La pasada semana tuvimos una entrevista especial en el Caribe-CDN para hablar sobre el presente y el futuro de la justicia dominicana. Siempre hemos pensado que la transformación judicial no se logra solo con tecnología, sino también con diálogo y rendición de cuentas.
Por eso, para el Poder Judicial es clave poder hablar con la prensa y otros muchos sectores sociales, explicarse, responder preguntas y construir confianza pública, incluso (y sobre todo) cuando hay críticas.
En ese espacio abordamos lo que se ha logrado, lo que falta por hacer y, sobre todo, el compromiso colectivo que nos anima: consolidar una justicia más oportuna, profesional, accesible y centrada en la dignidad de las personas.
Lo primero que destacamos es que los jueces y actores del sistema de justicia han asumido, con responsabilidad, el reto de transformar el modo en que se administra justicia. Esa transformación no es solo tecnológica; es también cultural. Se ha avanzado en la digitalización total de expedientes, resoluciones y comunicaciones; en la eliminación de la mora judicial en órganos clave como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Administrativo; y en el diseño de protocolos más humanos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
Como explicamos, reducir la mora ha sido una meta prioritaria. Hoy podemos decir que la Suprema pasó de tener más de 9,000 casos pendientes a no tener ninguno en atraso. El TSA, que arrastraba expedientes de hasta 10 años, ya no tiene casos con más de un año de antigüedad. Se trata de un cambio estructural que no podría haberse alcanzado sin la profesionalización de nuestros jueces, el uso eficiente de los medios digitales y la convicción de que el acceso a la justicia no debe esperar.
En la entrevista, también hablamos de los desafíos pendientes. Sabemos que en jurisdicciones como el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega, aún se registran los mayores niveles de atraso. Estas demarcaciones concentran el 60 % de la carga de trabajo judicial y, por tanto, requieren medidas específicas para seguir avanzando.
En materia penal, insistimos en que es posible y necesario un cambio cultural. Cada año entran unos 30,000 casos penales al sistema, pero por actuaciones procesales, esa cifra se multiplica hasta llegar a 200,000. Muchas de esas causas podrían acelerarse mediante acuerdos. Esto no significa impunidad, sino una justicia más racional, eficiente y centrada en lo verdaderamente importante. Estamos trabajando con el Ministerio Público y la Defensa Pública para establecer metas de acuerdos y sistemas de monitoreo que nos permitan hacer realidad esa visión.
Durante el conversatorio también se abordaron los desafíos y avances en la implementación del sistema electrónico del Poder Judicial, incluyendo la recepción digital de documentos, la fijación automatizada de audiencias y el uso de plataformas para audiencias virtuales.
Como explicamos, aunque al inicio hubo resistencia de jueces y abogados, el proceso ha evolucionado positivamente gracias al acompañamiento institucional, con acceso a internet garantizado en sedes judiciales y apoyo técnico para facilitar la adaptación.
Esta transformación digital permitió resolver casos de más de 20 años, eliminar trámites lentos y mejorar significativamente los tiempos de respuesta. Hoy los expedientes están disponibles en línea para revisión simultánea por todos los jueces, lo que reduce la congestión y mejora la eficiencia.
También se conversó sobre los planes de contingencia ante fallas externas de conectividad, como la ocurrida recientemente con un proveedor de internet. Es una preocupación razonable a la que damos respuesta, la red tiene una cobertura del 98 % y durante esa incidencia se respondió de inmediato, reprogramando todas las audiencias afectadas. Esta capacidad de respuesta evidencia que la transformación digital no solo requiere tecnología, sino también gestión del cambio y compromiso con los usuarios.
También reafirmamos nuestro respeto por la división de poderes. La discusión sobre el Código Penal corresponde al Congreso Nacional, y como Poder Judicial, nuestra responsabilidad es aplicar con rigor y justicia la norma que se apruebe.
En el ámbito civil e inmobiliario, reconocimos que aún hay trámites que deben ser repensados. No tiene sentido que una persona tenga que trasladarse físicamente para algo tan simple como una comunicación de documentos. La Suprema ya utiliza medios digitales y resuelve en cámara de consejo; ese es el camino que debemos seguir expandiendo.
Hablamos, además, de la infraestructura. Aunque el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es antiguo, no hay informe técnico que indique riesgo de vulnerabilidad estructural. Aun así, seguimos realizando adecuaciones donde se detectan que sean necesarias, para garantizar condiciones seguras y funcionales.
La entrevista también tocó temas institucionales. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encuentra evaluando a jueces cuyos períodos vencen este año, y está cumpliendo su función constitucional. Este proceso fortalece el sistema de justicia y demuestra que nuestras instituciones funcionan. En ese marco, destaqué la importancia de que el proceso sea transparente, motivado y objetivo. Más allá de cualquier aspecto personal, lo esencial es que este esfuerzo no se detenga: se trata de una responsabilidad colectiva que me honra acompañar y que debe mantenerse como compromiso institucional.
Hoy más que nunca, tenemos claro que la justicia no se transforma solo con decretos o discursos. Se transforma con trabajo conjunto, con vocación de servicio, con escucha activa y con la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. Por eso insisto: lo importante es que este proceso no se detenga, que se mantenga la convicción de que una justicia humana, oportuna y transparente es posible y necesaria.
Seguimos.
.
Publicado en El Caribe.
Mira la entrevista completa.
