Conferencia: "Desafíos de la transformación digital y del desarrollo institucional del Poder Judicial"
La institucionalidad es, en términos muy concretos, el sistema operativo sobre el cual funcionan los negocios, las inversiones y los proyectos de vida.
Cuando ese sistema es confiable, permite que las cosas fluyan, que sucedan. Sin embargo, cuando es lento, presenta fallas, se congela o se vuelve impredecible, el desarrollo simplemente se detiene.
SALUTACIONES
¡Muy buenas tardes!
Saludo al señor Boris De León Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), un joven con una trayectoria destacada, y agradezco su compromiso al encabezar este valioso espacio de diálogo, tan oportuno como necesario.
Extiendo mi saludo a laMagistrada Yeny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República.
Lo mismo que a los ministros:
De justicia, Antoliano Peralta y de Energía y Minas, Joel Santos.
Un saludo especial a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.
Extiendo mis salutaciones a los líderes del sector empresarial y de la sociedad civil, docentes, representantes de los medios de comunicación y todas las personas que nos acompañan en esta jornada.
Gracias por estar aquí.
INTRODUCCIÓN
A una generación acostumbrada a la rapidez de lo digital y a la eficiencia de plataformas privadas, le resulta difícil comprender por qué las instituciones del Estado no siempre operan con la misma agilidad.
Y reconozco que esa inquietud, además de comprensible, es legítima y necesaria.
Durante décadas, destacados economistas han advertido cómo las instituciones deficientes (extractivas) pueden condenar a los países al estancamiento y a la desigualdad.
Richard Wagner (Chief justice de Canadá) advierte que las democracias son más frágiles de lo que solemos creer. El año pasado el 68% de los países retrocedieron en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
Esto significa que el Estado de Derecho no es una conquista definitiva. Es una construcción diaria.
En la República Dominicana hay ejemplos que demuestran que es posible corregir el rumbo, transitando de la debilidad institucional hacia la construcción de un Estado más eficiente y confiable.
Estamos convencidos de que, en ese proceso, el Poder Judicial constituye un pilar fundamental del progreso nacional.
El presente nos coloca ante un gran desafío para la vida institucional: actualizar el Sistema Operativo, por lo que es comprensible la sensación de incertidumbre.
Pero no es la primera vez que la humanidad siente miedo (vértigo) ante el cambio. Durante la Revolución Industrial, pensadores y trabajadores temían que la máquina de vapor trajera desempleo masivo y crisis económica perpetua.
La encrucijada contemporánea, entre otros factores, nos enfrenta a la irrupción de la inteligencia artificial, a la urgencia de la transición energética, a las tensiones geopolíticas y al cambio climático.
Y dado que salimos airosos en el pasado, estoy seguro de que superaremos estos retos. Pero para eso es necesario ver los cambios y las nuevas tecnologías como oportunidades, como herramientas que debemos gobernar con ética y visión.
Eso es, justamente, lo que hemos venido haciendo en el Poder Judicial desde 2019. Por eso, para entender la magnitud de los desafíos actuales, lo primero es ser honestos sobre nuestro punto de partida.
CONTEXTO: LA REALIDAD EN 2019
Hace ya casi siete años, encontramos un sistema judicial en estado delicado. Según el Latinobarómetro, apenas un 21% de nuestra población confiaba en la justicia y retrocedíamos 5 puntos en el índice de estado de derecho del World Justice Project.
El principal problema era la mora judicial: en la Suprema Corte de Justicia, nueve de cada diez casos tardaban más de un año en resolverse, y encontramos expedientes esperando decisión desde 1982.
La medición del desempeño de los tribunales tardaba dos años en poder consolidarse, por lo que no era posible determinar su estado con exactitud.
Todo funcionaba en papel y la gestión se soportaba en sistemas informáticos desconectados, sin estándares y con diferencias, incluso entre tribunales de la misma categoría y materia.
La burocracia devoraba los derechos de la gente y frenaba la competitividad de las empresas. Ese fue el diagnóstico que nos obligó a replantear cómo se prestaba el servicio.
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: HACIA LA TRANSPARENCIA
Por, eso impulsamos una transformación digital con un fin institucional claro: reducir la discrecionalidad administrativa, aumentar la transparencia y eficientizar los procesos internos.
No se trata de modernizar por moda. La digitalización del servicio, la puesta a disposición de plataformas como justicia.gob.do y la implementación de la firma digital, están cambiando el juego:
Un expediente digital no se "pierde".
Un expediente digital no se traspapela.
Un expediente digital tiene trazabilidad.
Esto ataca directamente la corrupción y la ineficiencia. Y es un aliado vital para el emprendimiento y las MIPYMES.
Para una pequeña empresa o un emprendedor, la burocracia lenta es una sentencia de muerte. Así que, al digitalizar, democratizamos el acceso a la justicia.
Una justicia digital es una justicia auditable, que libera al juez de la burocracia administrativa para que pueda concentrarse en lo que realmente importa: fallar con calidad y a tiempo.
EFICIENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Sé que para ustedes, jóvenes empresarios, la relación con el Estado es vital. Por eso hemos logrado un avance que impacta directamente su operación: la eficiencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Para nadie es un secreto que antes, los litigios contra la administración pública parecían eternos, afectando el flujo de caja y la planificación fiscal de las empresas. Esa incertidumbre era un impuesto oculto a la inversión.
Hoy, gracias a la Ley de Casación y a la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, estamos reduciendo drásticamente esos tiempos. Como ejemplo, la Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia falla sus casos en 6 meses en promedio.
Una justicia administrativa ágil, garantiza que el Estado cumpla la ley, protegiendo al contribuyente y al emprendedor de arbitrariedades. Las inversiones en energías renovables y los proyectos de infraestructura verde, por ejemplo, requieren seguridad jurídica a largo plazo, no incertidumbre.
Y esto es pura seguridad jurídica: el Estado sometido a la legalidad con tiempos de respuesta eficientes.
PREVISIBILIDAD Y DATA
Sabemos que la información es poder y el mundo de los negocios no es la excepción. Por eso pusimos en marcha la JURISTECA y el Observatorio del Poder Judicial.
Ya no tienen que depender de rumores sobre "qué opina un tribunal". Ahora tienen acceso a más de 400,000 decisiones en línea. Esto les permite analizar tendencias, predecir resultados y tomar decisiones de negocios basadas en data real.
Esto profesionaliza el ejercicio del derecho y otorga previsibilidad a la gestión empresarial. Pasamos de la "lotería judicial" a la certeza jurídica.
RESULTADOS DE IMPACTO Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Esta transformación no es retórica, los datos la avalan.
Hemos eliminado la mora judicial histórica en la Suprema Corte: el 90% de los casos se resuelve en un año o menos.
Fuimos el país que más avanzó en el mundo en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, subiendo 11 posiciones en un solo año.
Y según Latinobarómetro, duplicamos los niveles de confianza en el Poder Judicial.
La República Dominicana fue el país que más avanzó en todo el mundo (11 posiciones en 2025 y 20 posiciones desde 2019). Estamos demostrando que se puede corregir el rumbo hacia la eficiencia.
República Dominicana está pasando de ser un país con instituciones débiles a convertirse en un referente regional de reforma judicial. Esto mejora el riesgo país y valida el esfuerzo colectivo de nuestra sociedad.
EL DESAFÍO: JUSTICIA DEL FUTURO 2034
Sin embargo, no somos triunfalistas. Reconocemos que faltan retos por superar. La ejecución de la justicia penal y la mejora continua en la duración de los casos siguen siendo prioridades.
Pero la justicia no la hacen solo los jueces. Necesitamos de su corresponsabilidad:
Con la promoción y uso de métodos alternos. El arbitraje y la mediación deben ser la primera opción para descongestionar el sistema.
Fomentemos la Ética Corporativa. El “compliance” debe ser el estándar de esta nueva generación empresarial.
Y, por último, nunca dejemos de innovar. Colaboren con soluciones “LegalTech” que nos ayuden a ser más interoperables. Para esto cuenten con nuestro apoyo.
Vemos en el futuro a una justicia en la que los contratos inteligentes se realizan desde plataformas interoperables con todas las agencias del Estado, y los pocos casos que se judicialicen serán resueltos en un año o menos, incluyendo la fase recursiva.
Es una justicia a la que todos tendrán acceso, 100% gratuita, intuitiva, pero, sobre todo, humana.
COMPROMISO COMPARTIDO
La institucionalidad es un activo económico tangible que debemos cuidar juntos.
Nuestro norte está definido en el Plan Justicia del Futuro 2034. No es un plan para la próxima elección, es un plan para la próxima generación —la de ustedes—.
Jóvenes empresarios, queridos emprendedores: ustedes no son SÓLO el futuro ¡Son el presente exigente que nos obliga a mejorar!
Sigamos construyendo una justicia que piensa, una economía que confía y una ciudadanía que participa.
Una República Dominicana donde la justicia garantice la dignidad, la libertad y el desarrollo de toda su gente.
Esta transformación sólo es posible si sector público y privado unen esfuerzos. Divididos somos débiles ¡Juntos podemos lograrlo!
Muchas gracias.
