La semana pasada escribimos sobre el proceso de preparación del Plan Decenal por Escenarios 2025–2034. Fue importante explicar cómo lo construimos, porque dice mucho de quiénes somos como institución: una organización que escucha, que contrasta la intuición con los datos y que se deja interpelar por la ciudadanía. Hoy quiero detenerme en otra dimensión igualmente relevante: qué significa este plan, cuál es su alcance real y qué queremos lograr con él.
Un plan decenal es una decisión política e institucional de largo aliento. Es la forma en que el Poder Judicial, como órgano del Estado, le dice al país: “sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué riesgos enfrentamos y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de prepararnos para ellos”. No se trata de “adivinar” el futuro, sino de organizar mejor nuestro presente para que la justicia siga siendo un pilar de libertad, igualdad, solidaridad y dignidad para las personas .
El Plan Decenal por Escenarios nace de una convicción muy simple, pero muy exigente: no podemos improvisar el futuro de la justicia. La República Dominicana vive un proceso de transformación acelerada: crecimiento económico sostenido, urbanización intensa, expansión del acceso a internet, pero también desigualdades persistentes, informalidad laboral y nuevas formas de criminalidad que cruzan fronteras físicas y digitales. En ese contexto, el Poder Judicial no puede limitarse a reaccionar caso por caso. Tiene que anticiparse.
Por eso este plan parte de un análisis serio de la situación actual: cómo se organiza el sistema judicial, cuántos asuntos ingresan, cuánto duran los procesos, en qué jurisdicciones se acumulan más casos, cuál es la disponibilidad de jueces, cómo está distribuida la infraestructura, qué percibe la ciudadanía sobre nuestro desempeño y qué dicen los indicadores internacionales sobre el estado de derecho en el país.
Ese diagnóstico no es un ejercicio académico; es el punto de partida para tomar decisiones de gestión, de inversión y de reforma normativa.
Pero el plan no se queda en la fotografía del presente. Introduce un elemento que considero esencial: la planificación por escenarios. En lugar de suponer que el entorno será estable, nos preguntamos: ¿qué podría pasar en la República Dominicana en los próximos diez años? ¿Qué pasaría si el país profundiza reformas estructurales? ¿O si entra en una etapa de piloto automático, con avances parciales pero sin cambios de fondo? ¿Qué ocurriría si las tensiones sociales se agudizan o si la región vive un cambio geopolítico que nos impacta directamente?
Estos cuatro escenarios no son ni utopías ni catástrofes imaginarias. Son futuros plausibles, construidos por un grupo plural de 38 personas de la empresa, la política, la sociedad civil, la academia, el sistema de justicia y otras instituciones, que se sentaron a pensar juntos qué podría ocurrir en el país entre 2025 y 2034. A partir de ahí, sometimos nuestro plan a una verdadera “prueba de estrés”: ¿aguanta este plan en cada uno de esos escenarios? ¿Qué riesgos aparecerían? ¿Qué oportunidades podría aprovechar el Poder Judicial? Esa reflexión nos permitió ajustar metas, definir indicadores de alerta y, sobre todo, prepararnos para actuar con agilidad ante cambios bruscos.
Ahora bien, ¿qué queremos lograr concretamente con este plan? La respuesta está organizada en tres grandes ejes estratégicos, que son, en el fondo, tres formas complementarias de cuidar a las personas: hacer la justicia más ágil, más accesible y más abierta .
0% mora
Aquí concentramos todas las iniciativas que apuntan a que los procesos no se eternicen, que las decisiones se tomen dentro de plazos razonables y que las sentencias se ejecuten. Hablamos de optimizar procesos, digitalizar trámites, mejorar sistemas de notificación, reforzar la ejecución de decisiones y diseñar planes de contingencia para manejar la carga judicial. La meta es muy clara: que el 90% de los asuntos se fallen en menos de seis meses y que la mora deje de ser un rasgo estructural de nuestro sistema, para convertirse en una anomalía que identificamos y corregimos a tiempo.
Una justicia ágil no es un capricho administrativo. Para quien espera la resolución de un conflicto familiar, laboral o penal, el tiempo es parte de la justicia. Cada día que se retrasa una decisión es un día más de incertidumbre, de angustia, de inseguridad jurídica. Aspirar a “cero mora” es, en última instancia, una forma de respeto a la dignidad de las personas.
100% acceso
El segundo eje parte de una pregunta muy sencilla: ¿de qué sirve una justicia moderna si muchas personas ni siquiera pueden llegar a ella? Aquí se concentran las estrategias para eliminar barreras económicas, geográficas, tecnológicas y culturales. El plan contempla ampliar el uso de medios digitales para la atención, mejorar los centros de servicio a usuarios, asegurar que los edificios judiciales sean accesibles para personas con discapacidad, construir ciudades judiciales modernas y promover mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación .
El objetivo es que todas las personas, especialmente las que están en situación de vulnerabilidad, encuentren en el sistema de justicia una puerta abierta, no un muro. Eso implica revisar cómo atendemos, cómo informamos, cómo acompañamos, y también cómo escuchamos los reclamos de quienes sienten que el sistema les resulta lejano o incomprensible.
100% transparencia
El tercer eje reconoce que la confianza no se decreta; se gana. Y se gana con hechos, con datos disponibles, con rendición de cuentas y con cercanía. Aquí se ubican los esfuerzos para consolidar la justicia abierta: fortalecer la ética y la integridad, publicar información completa en el portal de transparencia, poner a disposición las decisiones judiciales de vocación pública en línea, potenciar el Observatorio Judicial y avanzar en una estrategia robusta de datos abiertos y comunicación clara.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo funciona el Poder Judicial, qué resultados obtiene, cómo se utilizan los recursos públicos y qué avances logramos en materia de independencia, probidad y respeto a los derechos fundamentales. Una justicia abierta no solo mejora la percepción externa; también obliga a la institución a ser coherente consigo misma.
Otro aspecto fundamental de este plan es su estructura temporal y su sistema de seguimiento. No se trata de un listado de buenas intenciones, sino de un conjunto de objetivos, resultados clave e indicadores, organizados en tres períodos: 2025–2028, 2029–2031 y 2032–2034 . Cada etapa tendrá evaluaciones intermedias (en 2028 y 2031) y una evaluación final en 2034, con énfasis en la resiliencia institucional y en la capacidad de adaptación. Es, en este sentido, un plan vivo, con metas medibles y con capacidad de aprender.
Hemos definido indicadores alineados con nuestro propio Manual de Indicadores de Gestión, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es casual: queremos que el desempeño del Poder Judicial pueda medirse con estándares reconocidos, que se compare, que se someta al escrutinio público y que sirva como base para la mejora continua.
Este enfoque exige una gobernanza clara del plan. Por eso se ha previsto un modelo que articula los niveles estratégico, táctico y operativo; un grupo de trabajo interinstitucional sobre escenarios y futuro judicial; una mesa de proyectos prioritarios y un Comité Nacional de Escenarios del Futuro RD, con participación de diversos sectores, para mantener vivo el diálogo y la actualización de los escenarios construidos. La idea es simple: si el entorno cambia, el plan también debe tener capacidad de ajustarse, sin perder su orientación central.
Otro aspecto a destacar es que este Plan Decenal debería ayudar a la República Dominicana a consolidar su espacio de liderazgo regional en la promoción del Estado de derecho
En los últimos años, la República Dominicana ha mejorado de manera constante su desempeño en el Índice de Estado de Derecho, avanzando posiciones en el ranking global y regional, con buenos resultados en gobierno abierto y derechos fundamentales, y desafíos aún pendientes en justicia civil, aplicación de normas y seguridad. También ha incrementado la confianza ciudadana en el Poder Judicial, según mediciones regionales como Latinobarómetro, situándose por encima de varios países comparables .
No partimos de cero. El país fue sede, en 2025, de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que dio lugar a la Declaración de Santo Domingo sobre Justicia, Libertad, Igualdad y Dignidad en Iberoamérica, un hito para la cooperación regional en materia de justicia . El Plan Decenal se nutre de ese contexto y, al mismo tiempo, lo proyecta hacia adelante: queremos que el Poder Judicial dominicano siga siendo un referente.
La Justicia del Futuro 2034 quiere dialogar con el mundo, aportar experiencias y recibir insumos que enriquezcan nuestro propio camino.
En lo personal, entiendo este plan como una gran oportunidad para seguir honrando la misión que la Constitución nos encomienda: administrar justicia para resolver conflictos, proteger derechos y fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Pero también lo veo como una invitación. Una invitación a jueces, servidores, abogados, estudiantes, académicos, organizaciones sociales y ciudadanía en general a acompañar este proceso, a vigilarlo, a alimentarlo con crítica y con propuestas.
Ese es, en definitiva, el alcance más profundo de este plan: poner al Poder Judicial en movimiento, con horizonte, con método y con esperanza, para que al llegar a 2034 podamos decir, con serenidad y con evidencia, que la justicia en la República Dominicana es más ágil, más accesible, más abierta y más digna para todos y todas.
Los invito a visitar el sitio web Justicia del Futuro 2034 https://www.justiciadelfuturo2034.do/
Publicado en Acento
Un plan para la próxima década: qué queremos lograr con la Justicia del Futuro 2034
