avances nos obligan también a completar las reformas pendientes.
Necesitamos un escalafón judicial objetivo, permanente y transparente, basado en mérito, capacidad y esfuerzo.
Sus criterios deben ser públicos, verificables y ofrecer certeza sobre las posibilidades de desarrollo profesional.
Quien sirve con integridad, se prepara y cumple sus responsabilidades debe saber cómo será reconocida su trayectoria.
Esa certeza protege la independencia y permite construir un proyecto de vida dentro de la judicatura.
También necesitamos una Ley Orgánica que articule de manera coherente la organización del Poder Judicial, su gobernanza y la carrera judicial.
Debemos avanzar igualmente hacia una distribución más equitativa de la carga laboral, tomando en cuenta la cantidad y complejidad de los asuntos, el personal disponible y las condiciones de cada jurisdicción.
La exigencia de resultados debe corresponderse con los medios para alcanzarlos.
Esto incluye garantizar el descanso de jueces y juezas mediante una adecuada planificación de turnos, suplencias y apoyos.
Cuidar a quienes juzgan también protege a las personas que esperan justicia.
Las herramientas digitales pueden ayudarnos a liberar tiempo para esa tarea.
Debemos intensificar el uso ético de la inteligencia artificial en labores de apoyo, como organizar información, identificar precedentes o preparar insumos para revisión.
Ya contamos con una experiencia concreta: en las solicitudes de prescripción de multas de tránsito, la combinación de automatización, intercambio de información e inteligencia artificial redujo de 21 a 3 días el tiempo de gestión y emisión de sentencias.
Ese resultado demuestra que podemos hacer más sencillos y rápidos determinados procesos, siempre bajo evaluación y supervisión judicial.
Toda aplicación tecnológica debe proteger los datos, permitir verificar sus resultados y preservar las garantías procesales.
Lo que nunca cambiará es que cada decisión constituye una responsabilidad exclusiva y consciente del juez.
Magistradas y magistrados:
El Plan Justicia del Futuro 2034 nos convoca a dar continuidad a este esfuerzo.
Su cumplimiento dependerá de nuestra capacidad de convertir las reformas en mejores condiciones de trabajo y en respuestas concretas para las personas.
Cuando regresen a sus tribunales, encontrarán nuevamente expedientes, audiencias, decisiones difíciles y personas esperando una respuesta.
Detrás de cada expediente hay una vida que no puede quedar suspendida indefinidamente.
Que el juramento que hoy han prestado renueve en ustedes esa conciencia: ejercer su autoridad con independencia, escuchar con atención, decidir conforme al derecho y recordar siempre la dignidad de la persona que espera justicia.
La institución, por su parte, tiene el deber de reconocer su mérito, cuidar las condiciones en que trabajan y darles las herramientas necesarias para cumplir esa misión.
Reciban nuestra felicitación.
Sigamos construyendo una justicia que responda a tiempo, trate a todos con igualdad y preserve, en cada decisión, la dignidad y la libertad de las personas.
