Conversatorio: “Justicia, inversión pública y dignidad de las personas”
LA JUSTICIA COMO INVERSIÓN PÚBLICA Y BIEN DEMOCRÁTICO
- Agradezco a la Cámara de Cuentas y a su Escuela por abrir este espacio de diálogo interinstitucional y la oportunidad de realizar un intercambio tan necesario en un Estado democrático.
- La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública son esenciales para la legitimidad de un estado de derecho.
- En este sentido, el Poder Judicial también es parte esencial de la arquitectura de la inversión pública. No como un gasto, sino como una inversión social que genera confianza, aporta a la convivencia, la seguridad jurídica y el desarrollo humano.
- Hoy vengo a compartir cómo la justicia dominicana ha avanzado en una transformación sustentada en tres elementos:
- Eficiencia en el uso de los recursos públicos,
- Impacto directo en la vida de las personas, y
- Legitimidad democrática basada en resultados y transparencia.
I. EL SENTIDO DE LA INVERSIÓN EN JUSTICIA: DE LO PÚBLICO A LO HUMANO
- En la historia del país, la inversión en justicia ha sido vista muchas veces como un gasto inerte.
Hoy hemos demostrado que invertir en justicia es invertir en dignidad, en productividad y en democracia.
- Cada peso destinado al sistema judicial tiene un retorno social:
- Reduce la mora y acelera la solución de conflictos.
- Aumenta la confianza de los inversionistas.
- Mejora la convivencia social.
- Fortalece la credibilidad institucional.
- Pero el retorno más profundo es ético y humano: que contemos con una justicia eficiente devuelve tiempo, esperanza y sentido de equidad a la ciudadanía.
- La justicia es una forma de inversión moral del Estado: convierte recursos públicos en derechos efectivos.
II. EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN Y RENDICIÓN
- En el Poder Judicial concebimos el presupuesto como una herramienta de gestión estratégica, no como un formulario contable.
- El plan estratégico que aplicamos desde 2020 y el Plan Justicia del Futuro 2034 marcan una ruta de largo plazo, vinculada a objetivos medibles: justicia al día, accesible, confiable e íntegra.
- Hemos desarrollado una metodología de planificación por resultados que conecta el uso de los fondos públicos con indicadores de desempeño.
- La transparencia es una decisión política y ética.
- Hoy, 100 % de las compras y contrataciones del Poder Judicial son públicas y trazables.
- Los datos de gestión presupuestaria están disponibles para la ciudadanía.
- Cada proyecto de inversión (infraestructura, digitalización, capacitación) responde a una lógica de impacto y no de gasto.
- Esa coherencia ha permitido construir confianza con el Ministerio de Hacienda, el Congreso y sobre todo con la sociedad, que cada día aumenta su comprensión del sistema.
III. LAS OBRAS COMO HORIZONTE DE DIGNIDAD: LAS CIUDADES JUDICIALES
- La inversión en infraestructura judicial es material, pero también es simbólica y cultural.
- Las Ciudades Judiciales y los modelos de circuito representan una nueva forma de pensar la justicia:
- Espacios integrados donde los servicios convergen.
- Entornos seguros, accesibles y dignos para usuarios y servidores.
- Arquitectura que comunica respeto, igualdad y servicio.
- El Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, por ejemplo, es más que una obra de concreto, es una declaración de principios: que la justicia dominicana debe servir con cercanía, eficiencia y humanidad considerando la dignidad de las personas y la relevancia del rol judicial.
- Cada ciudad judicial reduce los costos operativos y mejora los tiempos de atención, demostrando que la inversión pública en justicia tiene rentabilidad social directa.
- Cuando el ciudadano entra a un tribunal limpio, organizado y funcional, se traduce en confianza en el Estado.
IV. LA MUDANZA DIGITAL: EFICIENCIA Y HUMANIZACIÓN
- La transformación digital del Poder Judicial es un ejercicio de eficiencia pública y tiene resultados tangibles.
- En su primera fase:
- Más del 90 % de los trámites se realizan en línea.
- Se han habilitado plataformas de audiencias virtuales y registros electrónicos.
- Más de 23 000 usuarios se han registrado en la plataforma de Acceso Digital.
- Pero la tecnología digital no se adopta para acelerar el ritmo del rendimiento, sino para liberar tiempo y pensamiento judicial.
El propósito no es producir más, sino que jueces y juezas puedan pensar fuera de la presión de la carga acumulada para actuar y decidir mejor.
- La digitalidad reduce burocracia y devuelve humanidad: permite que los jueces dediquen más tiempo a escuchar, reflexionar y decidir con serenidad y sapiencia.
- Una justicia que queremos es oportuna y consciente. Cumple los plazos al tiempo que pone a la persona en el centro.
V. TRANSPARENCIA Y CONFIANZA COMO RENTABILIDAD DEMOCRÁTICA
- La Cámara de Cuentas y el Poder Judicial comparten una misión común: garantizar que el dinero público se traduzca en confianza pública.
- Vivimos tiempos convulsos. La desconfianza y la incertidumbre erosiona las instituciones y derechos en todo el mundo.
- En una sociedad marcada por la desconfianza, la rendición de cuentas no solo fiscaliza, reconstruye vínculos entre Estado y ciudadanía.
- En el caso del Poder Judicial dominicano, la transparencia ha sido el puente entre la legitimidad y la transformación:
- Todos los informes financieros son públicos.
- Los datos de desempeño institucional se actualizan y auditan regularmente.
- Se promueve una cultura de integridad basada en el mérito, la ética y la rendición de cuentas interna.
- La justicia no puede ser una caja negra: debe ser totalmente abierta y cercana con la gente.
LA INVERSIÓN EN JUSTICIA COMO TAREA ÉTICA Y NACIONAL
- La justicia es un servicio central: es el alma del Estado.
- Cada tribunal que se moderniza, cada expediente que se digitaliza, cada servidor que se capacita es una inversión en el futuro de la República.
- La rentabilidad mayor es la de la confianza recuperada.
- Cuando el ciudadano cree en su justicia, el país avanza.
- Cuando el servidor público actúa con ética, la democracia florece.
- Este encuentro entre la Cámara de Cuentas y el Poder Judicial es un signo de madurez institucional, de reconocimiento mutuo y de compromiso con un mismo fin: que el uso de los recursos públicos se traduzca en justicia y dignidad para todos.
